Jueves, 18 de abril de 2024

Tras ganar arbitraje, Gente Oil dice que seguirá operando el campo Singue

Autor:

María Teresa Escobar, Mónica Orozco

Actualizada:

9 Jun 2022 - 0:05

Silvana Pástor, vicepresidente administrativa financiera de Gente Oil, explica que el laudo obliga al Estado a pagar USD 11 millones en daños a la empresa y a suspender el cobro de una glosa de USD 5 millones.

Trabajadores en el campo Singue, bloque 5, ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, en junio de 2022.

Autor: María Teresa Escobar, Mónica Orozco

Actualizada:

9 Jun 2022 - 0:05

Trabajadores en el campo Singue, bloque 5, ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, en junio de 2022. - Foto: Cortesía: Gente Oil

Silvana Pástor, vicepresidente administrativa financiera de Gente Oil, explica que el laudo obliga al Estado a pagar USD 11 millones en daños a la empresa y a suspender el cobro de una glosa de USD 5 millones.

La petrolera Gente Oil acaba de ganar un arbitraje contra Ecuador por USD 11 millones. Tras el fallo, la compañía dice que continuará con sus operaciones y su plan de inversiones en el campo Singue.

Gente Oil interpuso un arbitraje contra el Estado ecuatoriano el 6 abril de 2018, por supuestas violaciones de los términos del contrato para la exploración y explotación de Singue, ubicado en Sucumbíos.

En el centro de la controversia está el cálculo de la tarifa que la compañía acordó con el Estado por barril producido.

Silvana Pástor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil, el 8 de junio de 2022.

Silvana Pástor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil, el 8 de junio de 2022. Cortesía Gente Oil

¿Cuál es el alcance del laudo del tribunal arbitral internacional que le da la razón a Gente Oil?

El Directorio de Gente Oil decidió acudir en 2018 a instancias internacionales, partiendo de un informe de Contraloría emitido en 2017.

Y el tribunal de arbitraje ratifica lo que hemos venido diciendo: que el contrato de Gente Oil es legal y legítimo, que no existe perjuicio para el Estado.

El tribunal acoge lo que dice el propio Ministerio de Energía, es decir, que Gente Oil invirtió más de lo que le correspondía, que no cabe renegociar o reducir la tarifa por barril, como lo pide la Contraloría.

Y, finalmente, el tribunal decidió que el contrato de Gente Oil para el campo Singue debe mantenerse.

La compensación económica que establece el tribunal arbitral para la empresa es de USD 11 millones, no de USD 92 millones (inicialmente pedidos por la demandante, ndr) porque el contrato del campo Singue continúa en firme.

Entonces, al continuar el contrato, el laudo establece que se paguen solamente los daños por incumplimientos contractuales del Estado y por la reparación de la imagen de Gente Oil.

El fallo es positivo para la industria petrolera porque en Ecuador hay más de 20 contratos que tienen el mismo esquema tarifario que el del campo Singue. Hay premisas técnicas que la Contraloría no valoró.

El informe de Contraloría fue emitido por un auditor sin título, en una coyuntura política muy compleja.

¿Van a continuar con sus operaciones en Ecuador y en el campo Singue?

La compañía tiene que continuar con el contrato, que tiene un plazo de 20 años, de los cuales ya han transcurrido 10, de manera que aún restan 10 años, hasta 2032. El tribunal arbitral establece que el contrato tiene que seguir.

¿Qué efectos prácticos tiene el laudo además de la compensación de USD 11 millones para Gente Oil?

Este laudo impide que el Ministerio de Energía acoja la recomendación de la Contraloría de cobrarle una glosa de USD 5 millones. Es decir, suspende la glosa.

En caso de que hubiese esa pretensión (de cobro de la glosa), el laudo establece que habría que empezar un nuevo arbitraje porque se estaría incumpliendo el contrato.

La tarifa de USD 33,5 por barril para la extracción de petróleo es la mayor observación al contrato de Gente Oil por parte de la Contraloría, que recomienda que debería ser de USD 32,45. ¿Cómo se calculó esa tarifa?

Las tarifas en el sector petrolero no salen de una fórmula matemática exacta, se componen de las siguientes premisas:

El costo de operación, que es de entre USD 12 y USD 13 por barril, lo que incluye la generación eléctrica, el personal, el mantenimiento de los pozos.

A eso hay que sumar entre USD 7 y USD 8 por barril por el costo de la perforación de pozos y hay pagos de compensaciones sociales y ambientales, que suman entre USD 3 y USD 4 por barril.

Después debemos considerar USD 2 a USD 3 por barril para pagar las contribuciones para el Ministerio de Energía. Lo que queda es la utilidad de la compañía petrolera.

Por otro lado, es la compañía la que asume los riesgos, como por ejemplo las perforaciones de pozos que no dan resultados. La tarifa no refleja los costos de operación, sino la operatividad de un campo.

Si el precio del petróleo cae, el riesgo lo asume la compañía porque existe una cláusula de 'carry forward' por la cual el Estado puede dejar de pagar la tarifa (y acumular la deuda con las empresas petroleras, ndr) hasta que los precios del petróleo se recuperen por encima de cierto nivel.

El Estado había acumulado un valor pendiente de USD 60 millones con Gente Oil desde 2016, que fue pagado completamente en marzo de 2022.

¿Entran las reservas del campo en el cálculo de la tarifa?

Se hace una simulación de reservas. Singue reportaba dos millones de barriles en reservas. Para el cálculo de la tarifa se consideró un factor de recuperación de las reservas de 93%, por encima del parámetro técnico e internacional, que es de 90%.

La empresa dijo que, considerando ese parámetro, podía extraer el petróleo con una tarifa de USD 34 por barril. Pero, tras las negociaciones, finalmente quedó en USD 33,5 por barril.

La Contraloría comete el error de tomar como base un factor de recuperación de 100% de las reservas y con eso establece la tarifa de USD 32,45 por barril, pero no es así, ya que técnicamente es imposible extraer el 100% de las reservas de un yacimiento petrolero.

¿Cuántos ingresos ha dejado la operación de Singue para el Estado y para Gente Oil?

El campo Singue ha generado hasta ahora USD 650 millones en ingresos brutos para el Estado, de los cuales USD 300 millones se pagaron a Gente Oil. Es decir, al Estado le quedaron USD 350 millones netos.

De los USD 300 millones pagados a la compañía, USD 160 millones corresponden a inversiones y USD 250 millones a los costos de operación.

Es decir, Gente Oil salió con un resultado negativo y sus accionistas tuvieron que poner USD 70 millones más. Por eso, el laudo establece que la operación debe continuar, para darle la oportunidad a la empresa de recuperar sus inversiones.

El ganador absoluto es el Estado ecuatoriano. Gente Oil aún no recupera sus inversiones ni genera aún utilidades para el inversionista.

Uno de los puntos cuestionados sobre Gente Oil es, precisamente, ¿quiénes son sus accionistas, de dónde viene la empresa?

Su dueño, Khalil Boutros Al-Sholy, un empresario muy reconocido en Medio Oriente.

Gente Oil es una filial de CDC Catar. Y el hecho de que haya podido presentar un arbitraje ante un tribunal internacional demuestra que estamos hablando de una empresa seria.

Les quedan 10 años de contrato, ¿están considerando acogerse a la renegociación propuesta por el Gobierno para migrar de los actuales contratos de servicios a contratos de participación?

Siempre va a existir una apertura de la compañía ante cualquier posibilidad de mejorar los contratos.

Gente Oil está de acuerdo con subir la producción y ha planteado proyectos al Ministerio de Energía para la perforación y el reacondicionamiento de pozos.

¿Se han planteado aumentar su producción actual?

El promedio diario de producción (del campo Singue, ndr) está entre 3.000 y 3.500 barriles diarios de crudo Oriente. Para mantener la producción actual hay que hacer una inversión de USD 30.000 por cada barril y para incrementar la producción se necesitan USD 20.000 por barril adicionales.

Es decir, hay que invertir unos USD 50.000 por cada barril adicional.

Hemos invertido USD 160 millones en los primeros diez años de operación del campo. Los próximos diez años implicarían la inversión de otros USD 160 millones y de USD 300 millones más para cubrir los costos operativos; estamos hablando de casi USD 500 millones.

Si en uno o dos años logramos intervenir en nuevos reservorios, la producción llegaría hasta 5.000 barriles diarios en un año y a 8.000 barriles diarios de petróleo en un horizonte de cinco años.

¿Qué potencial tiene el campo en el aspecto exploratorio?

Los técnicos están explorando áreas al norte del campo. Se trata de prospectos que se podrían analizar una vez que perforemos dos pozos exploratorios.

Para empezar con las operaciones de exploración, es necesaria una licencia ambiental, que no habíamos solicitado porque estábamos a la espera de conocer el resultado del arbitraje.

La exploración tomará un año o año y medio, siempre que la licencia ambiental lo permita.

¿Tienen interés en nuevas áreas, considerando que el Estado tiene varias licitaciones en mente?

Dependerá de cómo se sienta el inversionista con la reacción del Estado después del laudo y de si baja la presión política, que ha provocado daños colaterales.

La empresa tiene la capacidad financiera para ampliar sus inversiones en Latinoamérica y veía a Ecuador como una puerta de entrada para la región.

¿A qué se refiere con daño colateral?

La empresa fue nombrada en casos de corrupción y eso afectó a la reputación de los inversionistas, a la compañía y a su dueño que Kahlil Boutros Al-Sholy, quien se sintió totalmente ofendido y afectado.

Este arbitraje resarce su nombre y el de la empresa.

El Procurador ha dicho que este fallo no tiene impacto en el llamado caso Singue, que se ventila en las cortes de Ecuador.

La Procuraduría tiene razón en eso, son instancias distintas al tratarse de un tribunal arbitral y de una corte judicial local.

Pero, si bien el laudo no le dice cómo actuar a los jueces locales, un juez debería tener en cuenta el hecho de que el laudo arbitral cuestione el informe de Contraloría sobre el cálculo de la tarifa y que sirve de base para el caso judicial.

Después de esta controversia, ¿cómo están sus relaciones con las autoridades de hidrocarburos?

Nunca se dañaron las relaciones porque ellos, como técnicos, conocían el contrato. El sector hidrocarburífero es uno de los más regulados por el Estado.

Las autoridades aprueban los presupuesto y los proyectos, entonces conocen muy bien la operación de Gente Oil.

Todo esto inicia en 2017, en la epoca en que (el excontralor hoy preso, ndr) Pablo Celi quería mantenerse en el cargo, él sacó el primer informe de responsabilidad penal en este caso, basado, a su vez, en un informe de investigación de un portal web.

Es muy fácil atar a Silvana Pástor con Wilson Pástor (exministro de hidrocarburos del gobierno de Rafael Correa, ndr) y tratar de usar esa moneda. Es un tema absolutamente político.