Afectados denuncian en Fiscalía a dueño de Multicomercio y a empresa importadora por pérdidas millonarias tras incendio en Guayaquil

Un grupo de damnificados por el incendio del edificio Multicomercio presentó este viernes 27 de marzo de 2026 una denuncia colectiva en la Fiscalía, ubicada en las calles 9 de Octubre y José de Antepara, en el centro de Guayaquil.

La acción fue impulsada por al menos 30 afectados, en su mayoría copropietarios del condominio La Torre —ubicado sobre el centro comercial pero con administración independiente—, quienes buscan que se investigue a los presuntos responsables del siniestro. La denuncia apunta a determinar responsabilidades por el delito de daño a bien ajeno, tipificado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según el abogado de los denunciantes, Nelson Pita Cordero, la acción se dirige contra el propietario y administrador del centro comercial, así como contra una empresa importadora que operaba en el lugar y a “otros que resulten responsables dentro de las investigaciones”.

Acusan negligencia y uso irregular de los locales

Los denunciantes sostienen que el incendio pudo haberse evitado y que existió "negligencia" en el uso de los espacios del inmueble.

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Según explicó Pita, quien también es afectado, varios locales habrían sido utilizados como bodegas sin las condiciones adecuadas de seguridad, lo que, a su criterio, convirtió el lugar en una “bomba de tiempo”.

“Prácticamente el centro comercial Multicomercio lo convirtieron en una bomba de tiempo. (…) Pudiendo prevenir el siniestro (los denunciados), no lo hicieron y, en lugar de utilizar los locales para actividades comerciales, los destinaron como bodegas donde se almacenaba material inflamable”.

Nelson Pita Cordero, abogado de los denunciantes

Los afectados sostienen que, al pertenecer a un condominio con administración independiente, no tenían control sobre el uso de los locales comerciales donde se habría originado el incendio.

Pérdidas millonarias y familias afectadas

El impacto del incendio ha sido severo para los afectados. Según la defensa, las pérdidas económicas de los denunciantes superan los USD 5 millones.

"Necesitamos una investigación profunda, no solamente del origen del incendio, sino que ya exista directamente el responsable para que pague los daños y perjuicios causados a todas las personas que han quedado totalmente destruido su patrimonio familiar".

Nelson Pita Cordero, abogado de los denunciantes

Los afectados aseguran que perdieron sus bienes, locales y fuentes de ingreso, lo que ha golpeado directamente su estabilidad económica.

Denuncia también apunta al Estado

Además de la acción penal, los damnificados reiteraron que preparan una acción de protección contra el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos por presunta omisión en sus funciones de control, la cual —según indicaron— se presentaría entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

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Wilson Gallegos, uno de los afectados, sostuvo que ambas entidades no habrían cumplido con su rol de supervisión. Según explicó, el centro comercial no contaría con permisos adecuados para funcionar como bodega ni con sistemas de seguridad contra incendios.

Además, los afectados también cuestionaron las acciones del municipio tras el incendio, incluyendo presiones para la demolición del inmueble.

"El municipio está amenazando 'donde no demuelen el edificio, nosotros vamos a demoler y se pagará con lo que cueste el terreno'”.

Wilson Gallegos, afectado y denunciante

A su criterio, estas medidas resultan "inhumanas e improcedentes" frente a la situación de quienes perdieron sus bienes.

Fiscalía inicia diligencias

Tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía dispuso las primeras diligencias investigativas, entre ellas la intervención de la Policía Judicial y la recopilación de versiones de los afectados. Además se iniciarán peritajes para determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades.

Con esta acción, los damnificados buscan que se establezcan responsabilidades penales y que los implicados respondan por los daños ocasionados. “Que paguen los daños y perjuicios causados”, sostuvo la defensa.

En paralelo, la futura acción contra el Estado apunta a obtener indemnizaciones que cubran tanto las pérdidas materiales como el lucro cesante.