Cobro anticipado del Impuesto a la Renta: ¿solución para hoy, problema para mañana?

A la falta de recursos para enfrentar la crisis económica y el impacto de la pandemia, el Gobierno dispuso el pago anticipado del Impuesto a la Renta (IR), correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Con esa decisión espera recaudar USD 280 millones hasta mediados de octubre.

¿Quién debe pagar ese anticipo? 1.188 grandes empresas que generaron ingresos mayores a USD 5 millones en 2019 y reportaron utilidades en el primer semestre de 2020.

Este impuesto debía cobrarse entre marzo y abril de 2021 que, además, es un año electoral. Así, el nuevo presidente de la República, que será posesionado el 24 de mayo, ya sabrá que empezará su gestión con USD 280 millones menos en el presupuesto general del Estado, por Impuesto a la Renta.

Pero, el consejero económico del Ejecutivo y exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, asegura que la próxima administración también tendrá menos gastos.

¿Por qué? El Gobierno de Lenín Moreno está en un proceso de reestructuración de la deuda pública con los tenedores de bonos para reducir esa cuenta en USD 1.400 millones. Los resultados de esta renegociación se conocerán el 3 de agosto.

La reducción de los ingresos en 2021, no será la única consecuencia. Cobrar de manera anticipada los impuestos posterga un posible crecimiento de la economía porque al Gobierno le faltará dinero para reactivar el aparato productivo el próximo año, dice el abogado tributarista Napoleón Santamaría.

El experto asegura que la única opción para impulsar la economía en 2021 es la empresa privada. Santamaría cree que este sector productivo ecuatoriano ya se está "amoldando a la pandemia", pero que el gobierno debe dar las garantías para que este sector sea el motor de la economía.

¿Una buena decisión?

¿Para qué servirá el cobro anticipado del Impuesto a la Renta? Según la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, el dinero recaudado servirá para inyectar liquidez a la línea de crédito 'Reactívate Ecuador' y para atender la emergencia sanitaria.

La decisión del Gobierno tiene críticos, pero también defensores.

• La oposición

Gabriela Calderón, integrante del Instituto Cato, un centro de investigaciones de políticas públicas con sede en Washington (EE.UU.), cuestiona la medida del presidente Moreno.

La investigadora asegura que el Gobierno sigue atacando la falta de liquidez de manera errónea, con el cobro de tributos.

Calderón dice que la medida se siente como un "aumento de impuestos" en un año difícil por la emergencia sanitaria: las empresas generan ganancias, pero en menores rangos que años anteriores.

"Con el cobro anticipado se está sacrificando la liquidez de las empresas del sector productivo, (para favorecer) la liquidez del sector público que es mucho menos productivo que el resto".

Gabriela Calderón

El secretario ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, también tiene sus dudas por el uso que el Gobierno dará a los recursos. Teme que esa plata entre en un "saco roto", es decir, sirva para cubrir el déficit del sector público.

"Pensamos que la liquidez estaría mejor en manos del sector privado, en vez de que se vaya al sector público con los inconvenientes que éste tiene".

Roberto Aspiazu

Entre enero y julio de 2020, el Gobierno Central registra atrasos por USD 3.135 millones, según el Ministerio de Finanzas. En esa lista están las asignaciones pendientes a los Gobiernos Seccionales, a la Seguridad Social o el pago de salarios al sector público.

• La defensa

Pero, para el consejero económico del Ejecutivo y exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el cobro anticipado del Impuesto a la Renta no es tan grave como parece.

Y destaca, por ejemplo, que la decisión no afecta a las empresas que tuvieron ingresos por más de USD 5 millones en 2019, pero que registraron pérdidas por efecto de la pandemia en el primer semestre de 2020.

"No es un impuesto adicional, sino un cobro anticipado a las empresas que tienen utilidades", dijo Ortiz.

Eso sí, el exministro de Finanzas reconoce que, ante esta nueva medida, persiste el cuestionamiento de si el Gobierno está haciendo su tarea para bajar el gasto estatal y "reducir los malos manejos fiscales".

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