Ministerio de Transporte empezó obras 'parche' en la vía más cara del país

La vía Manta-Colisa nació con irregularidades. Meses después del terremoto del 16 de abril de 2016, que causó un desastre social en Manabí, la empresa pública Ecuador Estratégico adjudicó un contrato por USD 83,6 millones para construir una vía de 21 kilómetros. 

La obra prometía ocho puentes de desnivel, ampliación de la vía, 6 kilómetros de ciclovía y 7.2 kilómetros de carriles de servicio nuevos, que debían estar listos en 2019.

Nada de esto se ha cumplido. 

El presupuesto salió del impuesto recaudado a los ecuatorianos para aportar al Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. 

El contrato era por USD 100 millones, por 21 kilómetros; es decir, casi USD 5 millones por cada kilómetro, lo que la hace la vía más cara del país. 

El Estado entregó USD 65 millones a la empresa contratista Consermin, involucrada en el caso Sobornos 2012- 2016, por el delito de cohecho agravado.

La vía Manta -Colisa es parte de la red interestatal E15, lo que significa que el MTOP tiene la competencia. Sin embargo, Ecuador Estratégico estaba a cargo de la carretera.

“A inicios de 2020 se hizo la terminación unilateral con el contratista, que es Consermin”, dice Gabriel Martínez, Ministro de Transporte y Obras Públicas, aunque la empresa paró la obra en agosto de 2019.

Debido a la pandemia del Covid-19, el finiquito del contrato “no se hizo con la agilidad del caso porque estuvieron suspendidas las entidades judiciales”, explica Martínez. 

"Si ellos (Oriente Seguros) no pagan, caen en causal de disolución”.

Gabriel Martínez, ministro de Obras Públicas.

Solo en junio comenzaron a ejecutar las acciones legales. Pero Consermin, según Martínez, impuso medidas cautelares para impedirlo. 

A eso se acoge ahora la compañía de seguros Oriente, explica el ministro, "para no entregar las dos pólizas": la de fiel cumplimiento de contrato y la de buen uso de anticipo, que entre ambas suman USD 21,9 millones.

Pero la medida cautelar impuesta por Consermin “no fue aceptada, entonces no habría ninguna justificación para la cual ellos (Oriente Seguros) no paguen”, dice Martínez.  

El asunto está en el ámbito administrativo. “La Superintendencia de Compañías y Seguros ya ordenó que se haga ese pago, pero la compañía Oriente apeló”, añade Martínez, quien espera que esta semana reciba la respuesta favorable de la Superintendencia ratificando su decisión.

En un comunicado, la compañía Oriente Seguros dice que "al momento existe un proceso judicial en curso interpuesto por Consermin, mismo que fue presentado antes de la terminación del contrato por parte del contratista", es decir, por Ecuador Estratégico.

Agrega también que "será el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito el que determine la finalización del contrato, el monto y la ejecución de las garantías".

“Si ellos no pagan, caen en causal de disolución”, recalca Martínez, quien además critica a la Superintendencia de Compañías de “tener una posición, laxa, relajada con las compañías de seguros y no exige sus pagos”.

Pero ni siquiera cobrando las garantías se tendría el dinero que se requiere para terminar la vía, que son USD 25 millones. 

Esta cantidad tampoco alcanza para concluir la carretera como fue planificada al inicio. Las autoridades de ese tiempo la presentaron como una obra “prioritaria”.

De los 8 pasos de desnivel que se proyectaron construir, sólo seis se levantaron y cinco están construidos a la mitad. Y solo estos serán los que terminarán.

Para Lucía Fernández, del Comité Cívico de Manta, “no existieron los estudios donde se determine que esa obra era una necesidad para la ciudad, ni tampoco contó con los estudios técnicos de tráfico”. 

"No se deberían hacer proyectos parches y no lo debería aceptar el alcalde. Lo que debería hacerse es negociar la terminación”.

Lucía Fernández, vocera del Comité Cívico de Manta.

Manta tiene otras necesidades que no han sido atendidas por falta de presupuesto o gestión, resalta Fernández, como “el problema hidrosanitario y el rescate de sus playas”. 

En 2019, Manta declaró la emergencia hidrosanitaria por el colapso de las piscinas de oxidación. Se requieren cerca de USD 70 millones para tener una planta de tratamiento de aguas servidas, que no se ha podido ejecutar por falta de presupuesto. 

La carretera, que pasa cerca de las obsoletas piscinas de oxidación, ha costado más de lo que se necesita para resolver un problema mayor de salud pública que ha tenido la ciudad desde siempre.

"Parches" mientras llega el dinero

Han pasado más de tres años desde que se empezó a construir la vía Manta-Colisa, y la obra no se ha concluido ni en un 60%. 

Esta carretera es una arteria vial importante para Manta, donde hay empresas, colegios, instituciones públicas y viviendas. 

Desde hace dos semanas ante la insistencia del Municipio de Manta, explica el encargado de obras, Emilio Macías, el MTOP ha empezado a hacer arreglos en las partes más afectadas. 

“El Consejo hizo un exhorto y pasamos un presupuesto de los tramos más urgentes, porque son peligrosos. Hay tramos en los que se puede encontrar con un puente de frente y da miedo chocar”, explica Macías.  

Según el representante del Municipio, “en esta vía han ocurrido más de 12 accidentes por no no estar terminada. Hay una serie de situaciones que nos complican la movilidad urbana”.  

El Ministro de Obras Públicas explica que lo que se ha hecho es atender el tema por administración directa, destinando USD 1 millón del presupuesto del ministerio. 

“Lo que estamos haciendo es que con nuestros equipos, nuestro personal, comprando nosotros los materiales, trabajamos en algunos lugares donde había un deterioro de la carpeta asfáltica”. 

Martínez explica que “básicamente es poner asfalto en los lugares más afectados, pero el cierre y los pasos elevados se tendrían que contratar”. 

Desde el Comité Cívico de Manta, su vocera no está de acuerdo “en que se hagan proyectos parches y no lo debería aceptar el alcalde. Lo que debería hacerse es negociar la terminación”. 

Si la Superintendencia de Compañías se pronuncia y ratifica su primera decisión, la compañía de seguros debería pagar en enero de 2021 las dos pólizas para recuperar USD 21,9 millones. 

Pero el ministro Martínez prevé otro escenario si no se logran cobrar las garantías. “Tendremos que planificar intervenciones, así también puntuales, durante el próximo año para ir avanzando poco a poco o buscar otras fuentes de financiamiento".