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Economía

Asamblea propone que cooperativas se transformen en bancos. ¿Cuáles son las más fuertes y grandes del país?

La Ley de Integridad Pública propone que algunas cooperativas se transformen en bancos. Esto podría afectar a las entidades más grandes.

Imagen referencial de la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo, en reunión con representantes de cooperativas, 7 de mayo de 2025

Imagen referencial de la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo, en reunión con representantes de cooperativas, 7 de mayo de 2025

- Foto

Cuenta X de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Autor:

Evelyn Tapia

Actualizada:

24 jun 2025 - 18:19

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En Ecuador existen 398 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas del sector financiero, popular y solidario, con activos que suman USD 29.137 millones a abril de 2025; esto equivale a casi el 30% del Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB).

Se trata de una cifra un poco mayor frente a los activos de los nueve bancos medianos de Ecuador, que sumaron USD 21.925 millones en activos en abril de 2025. De hecho, hay algunas cooperativas que tienen activos mayores a los de algunos bancos medianos.

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El crecimiento del sector de las cooperativas ha sido importante en los últimos 10 años, pese a los altibajos de la economía ecuatoriana. 

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Por ejemplo, en abril de 2015, los activos de las cooperativas eran de USD 7.476 millones. Esto significa que sus activos se han multiplicado por cuatro en una década.

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Así también en una década, la cartera de crédito de las cooperativas pasó de USD 5.885 millones a USD 19.391 millones. Y los depósitos pasaron de USD 5.807 millones  a USD 24.061 millones en ese mismo período.

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Se trata de montos mayores a los que manejan los nueve bancos privados medianos del país. A abril de 2025, este segmento de la banca tenía una cartera de créditos de USD 15.119 millones y depósitos por USD 16.527 millones.

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Así las cuentas, hoy el sector de las cooperativas tiene un peso importante en el sector financiero y atiende a 6,1 millones de socios.

¿Qué plantea la Ley de Integridad Pública?

En este escenario, la Asamblea aprobó, la noche del 24 de junio, en la ley de Integridad Pública, que propone que algunas cooperativas se transformen en bancos privados. ¿El argumento?

La ley establece, en la disposición transitoria décima primera, que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá tres meses para emitir regulaciones que permitan identificar a las cooperativas que deben transformarse en bancos, previa realización de un análisis de interconexión y riesgo sistémico. 

El plazo comienza a contar desde que se instale esa nueva junta, que también crea la Ley.

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"Con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera", dice el texto.

Sin embargo, el gremio de cooperativas Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) sostiene que no hay un argumento claro ni válido para forzar a las cooperativas a transformarse en entidades con un modelo de negocio totalmente distinto.

Margarita Hernández, exsuperintendenta de la Economía Popular y Solidaria, dice que es peligroso y podría causar incertidumbre la idea de que el cambio es para "proteger los ahorros de la ciudadanía", pues se estaría insinuando que el modelo de las cooperativas no es capaz de cumplir con esa finalidad. 

Y, las cifras de crecimiento y eficiencia del sector, demuestran lo contrario, añade Hernández.

¿Qué cambiaría si las cooperativas se transforman?

A diferencia de los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador están conformadas por socios, que son considerados dueños de la cooperativa y, simultáneamente, usuarios de sus servicios. 

Una característica clave en el modelo de las cooperativas es que sus socios tienen voto sin importar el capital aportado, dice Edgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse). Y hay cooperativas con alrededor de 500.000 socios.

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En la banca privada, en cambio, los accionistas que aportan más son los que tienen mayor poder de decisión.

Otro elemento es que, aunque las cooperativas reportan ganancias por sus actividades, estas se reinvierten o capitalizan para el fortalecimiento de la institución; es decir, no se dividen, como ocurre con los bancos privados, que reparten ganancias a los accionistas.

Eso ha permitido que las cooperativas tengan recursos para desplegar puntos de atención en zonas rurales, pequeñas comunidades indígenas o en zonas periféricas de las ciudades, que es un nicho distinto al de la banca privada, dice Peñaherrera.

Estas características clave no tienen nada que ver con el tamaño de las entidades, dice el vocero de Asofipse.

"El cooperativismo no nació para ser pequeño, nació para, asociativamente, resolver los problemas de las personas, sacarlas de la pobreza y generar riqueza entre todos", añade Peñaherrera.

"El cooperativismo no es de tamaños, es identidad, de asociatividad, de trabajar en conjunto con unos principios y valores comunes"

Edgar Peñaherrera

Hernández dice que lo que más preocupa es cómo se logrará que los cientos de miles de socios de las cooperativas, que tienen derecho a participar de sus órganos de administración y vigilancia, pasen a ser accionistas de un eventual nuevo banco.

Tampoco se sabe cómo se logrará que conserven el derecho que adquirieron de tener voz y voto sin importar su monto de aporte al patrimonio de la entidad, menciona Hernández.

Tres meses es muy poco tiempo para hacer todos los cambios regulatorios que permitan un cambio tan profundo, añade la exsuperintendenta.

¿Qué cooperativas que podrían pasar a ser bancos?

La exsuperintendenta de la Economía Popular y Solidaria explica que el artículo propone el cambio de las cooperativas luego de un  análisis "de interconexión y riesgo sistémico".

La interconexión se refiere qué tanto están relacionadas entre sí unas entidades con otras en el sistema, explica Hernández. 

Y en este caso, las cooperativas con más interconexión son las cooperativas medianas, pues en ellas participan muchas entidades mucho más pequeñas para ofrecer, por ejemplo, servicios de cajeros automáticos o tarjetas de débito y crédito, dice Hernández.

Se consideran medianas las cooperativas del segmento 2 (con activos mayores a USD 20 millones y hasta USD 80 millones) y las del segmento 3 (con activos mayores a USD 5 millones y hasta USD 20 millones).

En el segmento 2 hay 64 cooperativas y en el segmento 3 hay 97 entidades.

En cambio, cuando se habla de riesgo sistémico se hace referencia a que, por su condición financiera, por ejemplo, su tamaño, si ocurre algo que afecte sus actividades, esto podría comprometer no solo su situación y su sostenibilidad, sino también la de otras entidades y así entraría en riesgo el sistema financiero en general, explica la exsuperintendenta.

Y en el segmento 1 están las 44 cooperativas más grandes del país, con activos de más de USD 80 millones. 

Hasta mayo de 2025, hay 10 cooperativas con activos de USD 705 millones o más. 

La más grande es la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista Limitada (JEP), con activos de USD 3.678 millones. Le sigue la Cooperativa Jardín Azuayo, con activos por USD 1.924 millones.

Hernández destaca que las cooperativas más grandes, precisamente por su tamaño han sido las que han tenido normalmente muchos más controles. 

Hernández recuerda que durante su administración se creó un subsegmento donde se agrupó a las 13 cooperativas más grandes o llamadas "sistémicas". Esas cooperativas tenían un tratamiento especial en cuanto a controles y seguimiento.

"Había reuniones más periódicas, procesos especiales de supervisión, acompañamiento específico, reuniones especiales con el organismo de control y con otras entidades. Nunca se exacerbó el riesgo en función de la naturaleza de las entidades", reconoce Hernández.

Asofipse sostiene que la propuesta es inconstitucional y contraviene también lo que dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero, por eso, pedirá al Presidente Daniel Noboa que aplique el veto para que no entre en vigencia este cambio.

"No hay una directriz clara que defina qué es un riesgo sistémico, se deja libre albedrío para que el día de mañana alguna autoridad pueda definir qué es riesgo sistémico con una visión subjetiva y después venga otra autoridad y diga otra cosa sobre el riesgo sistémico", dice Peñaherrera.

Nota actualizada a las 22:08, del 24 de junio de 2025, con la aprobación de la Ley de Integridad Pública en la Asamblea Nacional.

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