¿Qué dice el reglamento a la Ley de Alivio Financiero y cómo aplicar para manejar sus deudas?

La Ley establece la condonación del 100% de los intereses y multas por tributos que recauda la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y por el Servicio Público para Accidentes de Tránsito (SPPAT). 

El Reglamento dice que la ANT generará los valores por incumplimientos de pagos por fecha debida, recargos, costas y todos los accesorios derivados de sus tributos sin recargo hasta el 30 de junio de 2025.

Vencido ese plazo, la ANT activará los recargos correspondientes que la ley determina para los contribuyentes que no cumplan con sus pagos.

Además,  el pago de los intereses por mora, multas por incumplimiento en las fechas de pago debidas, recargos, citaciones de tránsito pendientes de pago o la firma de un convenio de pago no será requisito para la obtención y renovación de licencias y matrículas. Esto también se aplica hasta el 30 de junio de 2025.

Para aplicar a este beneficio, los contribuyentes deben cancelar el 30% de sus obligaciones pendientes hasta el 30 de junio.

Los ciudadanos que tengan obligaciones vencidas (en etapa administrativa de cobro, coactiva o en convenio de pago) a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) podrán beneficiarse del proceso de remisión.

Los interesados en acogerse a este beneficio, deberán presentar una solicitud por escrito en un tiempo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia de esta Ley, es decir, desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 9 de junio de 2025.

Una vez, resuelta favorablemente la solicitud de remisión, los beneficiarios gozarán del plazo de doce 12 meses de gracia; tiempo en el cual no se generarán intereses o recargos de ningún tipo. Los beneficiarios pueden ser:

• El deudor principal;
• El codeudor;
• El o los garantes;
• El o los responsables solidarios; y/o,
• Los representantes legales y/o apoderados de los mencionados en los numerales precedentes

Las personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras podrán pedir la condonación de la totalidad de la deuda, capital, intereses de mora, multas y recargos derivados de las obligaciones de crédito educativo en estado activo, vencido, en convenio de pago o que se encuentre en proceso coactivo.

En el término de 10 días desde la publicación del Reglamento, la Senescyt emitirá los lineamientos correspondientes para la suscripción de convenios de pago en el siguiente orden: 

• a) Con los beneficiarios de la remisión, sobre lo adeudado, proveniente del proceso administrativo de cobro en lo relacionado al crédito educativo y becas. 
• b) Para las operaciones de crédito, becas y ayudas económicas que, a la entrada en vigencia de la Ley se encontraban en un proceso de remisión de intereses y suspendido su proceso administrativo de cobro.
• c) Para las operaciones de crédito educativo vencidas, que fueron otorgadas a través de la banca con fondos públicos y se encuentran administradas por el Banco del Pacífico S.A., o la entidad que llegare a subrogar sus derechos, obligaciones y acciones.
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 También hay beneficios tributarios para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), emprendimientos y unidades productivas artesanales.

Las entidades financieras coordinarán la reprogramación de obligaciones de las Mipymes, emprendimientos y unidades artesanales, que se hayan visto afectadas por la crisis energética; para lo cual, emitirán la normativa secundaria que corresponda.

Quienes deseen acceder a esos beneficios deberán estar inscritos en los registros públicos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tales como: Registro Único de MIPYMES (RUM), Registro Único Artesanal (RUA) y Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), según las disposiciones establecidas en la ley.

Para los contribuyentes que formaron parte del segmento RIMPE - negocio popular, el Servicio de Rentas Internas (SRI), registrará en sus bases de datos la extinción de las obligaciones tributarias (declaración y pago) correspondientes al impuesto a la renta de los ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023.

Los tributos deben estar en mora por un año o más. La condonación aplicará siempre que este valor total no supere un salario básico unificado del trabajador en general, y siempre que se demuestre que la administración tributaria ha efectuado alguna acción de cobro o acción coactiva sobre dichos valores.

Este beneficio se aplica para los empleadores que no hayan despedido entre octubre y diciembre de 2024. Siempre y cuando, los trabajadores hayan permanecido bajo las mismas condiciones remunerativas de su vinculación laboral.

Para identificar el porcentaje de crédito tributario aplicable, se entenderá que los ingresos de un contribuyente son similares entre un periodo y otro, si son hasta un diez (10%) mayores o menores con relación al año de referencia; fuera de este rango, los ingresos se reputarán mayores o menores según corresponda.

Los deudores deberán presentar una solicitud formal, con la petición de acogerse a la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos. Una vez aprobada la solicitud, se suspenderán los procesos coactivos que se hayan iniciado en contra de los deudores que se acojan a la remisión.

Para el pago del saldo de capital, las entidades del sector financiero público emitirán las disposiciones normativas y administrativas específicas, a fin de que los deudores cumplan con dicho pago, considerando parámetros de monto y plazo.

Para las deudas bancarias y en cooperativas, la Ley establece que las entidades "podrán" establecer programas de diferimiento extraordinario y temporal de las obligaciones financieras. Es decir, la ley no obliga a las entidades a otorgar alivios, sino que los deja a su consideración.

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El Reglamento dice que en el término de 10 días, contado a partir de su publicación en el Registro Oficial, las entidades del sector financiero, público, privado y popular y solidario, además de las instituciones previstas en la ley, adecuarán la normativa para cumplir las disposiciones establecidas en la ley.

También en el término de 10 días desde la publicación de Reglamento, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) dictará la normativa interna pertinente para la aplicación de los mecanismos de alivio financiero contemplados en la ley.

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El reglamento a la Ley se puede revisar en este enlace.