La Unión Europea abre la puerta para negociar un acuerdo de inversiones sostenibles con Ecuador

La Comisión Europea recomendó al Consejo de la Unión Europea autorizar la apertura de negociaciones para un Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles (SIFA, por sus siglas en inglés) con Ecuador.

Lo anterior según el documento COM(2025), publicado el 29 de julio de 2025 en Bruselas.

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Ecuador expresó su interés en negociar este acuerdo en junio de 2024 y lo reiteró en diciembre de 2024 mediante una comunicación de la Canciller Gabriela Sommerfield a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior.

De qué va el acuerdo

La firma de este tipo de acuerdos se enmarca en una nueva política a la que la UE y varios países se han adherido, que busca fomentar un clima de inversiones más transparentes y eficientes. 

El primer acuerdo de inversiones de este tipo de la Unión Europea fue con Angola, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2024. Y el 12 de junio de 2025 el Consejo de la Unión Europea autorizó la apertura de negociaciones de este acuerdo con Costa de Marfil. 

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El documento de la Comisión Europea resalta que, sobre la base del Acuerdo Comercial con Ecuador, el SIFA permitiría profundizar la relación de inversión mediante compromisos de transparencia, simplificación de procedimientos y un mayor diálogo público-privado.

Además, los objetivos son: 

• Fomentar un clima de inversión más transparente, eficiente y predecible en Ecuador.
• Apoyar la atracción de inversión extranjera directa.
• Y promover estándares relacionados con el medio ambiente, los derechos laborales y el clima, contribuyendo así al desarrollo sostenible, al crecimiento económico y a la creación de empleo.

De acuerdo con datos del Banco Central de Ecuador, el país andino recibió USD 134 millones en inversión extranjera directa de la Unión Europea en 2023 y USD 8,5 millones en 2024.

¿Cuánto durarán las negociaciones?

La Comisión prevé que las negociaciones con Ecuador para el Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles podrían concluir en 2026. 

El Consejo deberá adoptar la decisión que autorice el inicio de este proceso y su anexo con las directrices de negociación será público inmediatamente después de su aprobación, dijo la Comisión.

¿Cuál es el alcance del acuerdo?

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior y consultor, explica que el Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles es un marco amplio que busca facilitar las inversiones entre Ecuador y la Unión Europea. 

"Está orientado a otorgar facilidades para la inversión; por ejemplo, transparencia en la normativa, la no discriminación a las inversiones, tiempos máximos de respuesta, entre otras", dice Legarda. 

¿Incluirá el espinoso tema del arbitraje?

Y añade que el acuerdo podría contener o no un capítulo sobre protección de inversiones y arbitraje, que es un tema espinoso en Ecuador.

Lo anterior porque desde 2008, el artículo 422 de la Constitución prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o comerciales, con personas naturales o empresas.

La única excepción es que cuando se establezca sedes en cortes latinoamericanas.

A raíz de ese artículo, Ecuador declaró inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones, entre ellos de países europeos.

De hecho, en­tre 2010 y 2013, la Corte Constitucional señaló que todos los tratados de protección de inversiones que contenían cláusulas arbitrales eran inconstitucionales.

Y por eso no se puede incluir esta cláusula en tratados comerciales, por ejemplo, como lo que ocurrió con el acuerdo comercial con Costa Rica.

Si este tema se incluye en el acuerdo que ahora negociará Ecuador con la UE, dice Legarda, el reto es plantear un mecanismo alternativo, aunque siempre está el riesgo de que la Corte Constitucional lo vete. 

"Ecuador tiene esa restricción constitucional y esa barrera no se ha podido vencer hasta ahora. Por ejemplo, el Acuerdo con Corea del Sur recién firmado no tiene un capítulo de protección de inversiones vía arbitraje".

De ahí que el Gobierno de Daniel Noboa, en su primera administración, incluyó en el referendo que se votó el 20 de agosto de 2023, una pregunta para reformar este artículo de la Constitución para reconocer al arbitraje internacional como una forma de resolver las disputas de los Estados con los inversionistas privados. Pero una mayoría de ecuatorianos dijo que no.

Legarda considera que ahora que el Gobierno plantea una nueva consulta podría volver a incluir el tema.