La Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casepec), que agrupa a 55 compañías, pide al Gobierno que regule su distribución. En 2022, Ecuador importó USD 1,1 millones en armamento.
En los últimos 16 años, los guardias privados han sorteado la inseguridad en el país con armas no letales. Esto, luego de la decisión del Gobierno de Rafael Correa, de prohibir en 2007 su importación, como un mecanismo para combatir la delincuencia.
Tres semanas después del anuncio del presidente Guillermo Lasso de reducir el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 300% al 30% para su importación, la espera sigue.
Ahora, las compañías demandan del Gobierno “reglas claras” para la compra y la distribución.
“Acogemos de forma positiva la decisión, pero no sabemos cómo se va a materializar: quién, cómo, cuándo y dónde se puede adquirir, precios, la parte operacional”, manifestó a PRIMICIAS Luis Guevara, director de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casepec).
El directivo envió una carta al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, hace 10 días. En ella, le propuso que se designe a la empresa pública Santa Bárbara para importar las armas y que luego las distribuya a las empresas de seguridad privada.
PRIMICIAS preguntó al ministro Arosemena sobre el tema y dijo que el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de aplicar la medida. Su titular, Francisco Briones, aún no responde a la consulta.
Las 55 compañías que agrupa el gremio se mantienen expectantes de las directrices. Solo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden adquirir armas letales para neutralizar a las bandas delictivas.
Mientras tanto, los guardias de seguridad siguen brindando el servicio con armas no letales. Incluso su precio se disparó, según Guevara. Pasó de costar USD 200 a USD 600.
"Esta decisión afectó mucho la operatividad de las empresas de seguridad privada, porque para ninguna persona es apetecible contratar un servicio sin armas", agregó Guevara.
Apenas se defina el mecanismo, las empresas destinarán casi la mitad de su presupuesto en dotarse del armamento.
Según datos del Banco Central del Ecuador, difundidos por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), la fuerza pública adquirió USD 1,1 millones en armamento diverso, como revólveres y pistolas, durante 2022.
Esto es 318,08% más que lo comprado en 2021, al sumar USD 263.149. Los países de la Unión Europea, Turquía, Estados Unidos, China y Colombia son los principales proveedores del armamento.
Armar a los guardias no solucionará la violencia
Para Wilson Figueroa, presidente de la Asociación de Guardias y Agentes de Seguridad Privada del Ecuador (Agaspe), la violencia no se reducirá porque los guardias estén armados.
"Ahora seremos objeto de asaltos porque los delincuentes nos querrán robar ese armamento. Si antes sucedía, ahora con facilidad disparan un arma por llevarse otra", dijo.
Esto, añadió, debido al grado de impunidad que existe entre las bandas organizadas.
No obstante, cree que hay lugares donde el agente de seguridad debería estar desarmado para no ser blanco de los criminales. Estos son: escuelas y colegios, universidades, hospitales y ciertas dependencias públicas. Aunque está consciente de que esta realidad puede cambiar.
La Agaspe agrupa a 2.200 guardias de seguridad, pero hay cerca de 160.000 a escala nacional.
Según la Unidad Nacional de Control de Seguridad Privada y Control de Armas Letales y No Letales de la Policía, 1.002 empresas de esta naturaleza tienen permisos vigentes en todo el país.
Esta dependencia policial realiza inspecciones físicas de las instalaciones de dichas compañías. También controla el uso de armamento letal y no letal en las mismas, explicó Mauricio Romo, jefe de la Unidad.
El permiso para el porte de las armas sigue a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El director de la Casepec explicó que el tiempo de vida de un arma depende del uso, pero que en promedio puede durar unos 15 años.
El tipo de armamento que adquiere una empresa de seguridad privada varía según el servicio. Va desde revólveres calibre 32 y 38, de corto y largo alcance, y se usan en urbanizaciones, almacenes y distintos comercios.
Mientras que para cubrir los sectores bancario y petrolero, así como la custodia de valores, necesitan armamento automático, como pistolas nueve milímetros y carabinas con cartuchos de 12, y fusiles con calibre autorizado.
Previo a su utilización, los guardias deben pasar dos niveles de capacitaciones y rendir exámenes con la unidad policial encargada.
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