Grupos que se oponen a la minería legal se enfrentaron con militares, quienes custodiaban la concesión Imba 2, en la Merced de Buenos Aires.
Manifestantes que se oponen a la minería legal intentaron expulsar a los militares que realizan operativos de control por la minería ilegal en la concesión minera Imba 2, ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.
Los incidentes se registraron durante la tarde del 24 de enero de 2023, hasta la noche.
Las Fuerzas Armadas no han confirmado si, tras los incidentes, los militares tuvieron que salir de la zona y abandonar el operativo que realizaban.
Los militares han realizado varios operativos de control en lo que va de enero de 2023 en esta zona, que ya fue intervenida en 2019 por minería ilegal.
Durante los operativos realizados en este año, los militares han encontrado casi 2.000 bultos con material mineralizado. Además, el personal halló combustible, maquinaria, armas, municiones y explosivos.
Operativo de control a la minería ilegal en Buenos Aires, enero de 2023. Fuerzas Armadas
Operativo de control a la minería ilegal en Buenos Aires, enero de 2023. Fuerzas Armadas.
Operativo de control a la minería ilegal en Buenos Aires, enero de 2023.
Buenos Aires con militares
En los últimos meses, se han reportado más incidentes violentos, según un comunicado de la empresa a cargo de la concesión, Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, filial de la australiana Hancock.
Según la minera, hay amenazas en contra de miembros de la comunidad que se oponen a la minería ilegal.
El comunicado menciona que, por esta situación, el Gobierno dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la creación de zonas reservadas de seguridad en esta y otras concesiones que atraviesan esta situación.
La empresa concesionaria
Imba 2, que tiene una extensión de 500 hectáreas, es asediada por la minería ilegal desde 2018.
El material principal que contiene esta zona es cobre, pero los mineros informales han explotado ilegalmente una veta oro, que también es encuentra en el área.
En 2017 el gobierno concesionó la zona a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Minining.
La empresa no ha podido ingresar a la concesión, por la presencia de mineros ilegales.
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