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Economía

22 contratos petroleros podrían ser auditados por la Contraloría General

La diligencia se solicitó tras los videos que publicó PRIMICIAS y que revelan posibles perjuicios en el contrato suscrito para operar el campo petrolero Shushufindi.

Pozos petroleros en el campo Auca, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en julio de 2022.

Pozos petroleros en el campo Auca, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en julio de 2022.

Petroecuador.

Autor:

Mónica Orozco

Actualizada:

27 jul 2022 - 00:05

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El Ministerio de Energía pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial para 22 contratos petroleros firmados bajo la figura de servicios específicos con financiamiento.

Esto luego de que PRIMICIAS publicara dos videos que revelan que durante gobierno de Rafael Correa se habrían ocultado observaciones sobre supuestos perjuicios económicos en la negociación de uno de esos contratos.

Se trata del contrato para la operación del campo petrolero Shushufindi, suscrito entre Petroecuador y el consorcio liderado por la gigante francesa de servicios petroleros Schlumberger.

Las observaciones al contrato fueron discutidas por el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, con varias autoridades del gobierno de Correa.

Uno de ellos fue el entonces ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, quien pidió a Cortázar eliminar cierta información relativa a la tarifa y a la curva de producción, según revela el video.

El contrato de Shushufindi fue el primero de 22 acuerdos firmados por las petroleras estatales Petroamazonas y Petroecuador (hoy fusionadas) con empresas extranjeras, entre 2012 y 2019.

Todos esos compromisos están vigentes y vencen entre 2029 y 2036, según un informe de Petroecuador al que accedió PRIMICIAS.

A 20 años plazo

El contrato de servicios específicos con financiamiento fue una salida del gobierno de Correa para captar inversión privada en el sector petrolero, sin perder la propiedad de los campos.

¿Cómo funciona? Bajo esta figura, las petroleras extranjeras invierten en el campo para extraer el petróleo y reciben una tarifa por barril que reconoce sus gastos y utilidad.

De los 22 contratos vigentes, tres tienen el plazo más extenso.

El primero es el firmado por Petroecuador con el consorcio liderado por Schlumberger para operar Shushufindi.

Firmado en 2012, este contrato tiene un plazo de vigencia de 20 años; es decir, hasta 2032.

Petroecuador debe pagar una tarifa mínima por barril de USD 19,5, la tercera más alta de los 22 contratos.

Mientras tanto, la tarifa máxima en el campo Shushufindi es de USD 29,85 por barril. El pago final depende del precio del petróleo referente, que es el WTI.

El segundo contrato es con el consorcio Pardaliservices, conformado por las empresas Schlumberger, Tecpetrol, Canacol, y Sertecpet, para la operación del campo Libertador.

Esta empresa tiene la tarifa mínima por barril más alta, con USD 25,5 y una máxima de USD 38,54, también en función del precio del WTI. El plazo del contrato es a 18 años; es decir, vence en 2030.

Y, el tercero, es el contrato firmado por Petroecuador con Shaya, cuyo accionista es Schlumberger, para la operación del campo Auca, también tiene un plazo de 20 años; es decir, hasta 2036. La tarifa actual es de USD 27 por barril, según el contrato.

Los responsables de los contratos

Los dos primeros contratos fueron suscritos en 2012 por Marco Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador.

Calvopiña fue condenado a seis años de prisión como autor directo de un caso de asociación ilícita por una trama de corrupción ocurrida en Petroecuador, pero ahora está en prelibertad.

En cambio, el contrato para el campo Auca fue suscrito en diciembre de 2015 por José Icaza, cuando era gerente de Petroecuador.

Entre 2014 y 2015, el entonces gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, firmó 11 contratos más bajo la figura de servicios específicos con financiamiento.

Entre ellos, para la operación de campos, como Edén Yuturi, Lago Agrio y Palo Azul.

En diálogo con PRIMICIAS, Madrid dijo que todos esos contratos fueron auditados, en su momento, por la Contraloría y no recibieron ninguna observación.

Además, aseguró que para fijar la tarifa, en su caso, se contrataron empresas internacionales que definieron de manera técnica los valores.

Los plazos de vigencia de los contratos firmados por Madrid fueron menores a los inicialmente suscritos, es decir, a 15 y 16 años.

La tarifa mínima negociada también fue más baja que la acordada para los campos Shushufindi, Libertador y Auca, pues fluctuó entre USD 11,5 y USD 14,5 por barril y la máxima, entre USD 30,2 y USD 38,98 por barril.

A partir de 2016 y hasta 2019, el entonces gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga (+), firmó ocho contratos adicionales, con un plazo de vigencia de 10 años.

La tarifa mínima negociada fluctuó entre USD 9,29 y USD 16 por barril y la máxima fue de USD 16 y USD 29,7 por barril.

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