Juez español pide juicio contra empresario por espiar a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres
Una investigación del juez Santiago Pedraz sugiere que una empresa española grabó las conversaciones de Julian Assange con expresidentes sudamericanos, incluido Rafael Correa, en la Embajada de Ecuador en Londres.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, en declaraciones a la prensa y sus seguidores desde la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, el 19 de agosto de 2012.
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Carl Court / AFP
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Un magistrado español propuso juzgar al responsable de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres (2015-2018), por espiar durante su asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y entregar a terceros información "ilícitamente obtenida" sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes latinoamericanos.
En su auto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, tras su investigación, propone llevar a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Pedraz también propuso juzgar al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado relata en su escrito que entre 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, denominada Undercover Global (UC GLOBAL).
Esta no es la primera vez que esa firma es involucrada por la justicia española por este caso.
Grabación de conversaciones confidenciales
Esta empresa dirigida por Morales, gerente y máxima autoridad, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía con el asilo concedido a Assange, refugiado allí de la Justicia británica.
Estos servicios consistieron en garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación diplomática.

El juez señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con numerosas personalidades.
Entre ellos, el abogado español Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Múgica.
Sospechas hacia Estados Unidos
Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos, apunta el juez, que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.
Según el juez, Morales "pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso 'online', uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'".

A lo largo de la investigación judicial, Baltasar Garzón, que fue testigo, acusó directamente a Estados Unidos como destino de ese espionaje y lo calificó de "agente de persecución". Según este exjuez y abogado español, UC Global reportaba "con regularidad, minuciosa y pormenorizadamente" lo que hacía el equipo de defensa de Assange.
En 2022, un grupo de periodistas y abogados demandaron en Nueva York a la CIA y a su exdirector Mike Pompeo por espiar supuestamente sus conversaciones con Assange, mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Plazo para la apertura del juicio
La investigación acreditó que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.
El auto da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de la causa.
Assange: desde Wikileaks hasta su libertad
Todo comenzó en 2010 con la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos, a través de Wikileaks, cuestionando el papel de Washington en el mundo al revelar ataques a civiles en Irak y en Afganistán, así como el maltrato de presos en Guantánamo, entre otros asuntos.
Tras la filtración, Suecia emitió una orden de arresto por cargos de abuso sexual, que posteriormente fueron retirados. Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que en 2019 fue arrestado por autoridades británicas debido a una solicitud de extradición de Washington.
Assange pasó cinco años en una cárcel de alta seguridad británica hasta su puesta en libertad en diciembre de 2024.

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