¿Es el fin de Greenpeace? La organización ecologista es derrotada judicialmente por una petrolera

Un jurado popular decidió este miércoles 19 de marzo que la organización ecologista mundial Greenpeace debe pagar daños y perjuicios por USD 660 millones a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.

El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas millonarias presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.

Con ese monto por indemnización, Greenpeace corre el riesgo de desaparecer.

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En el jucio, Greenpeace había negado las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó esas protestas y no es responsable del desarrollo de las mismas.

El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que ha durado casi un mes.

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En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc. y a Greenpeace Fund.

El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.

Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.

Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren -uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario, Donald Trump- aseguró en un video proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa".

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Uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que "Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta", recoge el medio neoyorquino.

En un post en su página web escrito antes de conocerse el veredicto, la organización asegura que, con esta demanda, Energy Transfer "ha utilizado el sistema legal estadounidense como arma para intentar silenciarnos en un momento en que nuestras voces son más necesarias". 

Greenpeace señaló, tras el veredicto, que los miembros de su organización no serán "silenciados".