Un examen especial determinó irregularidades en varias etapas del proyecto minero en Azuay. La autorización para el inicio de explotación no tomó en cuenta que el proyecto no contaba con los caudales de agua requeridos en la ley.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y Ministerio del Ambiente emitieron un informe favorable para el estudio de factibilidad del proyecto minero Río Blanco, sin considerar que éste no contaba con las autorizaciones para el uso de agua en los caudales requeridos, dice la Contraloría General.
Y el Ministerio de Minas autorizó el cambio de fase e inicio de explotación del proyecto minero localizado en la parroquia de Molleturo, en Azuay a pesar que no contaba con autorizaciones para el uso del agua
El examen especial de la Contraloría, realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2017 y aprobado en mayo de 2019, señala que hubo una serie de omisiones de parte de la empresa Ecuagoldmining, titular de la concesión, así como de los ministerios de Minería y de Ambiente, y de la Arcom.
La Contraloría dice que la concesión es parte de la zona de amortiguamiento del área de la Reserva El Cajas.
El Ministerio del Ambiente otorgó los permisos de viabilidad técnica para la actividad minera el 9 de octubre de 2011, en la administración del presidente Rafael Correa.
El proyecto de oro y plata está detenido desde mayo de 2018. Desde esa fecha, un grupo que se opone a la minería evita que los empleados de la empresa Ecuagoldmining, dueña de la concesión, retomen sus actividades.
Hallazgos
1.- La fase de explotación fue autorizada con base en un estudio contradictorio
En una resolución del 14 de diciembre de 2010, el subsecretario regional de la Demarcación Hidrográfica del Guayas estableció que el proyecto tenía una autorización de uso y aprovechamiento de agua de 5,77 litros por segundo provenientes de la quebrada Yantahuaycu, de los cuales 5,63 litros por segundo podían destinarse al proceso industrial.
Pero, en marzo de 2015, la empresa minera dijo al Gobierno que necesitaba 50,86 litros por segundo para la actividad. De ellos, 41,61 iban a estar destinados al proceso industrial.
El 70% del agua sería obtenido de un sistema de recirculación, que evitaría que la población de la zona se quedara sin agua. Para ello, la empresa pidió el uso de 15,26 litros por segundo de agua limpia.
Los procedimientos siguieron sin tomar en cuenta la contrapropuesta de la empresa.
Y en noviembre de 2015 el Ministerio de Minería autorizó el inicio de la etapa de explotación de Río Blanco, con una autorización de uso de agua de 5,77 litros por segundo, tomados de la quebrada Yantahuaycu.
La cantidad de agua era insuficiente. Días después y por pedido de Ecuagoldmining, el Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Jubones autorizó el uso adicional de tres fuentes de agua: las quebradas Migsihuigsi, Catichimachay 2 y Achupallas.
Las tres fuentes de agua sumaban 17,186 litros por segundo, de los que 16,77 litros por segundo serían destinados al proceso industrial de Río Blanco.
Con esta autorización estatal el proyecto aurífero Río Blanco dispone de 22,4 litros por segundo, según la Contraloría.
2.- Faltaba la evaluación económica de la mina
El informe de la Contraloría determinó que Ecuagoldmining exploró a la veta “Alejandra” a una profundidad de 270 metros.
Reconoció que realizaría el análisis más profundo de la veta “Alejandra” para detectar el potencial minero, a la par de las actividades de explotación.
El resto de zonas de mineralización como San Luis, Bolívar, Lourdes y Doradas estaban en exploración y ofrecían “grandes perspectivas de encontrar nuevos recursos y reservas, con las cuales, el yacimiento se incrementaría en cuanto a la presencia de oro y plata”.
Ecuagoldmining advirtió que otras áreas de la concesión minera no fueron debidamente exploradas y que haría actividades complementarias en la fase de explotación para determinar el potencial minero.
La Contraloría afirmó que esa posibilidad está prohibida en la ley de Minería. No obstante, fue en estas condiciones que se aprobó el inicio de la fase de explotación.
El cambio de fase fue adoptado a pesar de no contar con una “evaluación económica integral”. Solo se tomó como base la veta Alejandra y de manera superficial las reservas de las vetas: Bolívar, Doradas y Lourdes.
3.- Causales para dejar sin efecto el uso del agua
El examen especial de la Contraloría determinó que no fueron construidas las obras de captación de agua. Tampoco se instalaron los aparatos de medición y comprobó el recurso hídrico no es utilizado.
En noviembre del 2015, la empresa fue autorizada para que use y aproveche el líquido de tres quebradas adicionales a la de Yantahuaycu.
El Gobierno otorgó 90 días a Ecuagoldmining para la construcción de las obras de captación pero el plazo no fue cumplido.
Seis meses más tarde, la empresa china solicitó una prórroga de 45 días para construir las obras de captación de agua.
Durante el periodo del examen especial, la Contraloría no evidenció la construcción de obras de captación autorizadas en las tres quebradas.
Las irregularidades son causales de suspensión y reversión de la autorización para el uso del agua, previstas en el artículo 128 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, según la Contraloría.
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