Así vive Napo, la capital nacional del rafting, golpeada por la minería ilegal en las orillas de sus ríos
El Gobierno suspendió las actividades de minería en Napo, pues reconoció que hay contaminación. El Colectivo Napo Ama la Vida calcula que hay 120 frentes de minería ilegal.
Una familia navega en el río Puní, en la comunidad de Capirona, cantón Arosemena Tola, en Napo, 15 de enero de 2026.
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PRIMICIAS.
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Redacción Primicias
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Este 2 de febrero de 2026 el Gobierno de Daniel Noboa suspendió las actividades mineras en Napo, sin anunciar fecha de reinicio, debido a la existencia de contaminación ambiental y ante la presencia de minería ilegal que estaría produciendo afectación a esta zona.
Napo es una provincia con importantes ríos como el Napo, Jatunyacu y Anzu. Pero también es rica en oro aluvial, es decir, tiene metal depositado por el agua en el lecho de los ríos y los arroyos.
Eso ha traído a mineros ilegales y ahora cientos de kilómetros de esos ríos están contaminados con metales pesados y tóxicos, como mercurio, denuncia el colectivo Napo Ama la Vida.
¿Pero cómo ha golpeado la minería ilegal a Napo, un territorio con decenas de ríos y una profunda vocación turística alrededor de estas fuentes de agua?
"En Napo primero se aprende a nadar y luego a caminar", dicen los pobladores a los visitantes y turistas.
La que se posicionó como la capital nacional del rafting y kayak en Ecuador está plagada de minería ilegal, que, además, está siendo dirigida y financiada por peligrosos grupos delictivos.
Ríos contaminados, contrabando y silencio
En una de las polvorientas carreteras del cantón Talag, cerca de la comunidad de Serena, en Tena (Napo), transita sin prisa una de las famosas "lecheras". Así se les conoce a las camionetas o pequeños camiones que transportan los bidones de diésel que se usan en los frentes de minería ilegal.
Es 15 de enero de 2026, pasado el medio día y la "lechera" (un pequeño camión blanco) transporta seis bidones de diésel y una motocicleta.
No hace falta esconder o tapar los bidones que van en el balde, "porque todos saben que en Napo hay minería ilegal y no hay nadie que lo detenga", según dijo el defensor del Pueblo de la provincia, Eduardo Rojas, durante una visita a Serena, una de las comunidades de Napo que se opone a la minería en la provincia.
Cerca de esa carretera, desde el puente sobre el río Jatunyacu, que lleva a la comunidad Serena, el verdor selvático en una de las montañas se interrumpe de golpe: una gran grieta está siendo abierta por un par de máquinas excavadoras amarillas.
Y unos metros más abajo de esa grieta, el río Jatunyacu ya no es transparente como antes, dice José Moreno, representante del pueblo Shakan Amarun Kachi, conformado por siete comunidades Kichwas.
Moreno, que además es parte del colectivo Napo Ama la Vida, dice que el grupo ha monitoreado el río y a lo largo de aproximadamente 18 kilómetros las aguas tienen un color "chocolatoso". Esa es la señal de que el río está contaminado con las descargas de la minería ilegal en Talag, asegura Moreno.
"Solo quedan ocho kilómetros en los que el río todavía se ve limpio y transparente, como solía ser antes", añade.
A casi dos horas de la Serena, en el sector de Huambuno, la selva también está intervenida por la minería ilegal. La extracción del oro en esta zona está a la vista de todos quienes transitan por la carretera que lleva de Huambuno a la capital, Tena.
En un trayecto de alrededor de cuarenta minutos por esa carretera se pueden ver al menos 15 frentes de extracción, en los que maquinarias amarillas perforan montañas y hay pequeñas "cascadas" artificiales, que son las descargas del agua que se necesita para sacar el oro.
También se ven las piscinas donde se lava el oro, bombas de agua, montículos de tierra e incluso, viejos cercos improvisados de tela rasgada, que en algún momento sirvió para intentar cubrir la actividad.
Y esto que ocurre en Tena es solo una parte del problema, porque "la fiebre del oro está contaminando toda la provincia y sus principales ríos desde hace años", dice Héctor Tixe, emprendedor turístico de otro cantón, Arosemena Tola.
Tixe recuerda que hace 10 años, cuando volvió a Ecuador luego de haber emigrado a Europa, la gente se reía de él cuando hablaba de poner un emprendimiento turístico en Arosemana Tola, que hoy es señalado por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) como zona roja de minería ilegal.
"En ese momento la gente ya estaba emocionada con el oro, decían: '¿para qué vas a meterte al turismo? La plata está en sacar oro?, ahora, esas mismas personas están arrepentidas, porque ven que los ríos están contaminados, no pueden pescar, no pueden nadar", dice Tixe.
Y es que las comunidades en Napo se dividieron entre quienes están a favor de la minería y, a cambio de dinero dejan pasar a los mineros y quienes se oponen. Aunque cada vez son menos los que están contentos con esta actividad, por el temor que causan los grupos armados en la zona, añade Moreno.
Yutzupino fue solo la punta del iceberg
Moreno lamenta que "la gente todavía cree que la minería ilegal en Napo se acabó en 2022 con Yutzupino". Esto, en alusión al operativo policial y militar Manatí, que desalojó alrededor de 700 mineros ilegales que extraían oro en la zona de Yutzupino (Puerto Napo).
Se trató de un operativo en la concesión minera Confluencia, de la empresa de capitales chinos Terraearth.
Napo Ama la Vida hizo la primera denuncia del caso Yutzupino, en noviembre de 2021, cuando apenas había cuatro maquinas que se podían ver desde el mirador turístico El Ceibo. Pero104 días después, cuando la zona estaba ya devastada, recién llegó el operativo Manatí.
Luego de ese gran desalojo (el segundo más importante hasta ese entonces luego de la intervención en Buenos Aires), los mineros ilegales aprendieron una importante lección: no podían operar de manera tan visible y masiva en un mismo sitio, añade Moreno.
Por eso ahora la minería ilegal en Napo se mueve constantemente en pequeños frentes, en donde no operan más de cinco máquinas amarillas. Así es más fácil huir cuando algún operativo llega a la zona, explica el defensor del Pueblo, Eduardo Rojas.
El colectivo ha hecho monitoreos y calcula que hay por lo menos unas 300 máquinas amarillas operando en 120 frentes mineros ilegales en todo Napo.
Solo en Talag, dentro de la reserva biológica Colonso Chalupas, cerca al Parque Nacional Llanganates hay 50 frentes mineros ilegales, dice Moreno.
Este es el modus operandi de la minería ilegal
Según el colectivo, el problema principal es que en las concesiones mineras legales de pequeña minería que otorgó el Estado cuando estaba abierto el catastro minero (hasta 2018), hay concesionarios que estarían "alquilando" las concesiones a terceros para que saquen oro. "Eso es minería ilegal", dice el defensor del Pueblo.
"Les dan paso a los ilegales, les cobran un porcentaje de lo que están explotando y una vez que ya han sacado lo que querían, recién los concesionarios hacen la denuncia a las autoridades, como si recién se enteraran que están explotando el oro ahí", agrega Moreno.
Otro problema es que hay concesiones en donde se está explotando material sin cumplir con las normas ambientales, contaminando el agua. "Y como no hay suficiente control y hay tanta corrupción, no hay sanciones y no se detiene la actividad", añade Rojas.
Ahora la situación en Napo es más crítica porque grupos armados como los Lobos y Choneros están peleando y ocupando esos territorios.
La noche del 13 de enero de 2026, tres jóvenes aparecieron incinerados en el cantón Arosemena Tola, en una concesión minera con actividades de minería ilegal. Al día siguiente, en Whatsapp comenzó a circular un panfleto de Los Lobos:
Según datos proporcionados por Napo Ama la Vida, en la provincia hay 151 concesiones mineras de oro hasta 2025.
De estas, 146 son de régimen de pequeña minería; es decir, se puede explorar y explotar oro a la par, siempre y cuando los concesionarios cuenten con los permisos, explica el defensor del Pueblo de Napo.
Eso ha permitido el mecanismo de "alquiler" ilegal de concesiones, dice.
Esto contrasta con lo que ocurre en los regímenes de mediana y gran minería, en los que una vez terminada la etapa de exploración, recién los concesionarios pueden comenzar la explotación del material, siempre que cuenten con todos los permisos.
En el Ministerio de Ambiente, en cambio, dicen que en Napo el problema es que "un minero pequeño o artesanal le da a otros el contrato de operación y al final están cinco o seis personas operando".
Eso dijo la ministra Inés Manzano cuando anunció la medida de suspensión el 2 de febrero. "Al final varias personas explotan la mina con un solo permiso, lo que termina siendo una ventana para la minería ilegal", explicó.
Aunque el término "pequeña minería" podría hacer pensar que se trata de actividades mínimas, no es así. Hay concesiones de pequeña minería que ocupan hasta 3.600 hectáreas.
Esto equivale a 58 veces el tamaño del parque La Carolina, en Quito.
Una de las empresas con más hectáreas de concesiones de pequeña minería en Napo es Terraearth Resourses.
El colectivo Napo Ama la Vida denuncia que, luego del caso Yutzupino, en otras concesiones de esta empresa ocurre actividad minera ilegal, y en los alrededores.
Además, aseguran que la empresa china no ha hecho remediación en Yutzupino, y que pese a que han sido observados por incumplimientos ambientales en otras concesiones, no han hecho remediaciones.
PRIMICIAS pidió una versión a Terraearth el 20 de enero de 2026, pero no recibimos respuesta hasta el cierre de esta edición.
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