La argentina Pampa no desiste del arbitraje, pese a que Ecuador le devolvió USD 84 millones en garantías por OCP
Ecuador ya devolvió USD 84 millones en garantías por el Oleoducto de Crudos Pesados, pero la petrolera argentina Pampa Energía mantiene un arbitraje internacional abierto.

Estación de bombeo Amazonas de OCP, el 13 de noviembre de 2024.
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Cortesía OCP
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Aunque Ecuador ya devolvió USD 84 millones en garantías por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la petrolera argentina Pampa Energía, que era la operadora del ducto hasta el 30 de noviembre de 2024, mantiene abierto el arbitraje internacional que planteó al Estado ecuatoriano.
Las garantías son montos de dinero respaldados por un banco que funcionan como una especie de seguro a favor del Estado. Su objetivo es cubrir eventuales incumplimientos del contrato o posibles daños, por ejemplo ambientales u operativos. Si esos riesgos no se materializan, el dinero debe devolverse a la empresa cuando termina el contrato.
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El origen de la disputa entre Pampa y Ecuador
El contrato de concesión del OCP estuvo vigente durante 20 años. El 1 de diciembre de 2024, la empresa argentina, que mantenía a esa fecha la totalidad de las acciones de este oleoducto, transfirió al Estado ecuatoriano toda la infraestructura, sin costo, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar el acuerdo de operación.
De acuerdo con Pampa Energía, esa transferencia implicaba que las garantías —una para cubrir posibles daños operativos y otra ambiental— quedaran sin efecto a partir del 1 de marzo de 2025, con el correspondiente reembolso del dinero a la compañía. Sin embargo, la devolución no se concretó en la fecha prevista.
Surgen reclamos del Estado ecuatoriano
Citibank Ecuador, banco emisor de las garantías, se negó inicialmente a liberar las garantías para devolver el dinero a Pampa, alegando el incumplimiento de ciertos requisitos formales.
En paralelo, según reportes financieros de Pampa, desde febrero de 2025 el Gobierno ecuatoriano comenzó a presentar reclamos contra Pampa por supuestos daños indemnizables por alrededor de USD 50 millones a esa fecha.
Pero la empresa sostuvo en ese entonces que esos reclamos de Ecuador no tienen sustento técnico ni jurídico.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, señala que esos reclamos podrían estar relacionados con posibles demandas ambientales de comunidades por derrames ocurridos durante la operación del oleoducto.
Otro reclamo tendría que ver, añade, con preocupaciones sobre el reemplazo emergente que hizo Pampa de un tramo de OCP en la provincia de Napo.
Y es que la erosión del río Coca obligó a hacer variantes emergentes del oleoducto, pero se hicieron con tubería de menor diámetro, lo que, según el Estado, restaría capacidad de operación al ducto.
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Según Washington Andrade, abogado patrocinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, también hay pasivos laborales pendientes por utilidades no pagadas a trabajadores y extrabajadores de OCP.
El arbitraje internacional
Ante la falta de liberación de las garantías, Pampa inició en mayo de 2025 un arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial.
En ese proceso, la empresa sostiene que no existían causales legales para ejecutar o retener las garantías.
Pero el 28 de octubre de 2025, el Estado ecuatoriano notificó formalmente a Citibank Ecuador que las garantías habían expirado y ordenó su liberación. El proceso se concretó el 3 de noviembre de 2025.
Como resultado, Pampa Energía incorporó USD 84 millones a su caja y redujo su ratio de endeudamiento neto a 1,1 veces, según su informe financiero del tercer trimestre de 2025.
El arbitraje sigue abierto
Pese a la devolución de las garantías, el arbitraje no ha sido cerrado, lo que llevaría a pensar que hay otros reclamos pendientes de Pampa.
De acuerdo con la información pública del Ciadi, el caso continúa en trámite y, en septiembre de 2025, el tribunal arbitral emitió la Orden Procesal N.º 1, que establece las reglas del proceso, incluidos plazos, presentación de escritos y audiencias.
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