Los cabos sueltos del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano presagian un futuro incierto

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano que ha entrado en vigor en la madrugada del miércoles 27 de noviembre de 2024 da alivio a una población libanesa extenuada y evita que el país se convierta en una nueva Gaza, pero deja una serie de cabos sueltos que corren el riesgo de convertirlo más en un descanso bélico que en una paz duradera. 

El principal es, precisamente, que se sustentará en una carta de garantías de Estados Unidos a Israel de que podrá bombardear Líbano no solo en represalia ante ataques, sino cuando considere que Hezbolá lo incumple.

Lo hará “con fuerza” ante el mínimo incumplimiento, como ha dejado claro el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este martes 26 de noviembre al anunciarlo.

Es el principal punto que ha convencido a los indecisos en Israel, por temor a reproducir la situación que siguió a la anterior guerra, en 2006: Hezbolá aumentó notablemente su fuerza, arsenal y presencia al sur del río Litani (a unos 30 kilómetros de la frontera), pese a que la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que puso fin a la contienda bélica (y sigue vigente) lo prohibía y a que 10.000 cascos azules monitoreaban su cumplimiento. 

El mandato de la misión de Naciones Unidas consistía en comunicar las violaciones al ejército libanés, que no hacía nada para impedirlo, ante el riesgo de generar una guerra civil.

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El auto otorgado derecho de Israel a bombardear Líbano vacía en la práctica de contenido la resolución 1701, que lo prohíbe. También las vulneraciones del espacio aéreo libanés que Israel lleva años haciendo y sobre las que nada dice el acuerdo. 

En el texto del pacto, que desvela el diario libanés L’Orient Le Jour, los potenciales ataques israelíes quedan protegidos por el fluido “derecho a la autodefensa”, con el beneplácito de Washington, con Donald Trump como presidente en menos de dos meses.

El próximo embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee (que niega la ocupación de los territorios palestinos y llama “barrios y localidades” a los asentamientos judíos en Jerusalén Este y Cisjordania), aseguró que Netanyahu está “siendo muy listo al retener el derecho de retomar el combate si Hezbolá rompe la tregua”. En qué consiste esto último, lo determinará en realidad el propio Israel, en consultas con Washington y si considera que las Fuerzas Armadas libanesas no han actuado.

Un ejemplo será la famosa “reorganización” al sur del río Litani de Hezbolá, una organización con ramas políticas (con diputados en el Parlamento), militar, educativa, religiosa y caritativa. Y con notable predicamento entre los chiíes de la zona, que la perciben como la única fuerza que disuade a Israel de invadir el país, algo que las Fuerzas Armadas ni quieren ni pueden hacer (carecen incluso de Fuerza Aérea).

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Israel ha advertido de que impedirá que Hezbolá se reconstruya al sur del Litani, aprovechando el regreso de los civiles a los hogares que no han destruido a su paso las tropas israelíes. Pero justo este martes 26 de noviembre, uno de los diputados de Hezbolá, Hasan Fadlallah, ha asegurado en una entrevista con la agencia Reuters que “la resistencia que estaba combatiendo en el campo de batalla” se dedicará tras la guerra a ayudar a los desplazados (más de un millón, cientos de miles de ellos en Siria) a regresar a sus aldeas y a reconstruir las áreas destruidas por los ataques israelíes.

“Sin la participación de Hezbolá y su voluntad de adherirse a las disposiciones del acuerdo, este carecerá completamente de sentido”, escribía este martes 26 de noviembre el comentarista del diario Haaretz Zvi Barel.

“Según este acuerdo, Hezbolá no será desarmado. Sus armas, sus miles de misiles de largo y corto alcance, su arsenal de drones, su avanzada tecnología balística y toda su infraestructura militar seguirán existiendo. Si el acuerdo se implementa en su totalidad, la organización se alejará más de Israel, al norte del río Litani. Pero no desaparecerá”, añadía.

El Gobierno libanés, el mismo que tiene un primer ministro interino y lleva dos años sin presidente, será el encargado de supervisar la venta, entrega y producción de armamento, así como de desmantelar todas las instalaciones no autorizadas vinculadas a la producción de armas y de material vinculado, según el acuerdo. Y Estados Unidos, el principal aliado de Israel, presidirá el comité que supervise la aplicación, con el consiguiente riesgo de acusaciones de parcialidad.

El pacto otorga otra misión a Washington: “reforzará las negociaciones indirectas entre Israel y Líbano para lograr un trazado de la frontera terrestre reconocida internacionalmente”. Es justo lo que exige desde hace años el Gobierno de Beirut, que reclama a Israel que se avenga a negociar los diferendos que mantienen sobre la línea de retirada en 2000 que certificó Naciones Unidas. 

La idea también figuraba sin éxito en la resolución de 2006 e Israel, en una posición de fuerza y ―como ha señalado Netanyahu― preocupado ahora de mostrar músculo ante Irán, patrón de Hezbolá, no tendrá muchos motivos para abrir ese melón.

Israel sí acordó en 2022 ―negociada, como este alto el fuego, por el enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein― una delimitación de las fronteras marítimas para la explotación de gas que dejó la mayoría de yacimientos del lado sur y pocos del libanés. Tanto es así que Netanyahu (entonces en un breve paréntesis en la oposición) prometió inicialmente denunciar el acuerdo si regresaba al poder y no lo ha hecho.

No es el único asunto que puede quedar congelado cuando el foco diplomático se aleje de Líbano y las cancillerías occidentales se concentren en crisis más urgentes. Otro es la reconstrucción de un país arruinado, en el que se calcula que los bombardeos han destruido o dañado 100.000 unidades habitacionales. El ejército israelí ha dejado además en escombros 37 aldeas del sur de Líbano, emulando el modelo de Gaza en su avance. 

El pasado día 14 de noviembre, el Banco Mundial calculó en USD 8.500 millones las pérdidas que han supuesto para el país los 13 meses de conflicto, sobre todo los dos últimos de alta intensidad. Un total de 166.000 personas han perdido el trabajo y el PIB se contraerá un 6,6% este año, dejando una pérdida del 34% en los cinco años de crisis económica.

Contenido publicado el 26 de NOVIEMBRE de 2024 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.