¿Presidente y ministros blindados? Qué podrán hacer y qué no las posibles alianzas de la nueva Asamblea Nacional

La partición de la Asamblea Nacional entre dos fuerzas políticas, que son las mismas que se disputan la Presidencia de la República, plantea un escenario que podría complicar ciertas competencias y funciones legislativas, así como su relación con el Ejecutivo, sin importar quién resulte ganador.

Según los cálculos y proyecciones elaboradas por PRIMICIAS el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, logra por el momento 66 curules. Mientras que, Revolución Ciudadana (RC) alcanzaría 67 escaños.

Cifra importante para ambas agrupaciones políticas, pero insuficiente para actuar por si solas. Ambas necesitarán sí o sí aliados para impulsar proyectos de ley o procesos de fiscalización. Los juicios políticos no podrán prosperar sin el concurso o el quiebre de una de las dos bancadas.

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Con el aumento en el número de asambleístas de 137 a 151, la mayoría absoluta pasó de 70 a 77. Es decir, a las dos bancadas le hace falta entre 10 y 11 legisladores.

Estos votos deberán ser buscados en Pachakutik, que obtendría 9 curules, el Partido Social Cristiano (PSC) que llegaría con cuatro y otros grupos políticos minoritarios que suman cinco legisladores, hasta ahora.

Estas son las mayorías que operarán en la nueva Asamblea con 151 legisladores:

• Mayoría simple: la mitad más uno de los presentes.
• Mayoría absoluta: 77 votos.
• Mayoría calificada: 101 votos.

¿Qué puede hacer una mayoría simple?

La mayoría simple sirve, por ejemplo, para un allanamiento de proyectos de ley, o para aprobar acuerdos y resoluciones.

¿Qué hace una mayoría absoluta?

La mayoría absoluta se entiende como la mitad más uno del total de legisladores. El grupo que tenga los 77 votos podrá elegir al presidente o presidenta de la Asamblea, los vicepresidentes y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero también cesarlos.

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Con ese número de legisladores, además, es posible el archivo y aprobación de proyectos de ley, así como la ratificación de lo aprobado por la Asamblea, cuando sea vetado parcialmente por quien resulte electo como Presidente de la República.

Esta mayoría de asambleístas puede votar reformas parciales a la Constitución, luego de un procedimiento previo, y aprobar el llamado a comparecer ante el Pleno a ministros y secretarios de Estado.

En materia de juicios políticos, con mayoría absoluta es posible censurar y destituir a los siguientes funcionarios:

• Fiscal General del Estado
• Contralor General del Estado
• Procurador General del Estado
• Defensor del Pueblo
• Defensor Público
  
• Vocales del Consejo de Participación Ciudadana
• Titulares de las superintendencias

Mayoría calificada será muy difícil de conseguir

En tanto que, este aumento en el número de asambleísta genera que la mayoría calificada ya no se consiga con 92 legisladores, sino con 101. Una cifra que, a primera vista, resulta imposible de lograr entre dos agrupaciones antagónicas tan grandes.

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Para aquello se necesitaría que ADN logre sumar a sus 66 legisladores los 18 de Pachakutik, PSC y otros, pero además necesitaría que l menos, 17 correístas se les unan.

Tarea difícil si se tiene en cuenta la disciplina partidista de este movimiento, aunque no imposible ya que en el actual periodo legislativo, tres asambleístas de Revolución Ciudadana saltaron al oficialismo.

Al revés sería prácticamente lo mismo. Revolución Ciudadana que necesitaría los 18 votos de todos los que no son de su grupo, ni oficialistas, pero también que 16 asambleístas de ADN se unan para llegar a la cifra de 101.

Peso de la mayoría calificada

Con mayoría calificada es posible destituir a un asambleísta, previa investigación y recomendación de un informe del Comité de Ética de la Asamblea, que es conformado con el voto de la mayoría absoluta.

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Más fuerte aún, es que con la voluntad de 101 asambleístas se puede censurar y destituir a los ministros de Estado, vocales del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, por recomendación o no de la Comisión de Fiscalización.

Ese número 'mágico' permitiría también enjuiciar políticamente al presidente de la República, previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, declararlo incapacitado física o mentalmente para gobernar o el abandono del cargo.