Pago de tarifas y deudas petroleras llegará a USD 1.295 millones en 2022

Ecuador tendrá que pagar USD 1.295 millones en 2022 por tarifas y deudas con las empresas que tienen contratos de prestación de servicios petroleros con el Estado.

Estas obligaciones financieras reducirán los ingresos que debería recibir el Presupuesto General del Estado (PGE) por las ventas de petróleo y sus derivados, según la Proforma 2022.

Con una producción de petróleo, que llegaría a 492.821 barriles diarios el próximo año, el Estado prevé ingresos netos de USD 13.687 millones.

Pero no todos esos recursos entrarán al Presupuesto General del Estado.

Del total de ingresos netos, USD 10.932 millones serán para cubrir las obligaciones por operaciones petroleras y compra de combustibles.

Con ello, el Presupuesto del Estado del próximo año solo contará con USD 2.755 millones o el equivalente al 20,1% de los ingresos netos por la actividad hidrocarburífera.

De cada USD 100 de ingresos petroleros netos, solo se transferirán al Presupuesto USD 20.

El monto de USD 1.295 millones que el Estado debe cancelar a contratistas petroleras está relacionado con las condiciones de los 13 contratos de prestación de servicios vigentes en el país.

Esos contratos fueron firmados durante el Gobierno de Rafael Correa y significan altos costos para el Estado, que debe pagar tarifas fijas, aun en el caso de que el precio del barril de crudo sea inferior a ellas.

Dentro de los contratos de servicios específicos existe una cláusula denominada 'carry forward', que también genera gastos al Estado.

El 'carry forward' implica que si el precio internacional de crudo baja de un cierto umbral, el Estado deja de pagar la tarifa a las operadoras de los campos petroleros y acumula una deuda.

Obligaciones pendientes de pago con las empresas petroleras que se cubren cuando el precio del crudo sube.

Nuevos contratos

El gobierno de Guillermo Lasso quiere dejar atrás los cambios legales que hizo el expresidente Rafael Correa en 2010, cuando reformó la Ley de Hidrocarburos y, prácticamente, obligó a las petroleras a cambiar sus contratos de participación por contratos de servicios.

Lasso busca reemplazar los contratos de servicios por los de participación, a través del Decreto 95 y de los ajustes a la Ley de Hidrocarburos que son parte de la reforma tributaria que actualmente está siendo analizada por la Asamblea Nacional.

Con los contratos de servicios, el Estado es dueño del 100% de las reservas de petróleo del país y las petroleras actúan simplemente como prestadoras de servicios a cambio, una tarifa fija por barril producido.

En el contrato de participación la compañía petrolera que invierte, explora y opera un área recibe una parte de la producción de crudo para cubrir sus gastos e inversiones. El resto del petróleo se lo lleva el Estado.

El cambio de la modalidad contractual, que será voluntario, es parte de la reforma tributaria denominada Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.

Con los contratos de participación, el país busca duplicar la producción de petróleo de 502.900 a 980.700 barriles diarios entre 2022 y 2025.

Las 'preventas'

El Gobierno tiene firmados cuatro contratos de venta anticipada de petróleo con empresas asiáticas: uno con Unipec y dos Petrochina, ambas estatales chinas; y uno con Petrotailandia (PTT), de Tailandia.

Todos fueron suscritos durante el Gobierno de Correa, según información del Ministerio de Energía, y consisten en firmar contratos de venta de petróleo y fuel oil a cambio de créditos anticipados, o en contratos de venta a largo plazo.

Según la proforma, de los USD 2.755 millones que ingresarán al Presupuesto por las actividades petroleras, USD 2,08 millones serán destinados a pagar las obligaciones por venta anticipada de crudo en 2022.

El pago de los anticipos por venta de petróleo corresponde a las obligaciones con Petrotailandia, vencimiento que culmina el próximo año.

Pero los cargamentos de crudo seguirán comprometidos con las empresas asiáticas hasta 2024; por ejemplo, para Petrotailandia serán 53.424 barriles diarios en 2022.

En Gobierno de Lenín Moreno adjudicó en 2019 una preventa a la anglo-holandesa Shell, pero esa administración dijo que fue por concurso y en mejores condiciones que los contratos de la era de Correa.

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