724 camaroneras en playas y bahías tienen un año para legalizarse
El proceso beneficia a los productores que han realizado la actividad acuícola por más de cinco años. Si no se legalizan, las áreas serán revertidas al Estado.
El Gobierno presentó el Decreto para legalizar los predios camaroneros, en zonas de playas y bahía, en un acto en Pedernales (Manabí), presidido por el ministro de Producción, Julio José Prado, el 25 de abril de 2022.
Cortesía Cámara de Acuacultura del Ecuador
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Los productores de camarón, que realicen esta actividad en playas y bahías y que actualmente no cuentan con un título de concesión, tienen un año para legalizarse.
Lo establece el Decreto 408 firmado el 26 de abril por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
En Ecuador existen 724 predios dedicados a la actividad acuícola en situación irregular, que representan 18.901 hectáreas. Lo que significa un 9% del total de hectáreas camaroneras del país, que suman 218.351.
La legalización de esas áreas irregulares es un pedido del sector artesanal, y de los pequeños y medianos productores, que data de hace más de 10 años, según Lasso.
Proceso de legalización
Para legalizar los predios camaroneros, el productor deberá presentar una solicitud al Ministerio de la Producción.
La información que los camaroneros deberán presentar incluye una declaración juramentada de que han ejercido la actividad acuícola por más de cinco años.
Las extensiones de las concesiones de zona de playa y bahía estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- Organizaciones sociales y personas jurídicas: máximo 1.000 hectáreas.
- Personas naturales: máximo 250 hectáreas.
El Ministerio legalizará únicamente las áreas que tengan infraestructura, en su totalidad, construida hasta 1999.
En caso de que el predio irregular se encuentre en una zona protegida, el propietario del predio requerirá una autorización del Ministerio del Ambiente para solicitar el título de concesión.
El pago
Para legalizar los predios, los camaroneros deberán pagar los valores de derechos por todo el tiempo en que hayan ocupado el área desde 2010.
Las hectáreas que no sean legalizadas en el plazo de un año serán revertidas al Estado.
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