Afectados por incendio en el edificio Multicomercio anuncian demanda contra el Municipio de Guayaquil

Con carteles y reclamos, los afectados por el incendio en el Centro Comercial Multicomercio realizaron la mañana de este miércoles 18 de marzo un plantón en los exteriores del complejo, en el centro de Guayaquil, para exigir respuestas sobre el origen del siniestro.

En ese contexto, confirmaron que han iniciado acciones legales por presuntos delitos de acción y omisión. Por un lado, las denuncias apuntan contra los administradores del centro comercial, entre ellos Simón Bolívar Rosero; y por otro, preparan una demanda constitucional contra el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos, a quienes señalan por no haber ejercido controles oportunos.

Los manifestantes son copropietarios de oficinas y departamentos del Condominio La Torre, una estructura independiente que funcionaba sobre el centro comercial y que —según su versión— no tenía control sobre los espacios donde se habría originado el fuego.

El grupo representa a decenas de afectados, entre ellos al menos 35 condóminos y alrededor de 60 familias. El reclamo también se sostiene en el impacto económico: aseguran que las pérdidas superarían los USD 25 millones, entre inmuebles, mobiliario y bienes de decenas de propietarios.

Origen del incendio en disputa

Uno de los principales puntos de conflicto es dónde comenzó el incendio.Los afectados sostienen que el fuego se originó en el Centro Comercial Multicomercio y no en las torres.

“No se puede confundir (…) El incendio comenzó en el centro comercial, que es usado como bodega”, afirmó el afectado Michael Pita.

Según su versión, varios locales habrían sido utilizados para almacenar material inflamable —incluidas baterías de litio— pese a que el uso de suelo es comercial.

Acción y omisión: dos frentes del conflicto

En el ámbito penal, las denuncias por acción apuntan a quienes administraban el centro comercial, a los que responsabilizan por permitir el uso indebido de los espacios.

“Permitieron ocupar esos espacios físicos para labores que no estaban debidamente autorizados”, sostuvo el arquitecto Wilson Gallego, presidente del comité de afectados.

En paralelo, los afectados preparan una demanda constitucional por omisión contra el Municipio y el Cuerpo de Bomberos, al considerar que no realizaron inspecciones ni controles sobre el uso del suelo.

“No podemos establecer responsabilidad solamente a quien inicia el incendio, sino también a la omisión del Estado”, dijo Michael Pita.

Falta de informe y riesgo de evidencias

Hasta ahora, los afectados cuestionan que no exista un informe técnico oficial que determine el origen del incendio.

“El municipio ni ninguna autoridad se ha preocupado para exigir que el cuerpo de bomberos elabore el informe técnico”.

Nelson Pita, abogado de los afectados por el incendio.

Mientras tanto, insisten en que el área debe ser resguardada para evitar la pérdida de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

“Se está inclinando la situación para hacer desaparecer las huellas (…) para cuando vengan a hacer las experticias no encuentren nada”, advirtió el abogado Nelson Pita.

PRIMICIAS consultó al Departamento de Comunicación de Segura EP sobre este tema, pero aseguraron que, por el momento, no habrá ningún pronunciamiento.