Con menos ingresos petroleros, ¿necesitará el Gobierno de Noboa más recaudación de impuestos en 2026?
El 31 de octubre vence el plazo para la proforma 2026, que ya no incluirá los USD 330 millones del aporte temporal de empresas para seguridad que se cobró en 2025.

Imagen referencial de la agencia del SRI en la Plataforma Financiera en el norte de Quito, julio de 2025.
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PRIMICIAS.
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El Ministerio de Finanzas espera cerrar 2025 con unos USD 16.538 millones por ingresos tributarios en el Presupuesto del Estado; es decir, por los impuestos pagados por los ecuatorianos.
De ese monto, hasta octubre de 2025 el Presupuesto del Estado ya ha recibido el 88%, con lo que lo más seguro es que no haya complicaciones para alcanzar esa meta.
¿Pero qué pasará en 2026? Está previsto que hasta el 31 de octubre de 2025, el Ministerio de Finanzas presente a la Asamblea la proforma para el Presupuesto del Estado del próximo año. Es decir, el documento que delinea como gastará los recursos públicos el Estado.
Entre los desafíos está que, en 2026, el Gobierno de Daniel Noboa ya no contará con las medidas temporales que impulsaron la recaudación en 2024 y 2025.
Esto ocurre justo cuando el Presupuesto del Estado necesitará más recursos para compensar la caída prevista de los ingresos petroleros, advierte el economista Santiago García.
Las proyecciones del Ministerio de Finanzas y del mercado internacional apuntan a un precio del crudo a la baja el próximo año.
Además, en 2026 el Gobierno de Noboa debe seguir cerrando pozos petroleros en el bloque ITT por lo dispuesto en la consulta popular de 2023, por lo que también se espera una producción de crudo más baja que la de 2025.
Eso sin contar con los constantes riesgos de interrupciones en el funcionamiento de los oleoductos de crudo, por el fenómeno de la erosión regresiva del Río Coca, que podría perjudicar las exportaciones de esta materia prima, como ya ocurrió en 2025.
¿Cuál es el escenario de ingresos para 2026?
García agrega que un punto a favor es que la eliminación del subsidio al diésel le permitirá al Gobierno tener más ingresos el próximo año.
En los últimos tres años, el monto promedio destinado a subsidiar el diésel ha sido de unos USD 1.300 millones al año. Sin embargo, García cree que esos recursos no serán suficientes.
Y es que una parte de esos recursos ya estarán comprometidos, en una parte del año, a pago de compensaciones a transportistas. Además, el Gobierno sigue ofreciendo nuevos bonos y compensaciones que incrementarán el gasto, tras el fin del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
García añade que otro punto a favor será que la economía en 2026 podría crecer alrededor de 2%, con lo que también se esperaría algo más de dinamismo en las ventas y, por lo tanto, habría también un incremento en la recaudación de impuestos como el IVA.
Juan Carlos Salvador, economista, añade que, por otro lado, un grave problema es que cada año existe una sobreestimación de ingresos.
Por ejemplo, en presupuestos anteriores se ha esperado ingresos por venta de activos o concesiones petroleras como el campo petrolero Sacha o por la renegociación de la concesión de los contratos con las telefónicas., pero no se ha concretado.
Lo anterior ha obligado a tomar medidas cortoplacistas, como "impuestos y tasas temporales", dice Salvador.
Y, llenar ese espacio será un importante desafío en 2026, pues el Gobierno ya no contará, por ejemplo, con la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), por la que el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha recaudado USD 330 millones hasta septiembre de 2025.
Se trata de un impuesto temporal que el Gobierno de Noboa creó en 2024, en medio de la declaratoria de conflicto armado interno, que se cargó a las empresas con utilidades. Este impuesto se debía pagar solo en 2024 y 2025.

Gobierno ya no contará con remisión de deudas tributarias
En 2026 el Gobierno tampoco contará con ingresos tributarios adicionales por remisión o condonación de intereses multas y recargos a deudores del SRI. Ya en 2024 hubo una remisión, que le dejó al Presupuesto unos USD 560 millones adicionales en ingresos.
En 2025 también hubo una condonación tributaria, pero quedó "a medias".
Con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, el 26 de junio de 2025, comenzó una nueva condonación de este tipo, a la que, según el SRI, se podrían acoger unos 80.000 contribuyentes. El entonces director del SRI, Damián Larco, dijo que se esperaban ingresos adicionales por unos USD 100 millones con esa medida.
La remisión, no obstante, se suspendió luego de que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, el 26 de septiembre.
¿Cuánto se recaudó en casi dos meses por esta medida?
PRIMICIAS consultó al SRI cuántas personas se acogieron a esa condonación y el monto que esto representó, pero la entidad todavía no ha respondido.
No obstante, según el abogado del Grupo Noboa, Fernando Yávar, alrededor de 100.000 contribuyentes se acogieron a esa condonación.
Yávar dio esa cifra durante varias entrevistas en medios de comunicación, ya que Exportadora Bananera Noboa, de la familia del Presidente de la República, fue una de las empresas que se beneficiaron de la condonación, antes de que la Ley de Integridad Pública se derogue. Con eso, más unos juicios que fueron archivados, la deuda de la Exportadora Noboa quedó en cero dólares, de un monto inicial de USD 93 millones (capital más intereses).
¿Qué medidas puede tomar el Gobierno?
Salvador explica que una de las medidas que puede tomar el Gobierno es reducir el gasto tributario; es decir, las exoneraciones de impuestos que otorga el Estado a ciertos grupos, "sin tocar la devolución del IVA a grupos vulnerables", añade.
García coincide y añade que hay espacio para reducir las exoneraciones de impuestos que reciben, por ejemplo, las empresas en Impuesto a la Renta.
Además, García menciona que es necesario analizar si las empresas han cumplido con los compromisos que hicieron para recibir esos beneficios, como aumento de contrataciones o mayores inversiones.
Aunque en teoría, se espera una reforma tributaria con cambios en el gasto tributario, como se menciona en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Noboa no ha mencionado si lo hará y en qué fecha.
Por ahora, una de las más recientes medidas tributarias tomadas por el Gobierno es el cobro de un anticipo por las utilidades no repartidas por las empresas a sus accionistas, incluido en la Ley de Transparencia Social. Aunque el SRI no ha comunicado cuánto se espera recaudar con esta decisión.
El 27 de octubre de 2025, el Gobierno emitió el reglamento de la Ley, con lo que ya está vigente la medida.
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