Caso Sobornos: Eseico recibe un coletazo y los inversionistas buscan recuperar el dinero

El caso Sobornos 2012-2016 ha dado un coletazo financiero a la compañía Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción (Eseico S.A).

La empresa está teniendo dificultades para pagar a los inversionistas que le compraron una emisión de papel comercial a 720 días de plazo por USD 4 millones.

Esta emisión de papeles fue realizada el 14 de mayo de 2018, cuando los títulos ostentaban una calificación de AA+.

Sucedió antes de que el presidente ejecutivo de Eseico, Ramiro Galarza Andrade, fuera vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016.

La Fiscalía investiga a 22 personas, entre ellas Galarza, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, relacionados con el finaciamiento de las campañas electorales de Alianza PAIS en ese periodo.

Inversionistas piden explicaciones

De acuerdo con un hecho relevante (comunicado a los inversionistas) publicado por la Bolsa de Valores de Quito, "el 16 de agosto de 2019, se llevó a cabo una asamblea de los obligacionistas, para tratar la situación financiera de la compañía".

Eseico se había atrasado en el pago a los tenedores del papel comercial y estos querían conocer las "propuestas para afrontar los siguientes vencimientos de obligaciones de corto plazo".

Una segunda reunión fue celebrada el jueves 29 de agosto, "con la finalidad de tratar la propuesta para afrontar los siguientes vencimientos de papel comercial".

El  9 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una nueva asamblea de los compradores del papel comercial para "tratar la propuesta del emisor para afrontar los siguientes vencimientos".

Y también para discutir "la propuesta de pago de las obligaciones vencidas".

La emisión se dividió en las clases D,E,G,I,J,K,L,N,O,P y Q.

"Se pudo llegar a resoluciones respecto de la propuesta de pago del emisor en el caso de las clases D,E,G,I,J,K,M,O y, Q", agrega el comunicado, pero "en el caso de las clases L,N y P, no se pudo aprobar la propuesta de pago".

Ese mismo documento dice que "las aprobaciones fueron aprobadas (sic) conjuntamente con la garantía propuesta por el emisor, que consiste en el 50% de las acciones que Eseico tiene en la compañía Consermin SA."

Además de "las acciones que Eseico tiene en la compañía Valsolar y un fondo de garantía de contrato que el emisor mantiene a través de un consorcio por una obra con el Municipio de Manta".

La nota agrega que "nos encontramos a la espera del envío de las propuestas pendientes de las clases L,N y P, por parte del emisor, para poder convocar a la asamblea de los obligacionistas que tratará esto".

Mientras tanto la página web de Eseico está inactiva.

Los líos de Galarza

Galarza aparece en los cruces de facturas entre empresas privadas y representantes de Alianza PAIS, en su calidad de presidente de la empresa Construcciones y Servicios de Minería (Consermin).

El cruce de facturas fue uno de los mecanismos que Alianza PAIS utilizó para recoger contribuciones no registradas ante la autoridad electoral de parte de empresas privadas.

La presunción de la Fiscalía es que, a cambio de dichas contribuciones, las empresas se adjudicaron contratos para construir obra pública e infraestructura con recursos del Estado.

Curiosamente, desde 2015, de acuerdo con información de Eseico publicada en la página web de la Bolsa de Valores de Guayaquil, "los ingresos de la empresa se generaron mayoritariamente a través de contratos directos o consorcios con el Estado".

Actualmente Galarza tiene prohibición de salida del país, debe presentarse periódicamente ante la justicia, tiene retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes, títulos valores y acciones.

Verde Final

Mientras que en el archivo conocido como "Verde Final", que fue extraído de la computadora de Laura Terán, quien fuera asistente de Pamela Martínez (la ex mano derecha del expresidente Rafael Correa), aparece Consermin.

La firma estaba registrada con una cuenta pendiente de pago por USD 1.641 y ya había pagado cuentas de Alianza PAIS, junto con Salas Constructores, por USD 398.385.

Metió mano en la reconstrucción de Manabí

De acuerdo con un informe sobre la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, realizado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Ramiro Galarza era sospechoso de supuesto enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria.

Esto, dice el informe, "por la asignación de obras por un monto de USD 284 millones a título personal y como representante legal de más de 40 compañías y consorcios".

"Las obras construidas por este contratista presentan anomalías técnicas tanto en la infraestructura como en el incremento de costos, a través de contratos complementarios", concluye el documento.