El Ministerio de Agricultura pidió que el pago a los Bucaram Aivas se realicen en bonos, a través del mecanismo dación en pago.
El Estado ecuatoriano todavía no logra recuperar los USD 22 millones que pagó a José Fernando Bucaram Aivas y a sus hermanos Carlos Elías y Juan Xavier, por un litigio de tierras en la isla Palo Santo (Guayas).
El pasado 18 de abril de 2024, la Corte Constitucional dejó sin efecto el habeas data concedido por tres jueces de Los Ríos y que obligaba al Estado pagar esa millonaria indemnización a los Bucaram Aivas.
Además, la Corte Constitucional dispuso que el Ministerio de Finanzas recupere esos recursos que habían sido pagados a través de bonos internos del Estado.
Y aunque el Ministerio de Finanzas fue la entidad que concretó el cuestionado pago en diciembre de 2023, durante el Gobierno de Daniel Noboa, este se ejecutó por pedidos que hizo el Ministerio de Agricultura (MAG), desde agosto de 2023, cuando Eduardo Izaguirre era ministro, en el Gobierno de Guillermo Lasso.
Un informe legal del 28 de agosto del 2023 emitido por el área legal del MAG señalaba que "el pago de la obligación es imperativo".
¿Entidades se tiran la pelota?
La disposición de la Corte Constitucional es que Finanzas, en coordinación con el MAG y el Banco Central (BCE), recupere esos valores. Sin embargo, ante la consulta de cómo se recuperarán esos USD 22 millones, el MAG respondió a PRIMICIAS: "Los bonos los pagó el Ministerio de Economía y Finanzas".
El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ya envió el 1 de mayo de 2024 al ministro de Agricultura, Danilo Palacio un oficio para pedir que asigne a alguien para coordinar la recuperación de los recursos.
En el oficio, Vega resaltó: "Finanzas, a solicitud de la Cartera de Estado que usted representa, inició el trámite administrativo correspondiente para el cumplimiento de una sentencia en la cual únicamente fue parte procesal el MAG; por lo tanto, Finanzas es un asignador de recursos".
¿Cuál fue el rol del Ministerio de Agricultura?
El Ministerio de Agricultura fue la entidad contra la que los Bucaram Aivas entablaron, en mayo de 2021, la demanda por esas tierras.
Los hermanos presentaron un recurso de habeas data para recuperar las tierras en Palo Santo, pues aseguraban que los terrenos pertenecían a su padre, pero le habían sido expropiados en 1.985 por una entidad pública (entonces, el Ierac) que años después sería absorbida por el MAG.
Y, en junio de 2021, una Corte local de Quevedo concedió el habeas data con la que cambió la titularidad de las tierras a favor de Bucaram Aivas, sentencia que fue ratificada, en segunda instancia, por una Corte Provincial de Los Ríos. Más tarde, en abril de 2023, se fijó una reparación económica de USD 22 millones.
Según informes técnicos del área legal del MAG, una jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en Quevedo hizo varias insistencias, desde mayo de 2023, ordenando al Ministerio de Agricultura que pague esos USD 22 millones a los hermanos Bucaram Aivas.
En los escritos en los que ordenaba el pago, la jueza advertía de los riesgos de destitución para los funcionarios del MAG por no cumplir con el pago.
¿Había prisa de pagar a los Bucaram Aivas?
Según el informe técnico del 15 de septiembre de 2023 elaborado por el MAG, en mayo y en junio de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en Quevedo, Los Ríos, ordenaba al Ministerio de Agricultura que pague los USD 22 millones.
En el primer comunicado, la jueza dio 20 días de plazo para pagar y en el segundo, dio otros cinco días de prórroga.
Según ese informe técnico del MAG, la jueza hacía alusión al artículo 22 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en donde se menciona que:
"En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución".
Sin embargo, eso no debió ejercer presión en los funcionarios del MAG, dice el abogado constitucionalista Aldrin Gómez.
"Se me hace raro que los abogados del Ministerio digan que había riesgo de que los destituyan. Ellos deben saber que las destituciones en materia de garantías constitucionales como el habeas data es una potestad que solo tiene la Corte Constitucional", añade.
Según Gómez, los jueces de primera y segunda instancia en este caso no podían haber dispuesto la destitución de ninguna autoridad del Ministerio de Agricultura. Y si eso ocurría, la decisión era fácilmente apelable porque la Corte Constitucional ya lo ha dejado claro.
Los argumentos de Finanzas
Las gestiones para pagar el laudo se realizaron en 2023 pese a que el mismo Ministerio de Agricultura ya había interpuesto, en enero de 2022, —cuando Pedro Álava era ministro de Agricultura— una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para revertir lo dispuesto por la Corte de Los Ríos.
Para el 28 de agosto de 2023, la Coordinación de Asesoría Jurídica del MAG, durante la gestión de Eduardo Izaguirre, emitió un informe legal en el que menciona que la entidad pidió varias prórrogas de pago a la Jueza, pero concluye que "el pago de la obligación es imperativo".
Ese informe también advierte que:
"Ante lo resuelto por Tribunal (Contencioso Administrativo), este Ministerio propuso acción
extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, sin embargo, hasta el momento no se ha resuelto la admisión o la inadmisión por parte del Tribunal de la Sala de Admisión del mencionado órgano".
Gómez, explica que las sentencias ejecutoriadas en materia de garantías constitucionales, como el habeas data, se tienen que cumplir de inmediato, según la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.
Precisamente, los Bucaram Aivas plantearon un recurso de habeas data para que les den esas tierras en Palo Santo.
Y aunque existan acciones extraordinarias de protección interpuestas ante la Corte Constitucional, esto no suspende los efectos de dichas sentencias, añade Gómez.
Es decir, aunque estaba en trámite la acción de protección del MAG ante la Corte Constitucional, como lo advierten los informes legales, en esencia, la obligación de pago de la deuda a los Bucaram Aivas estaba en firme para pagar.
Con este mismo argumento, en oficios enviados a Finanzas en septiembre de 2023, el MAG alegaba que debía pagar esa reparación económica a los Bucaram Aivas y, por eso, pedía a Finanzas que asigne los recursos.
El MAG pidió a Finanzas que el laudo se pague a través del programa de Preservación de Capital, lo que implicó que el Estado se endeude para pagar el laudo, a través de la emisión de bonos.
Este mecanismo de pago de laudos es permitido siempre que la entidad siga un procedimiento de envío de informes técnicos y legales, y que el laudo sea de más de USD 1 millón.
Este laudo contra el Ministerio de Agricultura cumplía los requisitos y además, el MAG cumplió con todos los requerimientos técnicos, según ha defendido el Ministerio de Finanzas.
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