Ley de Integridad Pública permite cambiar el monto de indemnización por despido de empleados públicos

En Ecuador existen 490.496 servidores públicos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ese sector de la fuerza laboral entró en tensión respecto a su futuro, por las recientes medidas que el Gobierno de Daniel Noboa ha tomado con la entrada en vigor de reformas como las incluidas en la Ley de Integridad Pública.

El gasto en sueldos de servidores públicos que representará unos USD 9.700 millones en 2025. Esto equivale a casi nueve puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.

Aunque el 73% del presupuesto para sueldos se destina a empleados públicos de sectores clave como los ministerios de Salud, Educación y Defensa, además de la Policía Nacional, el Gobierno podría tener leves ahorros reduciendo empleados en otras entidades a través de supresión de partidas o de puestos de trabajo.

Esto, debido a que la nueva Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, reforma el monto de compensación que el Estado debe pagar cuando desvincula a empleados públicos por el mecanismo supresión de puestos.

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¿Cuándo puede el Gobierno aplicar una supresión de puestos?

Según la Ley de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), el proceso de supresión de puestos debe ser por razones técnicas, funcionales y económicas de los organismos estatales. Además, la norma dice que se realizará con la intervención de los Ministerios de Trabajo, Finanzas y la institución objeto de la supresión de puestos.

La ley aclara que la supresión de puesto implica la eliminación de la partida respectiva y la prohibición de crearla nuevamente durante dos años, salvo casos debidamente justificados mediante el respectivo informe técnico de la unidad de administración de talento humano. 

Además, la entidad que suprima partidas no podrá celebrar contratos ocasionales en el ejercicio fiscal en curso para puestos de la misma denominación.

¿Qué cambia en las indemnizaciones con la nueva ley?

Antes, la Losep decía que el monto de la indemnización por supresión de partidas sería según lo dispuesto en el artículo 129 de este mismo cuerpo legal; esto es, cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, contados a partir del quinto año de trabajo del empleado. 

Por ejemplo, si la persona empezó a trabajar en 2015, los años que le contarán para pagar la indemnización comienzan desde 2020.

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El tope máximo de esta indemnización según ese artículo era de 150 salarios básicos unificados (USD 70.500 con el salario de 2025).

Pero ahora, la nueva Ley de Integridad Pública dice que el monto de la indemnización por supresión de puestos será definido en el Reglamento de esta Ley.

Esto significa que el Ejecutivo podría establecer un nuevo monto de indemnización o nuevas fórmulas de cálculo de manera discrecional a través del reglamento de la Losep, explica la abogada laboral María Auxiliadora Fabre.

Según Fabre, si el Gobierno reduce los montos de indemnización en el reglamento, eso podría considerarse una regresión de derechos laborales y estaría incumpliendo lo que dispone la Constitución.

Cita que la Constitución establece en el artículo 11.8 que "será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”.

"Por lo tanto, si hay una reducción del monto indemnizatorio respecto al estándar legal previo, se estaría atentando contra este principio", añade Fabre.

La especialista explica que cuando reglamentos o normas secundarias contradicen la ley en materia laboral debe aplicarse siempre lo más favorable al trabajador, según la Constitución.

"Además, las reglas secundarias, como reglamentos, no pueden ser usadas para disminuir derechos establecidos por la Losep. Los servidores afectados podrían impugnar el reglamento apelando al principio de no regresividad y al principio general laboral a favor del servidor", añade Fabre.

La nueva Ley no establece el plazo para que el Ejecutivo emita la reforma al Reglamento de la Losep en el que se definan los nuevos montos.

Gobierno busca optimizar el gasto en salarios públicos

El economista Hanns Soledispa, director de la firma de investigaciones Exponential Research, considera que este cambio normativo es un pequeño paso en la dirección correcta, pues el Presupuesto del Estado no cuenta con suficientes recursos para seguir sosteniendo una abultada nómina en el sector público que cada año aumenta.

Soledispa explica que los altos montos por indemnizaciones que se deben pagar por supresión de puestos en el sector público han sido una gran traba para la optimización del tamaño del Estado.

Por eso, dice, esta reforma que abre la puerta para reducir el monto de indemnizaciones podría ser el primer paso para que más adelante el Gobierno cierre o fusione de entidades públicas para reducir el tamaño del Estado, sin tener que pagar sumas muy elevadas, agrega Soledispa.

Debido a lo costoso de la supresión de puestos en los últimos años ha sido bajo el monto destinado a esto.

De hecho, en 2024 no hubo supresión de puestos según datos del Ministerio de Finanzas. Para 2025, el presupuesto destinado para supresión de puestos es de apenas USD 279.475.

En contraste, en 2020, durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Lenín Moreno hizo una de las mayores supresiones de puestos, para lo que el Estado destinó USD 159 millones en indemnizaciones.