Así operaba una red que cobraba más de 12.000 por regularizar a extranjeros en España

La Guardia Civil desarticuló una red criminal que regularizaba de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros en España, a través de contratos de trabajo falsos, por los que llegó a cobrar entre 4.500 y 10.500 euros (entre unos USD 5.200 y USD 12.100), mientras en el país se lleva a cabo un proceso masivo de regularización de migrantes.

Durante la operación, bautizada 'Lutasanol', fue detenido el principal captador de la trama. Mientras  otros tres presuntos implicados son investigados, dos administradores de una empresa usada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral.

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Las autoridades también registraron el establecimiento que servía como centro de operaciones de la red, donde fue intervenida abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas sobre la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros a las víctimas.

Cómo operaba la organización

Según la investigación, que comenzó el pasado año, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.

Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la administración, para lo que pedían a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros (entre unos USD 5.200 y USD 12.100).

Los agentes constataron que la organización hacía altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones.

Fraude de más de USD 100.000

Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros (USD 115.472). La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, donde fue desarticulada, y captaba a gente en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

La estructura contaba con funciones "perfectamente repartidas" entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad al operativo.