Sindicato del IESS: Estas son las irregularidades que asambleístas del Azuay presentarán a la Fiscalía

Una de las conclusiones del informe es que el sindicato cobró a trabajadores del Hospital José Carrasco Arteaga del IESS por dos capacitaciones anuales, como requisito para ascender de escalafón.

Sin embargo, el pago de las capacitaciones era depositado en cuentas de servidores particulares y no en la cuenta del sindicato, explicó el asambleísta Leonardo Berrezueta, en una rueda de prensa, en Azuay.

Según un memorándum presentado por el gerente general del hospital,  Olmedo Fernando León Andrade al sindicato, no existen registros de estas capacitaciones, cobradas a trabajadores del régimen del Código del Trabajo. Solo hay registros de talleres impartidos por el área talento humano, que no eran considerados para ascensos ni para movimientos administrativos.

"La gran conclusión es que hay un presunto delito de estafa y abuso de confianza al realizar cursos que la gente no necesitaba hacer para un escalafón", señaló Berrezueta.

Además, según la investigación de los asambleístas, no ocurrían tales ascensos luego de realizados los cursos, solo había un incremento en la remuneración.

Por otro lado, una de las entidades que impartía los cursos es una universidad de Colombia, cuyos estudios no tienen validez jurídica en Ecuador.

El sindicato también tenía un convenio con la Universidad Católica de Cuenca, que apenas cobraba el 20% del precio que se cobraba a los trabajadores por los cursos; el resto iba al sindicato, añadió el asambleísta Adrián Castro.

Según el informe preliminar de los asambleístas del Azuay, el hospital José Carrasco Arteaga del IESS, en Cuenca, firmó al menos cinco convenios con diversas empresas y personas, para "aparentemente evadir procesos de contratación pública y facilitar contrataciones 'a dedo". 

Estos serían los convenios mencionados: 

1. Convenio de cooperación para la colocación de expendedoras automáticas de alimentos, recargas de energía de dispositivos móviles y conexión a internet en las instalaciones del hospital, suscrito con la firma JPP Vending Company S.A.S., cuya única accionista es Ángelica Terreros Argudo, hija de Rosa Argudo. 

2. Convenio firmado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP, para el funcionamiento del cajero automático en el hospital.

3. Convenio con la CB Cooperativa, también para la colocación de un cajero automático. 

4. Convenio de cooperación interinstitucional entre el hospital y la Asociación de Recicladores AREV, Empresa Pública Municipal de Aseo Cuenca (EMAC) y la Fundación Alianza para el Desarrollo. 

5. Acuerdo de cooperación entre el hospital y el ciudadano Gonzalo Fernando Ríos Izquierdo, para el uso de espacio físico para la ubicación de un contenedor. 

El informe preliminar de los asambleístas del Azuay también menciona un presunto delito de enriquecimiento ilícito, detrás de la compraventa del hotel San Antonio, en Cuenca. 

Lo anterior, debido a que este inmueble fue comprado en 2006 por Abel Darío Terreros Ortiz, esposo de Rosa Argudo, secretaria general del Sinduoiess y de la Cetoss, por un precio de USD 102.700.

Luego, en marzo de 2018, el esposo de Rosa Argudo vendió el inmueble a José Cordero Guerrero, quien reporta como profesión chofer profesional, por un valor de USD 600.000, casi seis veces más su valor original.

Y, apenas dos meses después, el 18 de mayo de 2018, Cordero Guerrero vendió, a su vez, ese hotel a la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss), por un valor de USD 750.000. Es decir, obtuvo una ganancia de USD 150.000 respecto del supuesto valor en que compró el inmueble.

El legislador Adrián Castro explicó en la presentación del informe que también hay un edificio, que es parte del hotel San Antonio y está a nombre del esposo de Argudo, con un avalúo de USD 1 millón. 

"Tanto Argudo como otros sindicalistas no llegaron a ganar más de USD 1.250, con eso es humanamente imposible acumular esa clase de patrimonio", dijo Castro.

Según los legisladores, la Contraloría ya ha iniciado acciones de control sobre las declaraciones patrimoniales de sindicalistas del IESS. 

La asambleísta Sofía Sánchez mencionó que no solo Argudo "ha hecho del IESS un negocio propio", sino también otros dos sindicalistas: Virgilio Aníbal Suárez, un técnico de mantenimiento del IESS, y Oswaldo Germán Calahorrano Mora, chofer de la entidad.

Ambos ingresaron a laborar al IESS en 1989, al igual que Argudo, y según la investigación de los asambleístas del Azuay, tendrían distintos familiares trabajando en el Seguro Social. 

Suárez habría incrementado considerablemente su patrimonio, y además tendría familiares trabajando en entidades del IESS, en Loja y Azuay. En el informe se menciona que, al menos, su hija y su nuera laboran en la entidad. 

Por su parte, Calahorrano, tendría 23 familiares laborando en el IESS, aseguró la asambleísta Sánchez. 

La legisladora explicó que Argudo giraba cheques por alrededor de USD 5.000 al mes, desde la cuenta del sindicato para estos dos sindicalistas. "Ellos también deben ser incluidos en esta investigación", recalcó Sánchez.