La regularización en España abre un mercado de tramitadores al que los migrantes ecuatorianos acuden por necesidad

MADRID. El anuncio de regularización prometía abrir la puerta a medio millón de personas que podrían acceder a papeles en España. Pero, como suele pasar con las puertas administrativas, al otro lado no hay un pasillo sino un laberinto. Y en ese laberinto ya se mueven tres actores: los que buscan regularizarse, los que intentan ayudarles y quienes han visto una oportunidad de negocio.

Desde que se hizo público el proceso extraordinario, varios despachos de abogados en Madrid y Barcelona colgaron el cartel de “información sobre regularización”. La primera consulta suele ser gratuita, pero los honorarios oscilan entre los 400 y 800 euros por hacer un trámite que debería ser accesible, pero en la práctica no lo es.

El proceso prioriza la vía telemática que exige certificado digital o estar dado de alta en Cl@ve, una identidad electrónica imprescindible para interactuar con la administración española. El problema es que para obtener estos accesos suele requerirse un número de identidad de extranjero (NIE) vigente, algo que muchas personas en situación irregular no tienen. La alternativa es el teléfono 060 o, en la práctica, depender de terceros.

En ese terreno fértil, la intermediación crece.

La fecha límite es el 30 de junio

En medio de la incertidumbre, al menos 15.000 ecuatorianos sin papeles, según la Fundación para la Ciudadanía Global, intentan reunir requisitos antes del 30 de junio, fecha límite del proceso. Sin embargo, la embajada ecuatoriana maneja una expectativa de 3.000 interesados, según informó a PRIMICIAS la embajadora, Wilma Andrade.

Nicole Santana, de 28 años, que vive en Barcelona desde septiembre de 2024, es una de las solicitantes que aspira a obtener su residencia y permiso para trabajar. Llegó para estudiar una maestría y cuenta con una oferta de trabajo de una marca de bolsos de lujo. Su empresa le facilitará un precontrato, una de las vías más directas para la regularización. Aun así, el proceso no es sencillo.

“Yo metí justamente mi certificado de antecedentes penales para que sea apostillado y hasta ahora no tengo una respuesta en el consulado de Ecuador”, explica. El problema no es menor: sin ese documento, el expediente no avanza.

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“La apostilla es el problema y ya fui al consulado, y me dijeron que lo tenía que hacer de manera telemática, pero ni siquiera me dan un correo como de ‘listo, ya tu documento ha sido subido’”, cuenta la joven, que ante el bloqueo, ha pedido ayuda a sus padres en Ecuador. “Les pedí a mis papás que me hagan la apostilla en Ecuador”.

Nicole también ha optado por pagar para reducir riesgos. “Todo este proceso lo estoy haciendo con una abogada, si yo estoy invirtiendo es porque la persona sabe, porque es experta, para que justo al momento de entregar papeles no te encuentres con alguna sorpresa”, asegura y calcula que tendrá un gasto de entre 300 y 400 euros (USD 350 y 470), pero comenta que a algunos centroamericanos les han querido cobrar hasta 800 euros (USD 942).

Pero incluso con asesoría, hay desconfianza porque no hay tantos requisitos para acceder a la regularización. “Me parece como muy raro que sea todo muy fácil y pienso que en algún punto tiene que haber trampa, los ecuatorianos somos desconfiados”, dice.

Qué es el certificado de vulnerabilidad, una vía clave 

Para quienes no tienen contrato ni arraigo familiar en España, el camino pasa por un concepto ambiguo convertido en requisito: el certificado de vulnerabilidad.

La normativa establece tres posibles vías para acceder al permiso de residencia extraordinario: acreditar empleo (o una oferta), contar con una unidad familiar dependiente o demostrar una situación de vulnerabilidad. Este último caso exige un informe emitido por los servicios sociales o las casi 200 entidades acreditadas del Tercer Sector, inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (Recex).

No es una declaración personal sino una validación institucional de fragilidad, para la que todavía se están creando protocolos.

Eso es lo que busca Paúl Intriago, también de 28 años, que vive en Madrid desde hace un año y cuatro meses. Llegó con una visa de turista de 15 días y decidió quedarse y buscar trabajo. “Me quiero quedar por un bienestar de vida, aquí hay muchas oportunidades”, dice este joven que tiene un título de sonidista.

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Su situación es más precaria porque últimamente no ha conseguido trabajo. “Este año ha sido muy difícil encontrar trabajo, antes estuve en la recepción de un hotel, pero desde octubre no he encontrado nada”, cuenta.

Aunque ha reunido documentación básica como el empadronamiento, su única vía para hacer la solicitud es el certificado de vulnerabilidad: “Yo no tengo familiares directos aquí ni contrato de trabajo tampoco”.

El problema no es solo reunir papeles, sino saber cómo presentarlos. “No tengo conocimiento, no sé cómo ingresarlo”, confiesa y tampoco puede permitirse pagar a los abogados. Por eso ha optado por otra red. “Estaba viendo que la Asociación Rumiñahui hace los trámites gratis”, dice y añade que ya tiene una cita para la siguiente semana.

Las organizaciones: entre el apoyo y el colapso

Las organizaciones sociales se han convertido en piezas clave del proceso. Desde Sedoac (Servicio Doméstico Activo), que trabaja por el empoderamiento de las trabajadoras de hogar, una de sus voceras, Susana Pozo, explica que han tenido que estructurarse casi como una administración paralela: “Amerita que tengamos un protocolo de cómo proceder en los diferentes casos porque hay un sinnúmero de casuísticas”.

Uno de sus roles principales es emitir certificados de vulnerabilidad. “Hemos empezado ya a hacer los certificados para las personas que conocemos, luego haremos entrevistas a otras personas interesadas”, dice.

Detectan además una tendencia que confirma que las personas están pagando a terceros: “La gran mayoría ya lo tenía controlado o lo tenía apalabrado con algún abogado, lo que necesitan ahora es el certificado”, añade.

Pozo valora la regularización como necesaria. “Era necesaria, son varios años ya que no se había hecho una”, opina aunque el colectivo ecuatoriano no es el principal beneficiado. “De Ecuador sí que hay personas que se van a regularizar, pero en menor cantidad que nacionalidades como la peruana, la colombiana o venezolana”.

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Críticas: plazos, requisitos y ‘burorrepresión’

Desde la Asamblea Antirracista por la Regularización en Madrid denuncian que el proceso tiene obstáculos estructurales y están en contra de que las personas se vean obligadas a contratar los servicios de un abogado para un trámite administrativo que debería ser accesible.

El primer obstáculo es el tiempo. Tres meses para reunir documentación internacional, citas y certificados para cientos de miles de personas no es suficiente, según este colectivo.

El segundo es el certificado de vulnerabilidad. El grupo considera que es redundante y difícil de gestionar en la práctica, especialmente cuando muchas oficinas públicas no tenían instrucciones claras al inicio. “La irregularidad ya implica vulnerabilidad”, dice Gisele Touceda, portavoz del colectivo antirracista.

El tercero es la brecha digital. La exigencia de trámites telemáticos sin acceso real a herramientas digitales empuja a los solicitantes hacia intermediarios de pago.

Y, en el fondo, una idea más amplia: lo que denominan “burorrepresión”. Un sistema de obstáculos administrativos —citas imposibles, requisitos técnicos, documentación compleja— que, sin prohibir explícitamente, desincentiva el acceso a derechos.

Para contrarrestarlo, este grupo de activistas ha creado cerca de 20 puntos de información gratuitos en Madrid.

El negocio invisible de vender citas

El problema de las citas previas en extranjería no es nuevo, pero se ha intensificado. Según fuentes sindicales como UGT, existe un mercado alegal donde redes organizadas utilizan bots para acaparar citas en cuanto se liberan.

El mecanismo es simple: bloqueo masivo del sistema, escasez artificial y reventa. Las citas, que deberían ser gratuitas, se venden entre 30 y 200 euros. De esta manera, quien puede pagar avanza; quien no, espera o queda fuera.

Las investigaciones judiciales ya han detectado casos de este tipo, incluso en provincias como Cádiz. Instituciones como el Defensor del Pueblo han advertido que el sistema actual favorece esta “picaresca”.

El actual proceso de regularización extraordinaria no es solo un trámite administrativo. Es un campo de tensiones donde se cruzan expectativas, precariedad y negocio. Para Nicole, el desafío es que su documento apostillado llegue desde Ecuador. Para Paúl, demostrar que su estancia en España también vale la pena aunque no tenga una oferta de trabajo. Para las organizaciones, correr a contrarreloj para lograr que el mayor número de personas consigan papeles.