¿Cuál es la empresa china que tiene más áreas concesionadas de minería de oro en Napo?

La minería a pequeña escala predomina en la provincia amazónica de Napo, en donde el Gobierno de Daniel Noboa suspendió esta actividad extractiva desde el 2 de febrero de 2026, al reconocer que existe contaminación en los ríos y actividades de explotación ilegal.   

Cuando el Gobierno anunció la noticia, el Ministerio de Energía dijo que en Napo el problema es que un minero pequeño o artesanal presta o cede su concesión a otras personas. Al final, varias personas explotan la mina con un solo permiso, lo que termina siendo una ventana para la minería ilegal.

Pero, según información del catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), recopilada por el colectivo Napo Ama la Vida, en la provincia solo hay concesiones de pequeña minería, no de minería artesanal.

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Pero que la minería en Napo sea principalmente de pequeña escala no reduce el problema de contaminación y extracción ilegal de oro en pequeñas extensiones de territorio, dice el colectivo Napo Ama La Vida.

Según el catastro minero, las 146 concesiones de pequeña minería de oro en Napo ocupan 31.521 hectáreas de la provincia; esto equivale a unas 44.000 canchas de fútbol profesional.

De hecho, el colectivo denuncia que hay concesiones en donde habitan comunidades indígenas a las que no se les había informado de la entrega de los territorios a empresas privadas; es el caso de la comunidad Serena, en la parroquia Talag, de Tena.

No obstante, el Gobierno informó el 11 de febrero que en Napo solo hay 43 concesiones de pequeña minería metálica "inscritas", pero no ha dado más detalles de por qué los datos no coinciden con los del catastro minero.

¿Por qué se considera pequeña minería?

En Ecuador todo depende de la cantidad de material que se presume se puede extraer de una concesión, no de la dimensión del terreno, dice el abogado experto en minería Andrés Ycaza.

Así, para que una concesión se considere de pequeña minería en Ecuador, la ley dice que debe extraerse máximo hasta 300 toneladas al día, si se trata de minería subterránea; hasta 1.000 toneladas al día, si es a cielo abierto y hasta 1.500 metros cúbicos al día si se trata de minería aluvial.

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Además, la ley permite que las empresas que tienen concesiones de pequeña minería hagan exploraciones y, a la par, exploten el oro que vaya encontrando, añade Ycaza.

En contraste, en el régimen de mediana y gran escala, las empresas deben terminar la exploración inicial y avanzada, para recién obtener los permisos para construir una mina y explotar el oro.

Para los colectivos que se oponen a la minería en la zona, esto ha abierto la puerta para que mineros ilegales paguen un alquiler para entrar y explotar oro en concesiones formales. 

En la zona se presumen dos mecanismos de "alquiler". Uno es que los mineros ilegales pagan una cuota a los habitantes de las fincas, comunidades y caseríos asentados sobre las concesiones, que aceptan el dinero para dejarlos pasar a los puntos donde hay oro. 

Otro mecanismo que denuncian en la zona es que hay concesionarios que permiten el acceso de los ilegales a cambio de dinero y, luego de un tiempo, recién hacen las denuncias a la autoridad.

Terraearth es la empresa con más territorio concesionado

Por eso, en Napo hay concesiones que tienen miles de hectáreas y aún así se consideran de pequeña minería. 

Y la empresa que tiene más territorio concesionado para minería de pequeña escala es la empresa de capitales chinos Terraearth Resources, con seis concesiones que suman 10.900 hectáreas. Esto equivale a 175 veces el parque La Carolina, en Quito.

La empresa fue creada en 2001, pero su nombre en ese entonces era RBBPACAY Río Verde y su objeto social era brindar servicios de asesoría legal, tributaria y financiera.

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Para 2004, la empresa pasó a llamarse Merendon de Ecuador, con capitales canadienses, y cambió su objeto social a la actividad minera en todas sus etapas. 

Finalmente, en 2011 el nombre de la empresa quedó en Terraearth. Y, en la actualidad, cuenta con dos accionistas chinos: Peng Yongming, accionista mayoritario y Wang Ye. 

El capital de la empresa a la fecha es de USD 580.000. Y aunque reporta ingresos por USD 2,3 millones en 2024 y USD 5,9 millones en activos, solo tiene dos empleados.

En 2024, la empresa reporta una declaración de Impuesto a la Renta de USD 25.894, pero el año en el que más declaró fue 2020, como muestra la gráfica:

Hay denuncias de contaminación y minería ilegal

Según el catastro minero, la empresa tiene dos proyectos mineros, ambos, con denuncias de pobladores y colectivos por contaminación de ríos y minería ilegal. 

El primero es el proyecto Tena, en Puerto Napo, conformado por las concesiones: Icho, la más grande, con 3.665 hectáreas; Confluencia; Talag y Anzu Norte.

Y el segundo es el proyecto Siguacocha, formado por las concesiones Vista Anzu y Regina 1S, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

Pero el que ha tenido más problemas, y el más grande, es el proyecto Tena.

Aunque los nombres de las cuatro concesiones del proyecto Tena no son muy conocidos, fue en esta zona en donde el Gobierno de Guillermo Lasso realizó el mega operativo Manatí, en febrero de 2022. 

El el operativo fueron desalojados unos 700 mineros ilegales que llevaban meses explotando oro en las orillas del río Yutzupino. Por eso el caso se conoció como "Yutzupino". 

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¿Pero qué pasó luego del mega operativo Manatí?

Según Napo Ama la Vida, luego del operativo los mineros ilegales se dispersaron por todo Napo, en pequeños frentes que se mueven constantemente para burlar los controles. 

Las 143 excavadoras incautadas siguen abandonadas en la cabecera cantonal de Tena y no hay sentenciados todavía.

Por otro lado, la empresa retomó actividades hasta mayo de 2025, cuando, tras una denuncia en la red social X, la ministra de Energía, Inés Manzano, informó que suspendió la licencia ambiental a Terraearth Resources por contaminación ambiental.

Según el Gobierno, la decisión se basó en informes del Ministerio del Ambiente que evidenciaron incumplimientos a la normativa ambiental, al plan de manejo aprobado y a la licencia ambiental.

PRIMICIAS consultó al Ministerio de Ambiente y Energía sobre las medidas de reparación que tomó Terraearth tras la suspensión. Estamos a la espera de la respuesta.

Además, PRIMICIAS intentó contactarse con Terraearth, pero no hubo respuesta.