Ecuagran está valorada en USD 20 millones. El liquidador José Ibáñez planea reactivar las operaciones para pagar a los acreedores.
El liquidador José Ibañez es, desde el 20 de diciembre de 2021, el depositario judicial de la incautación de la planta Ecuatoriana de Granos (Ecuagran) en liquidación, por disposición del juez penal del Guayas, Oswaldo Sierra.
La decisión se desprende del proceso por falsedad de información instaurado en contra de los exfuncionarios de Ecuagran y Delcorp, Gad Goldstein, Enrique Huerta -quienes están en Estados Unidos- y Enrique Weisson, actualmente en España.
El juez Sierra solicitó la difusión roja a la Interpol para que Goldstein, Huerta y Weisson regresen a Ecuador y respondan ante la justicia ecuatoriana.
El objetivo del liquidador es reactivar las operaciones de Ecuagran para poder venderla en 15 años como un negocio y no como un inmueble.
Pero en ese periodo, Ibáñez deberá recuperar entre USD 40 y USD 50 millones que serán destinados al pago de deudas.
Primero hay que operarla, dice Ibañez, para luego crear un flujo de caja y poder venderla.
El plan de liquidación de Ecuagran contempla la reinserción de la empresa a las operaciones portuarias y de comercialización de trigo, lo que será la única fuente de ingresos para pagar a los acreedores.
En la actualidad, la planta de Ecuagran, un terminal portuario especializado en la descarga de cereales al granel, está valorada en USD 20 millones y el objetivo del liquidador Ibañez es reactivar las operaciones para pagar cerca de USD 90 millones a los acreedores.
Entre los perjudicados por Ecuagran y Delcorp están el banco de la Seguridad Social (Biess), el fondo de pensiones de la Policía (Isspol), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Fondo de Cesantías del Magisterio y hasta la aseguradora estatal Seguros Sucre.
Ecuagran permanece inactiva desde agosto de 2020, luego del escándalo financiero desatado cuando Ecuagran y Delcorp dejaron de pagar sus deudas en el mercado de valores.
Esto perjudicó a los inversionistas que compraron los papeles que esas dos empresas negociaron en el mercado.
El plan de reactivación
Ahora la meta es reactivar las operaciones para evitar que la planta se deteriore y su precio se devalúe. “Como no la han podido poner en marcha, tuvimos que hacer la incautación”, indica Ibañez.
El primer paso es interponer una acción de protección en contra del embargo del Biess, que permita el desbloqueo de las cuentas bancarias, la devolución de vehículos y la liberación de los silos, “que es el bien más cotizado de Ecuagran”.
Además se solicitará un arbitraje para obtener un pronunciamiento sobre la factibilidad de mantener las operaciones mientras dure la liquidación.
El liquidador ha solicitado ya los permisos para funcionar al Servicio Nacional de Aduana (Senae) y a la Secretaría de Puertos, lo que demorará al menos tres meses.
Ibañez calcula que a los trabajadores de Ecuagran se les debe USD 1 millón; al Biess, USD 10 millones; al Isspol, USD 23 millones; a Ludsar, USD 9 millones; y al Magisterio, USD 5 millones.
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