Empresa chilena y Estado ecuatoriano, en pugna por el Puerto de Manta

El Puerto Internacional de Manta, el más importante del país, está en medio de una polémica tras una alerta de presuntas irregularidades relacionadas con la compra-venta de acciones.

La disputa detonó una división entre una multinacional chilena y una entidad del Estado ecuatoriano.

Frente a este escenario, existe una acción de protección con medida cautelar, cuya audiencia está prevista para el 10 de noviembre de 2023, a las 10:30, en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte, en la vía a Daule (Guayas).

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Este mecanismo fue interpuesto por la compañía chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), operador del Terminal Portuario de Manta (TPM), luego de que la Autoridad Portuaria de Manta (APM) denunciara presuntas irregularidades en el contrato de Delegación del Puerto.

La demanda constitucional es contra la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas; Ministerio de Transporte; Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial; Autoridad Portuaria de Manta; Servicio Nacional de Aduana de Ecuador y la Procuraduría General del Estado.

Según TPM -filial de la multinacional chilena Agunsa-, la acción de protección se interpuso porque los inversionistas extranjeros no sienten seguridad jurídica.

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Además, ven “amenazadas sus inversiones, que están superando los USD 60 millones en términos de infraestructura, maquinaria, equipos, otros... y más de USD 8,5 millones que ha recibido como regalía el Estado ecuatoriano”.

Por ahora, desde TMP esperan que los funcionarios de Autoridad Portuaria hagan un mejor análisis antes de “emitir criterios”.

Ante esto, desde APM consideran que con la acción de protección “se pretende silenciar el accionar de nuestra gestión en procura de que no salgan a la luz los hechos de este caso”.

APM versus TPM

Ronald Muñoz, gerente de Autoridad Portuaria, informó que en el control que mantienen al contrato de Delegación del Puerto de Manta, y tras una verificación en la Superintendencia de Compañías, “se encontró que el año anterior, en noviembre, Agunsa Chile había vendido todo su paquete accionario para una entidad que se llama Agunsa Internacional ETVE, S.L. España”.

Para febrero de 2023, TPM comunicó a APM que Agunsa había realizado un movimiento como parte de una reestructuración, pero en la “Superintendencia de Compañías dice compra de acciones”, explica Muñoz.

Además, el gerente fundamenta que todo lo anterior se hizo sin contar con la autorización previa de la APM.

Mientras que Roberto Salazar, presidente del Terminal Portuario, asegura que en “ningún caso se ha generado una venta de acciones o la pérdida de control de la delegación, lo único que se dio fue una reestructuración societaria entre Agunsa Chile y Agunsa España”.

Salazar agrega que este caso no es un hecho aislado.

Desde el primer día "que asumimos la delegación del puerto, hemos pasado por distintos momentos, en los que han tratado de generar este tipo de crisis, motivado por un grupo que seguramente tiene algún tipo de interés particular y que está plenamente identificado”.

Aspiraciones de APM

Autoridad Portuaria no solo señala que hay "irregularidades" cometidas por Agunsa, relacionadas con la transferencia del paquete accionario, sino también que la Delegación del puerto de Manta genera pérdidas al Estado por inequidad en la distribución de recursos.

La entidad pone como ejemplo que TPM, desde el inicio de sus operaciones, ha facturado USD 134 millones, de los cuales APM ha recibido USD 4,2 millones, “situación que refleja una evidente pérdida”.

Además, APM considera que la “transferencia del paquete accionario, sin contar con la autorización previa”, infringe las cláusulas del Contrato de Gestión Delegada del Puerto de Manta, lo que podría originarla “terminación unilateral” del mismo.

Conjuntamente, el gerente de Autoridad Portuaria manifestó que buscan cumplir la disposición de Contraloría de que se renegocie el contrato con la compañía chilena “por ser lesivo a los intereses del Estado”.

Ojos de Contraloría en el Puerto

Para octubre de 2016 ya se hablaba sobre las denuncias que recibía la Contraloría General del Estado sobre supuestas irregularidades dentro del proceso de concurso público para la concesión del Puerto de Manta.

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, bajo la figura de alianza público-privada, se celebró́ el Contrato de Gestión Delegada para el “diseño, financiamiento, ejecución de obras adicionales, equipamiento, operación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Manta”, a la compañía Agencias Universales S.A. Agunsa, por un periodo de 40 años.

La inversión supera los USD 177 millones, en dos fases, que incluían las reparaciones y repotenciación de las áreas a ser delegadas y el equipamiento con maquinaria de última generación.

Tras la firma, la terminal pesquera quedó en manos del Estado, es decir, a cargo de Autoridad Portuaria de Manta (APM).

Mientras que la terminal internacional se delegó a Agunsa, constituyendo su filial Terminal Portuaria de Manta (TPM).

Luego se conoció un informe de Contraloría con 48 observaciones a la concesión, en las que se cuestiona el proceso de delegación a la chilena Agunsa.

Incluso, en 2020 se indicaba que el Estado ecuatoriano renegociaría el contrato para “buscar mejores condiciones”.

La renegociación

Rigoberto Carvallo, exgerente de Autoridad Portuaria de Manta, considera que lo que debió realizar APM es continuar con las mesas técnicas que en su gestión avanzaron en un 90%, para hacer una renegociación del contrato.

“Nosotros sí activamos unas mesas técnicas, a partir de que llegó una carta de intención de parte de TPM en mayo de 2023 para mejoraras en el contrato, con la posibilidad de ampliar áreas delegadas”, explica Carvallo.

El exgerente dice que activaron las mesas para revisar el contrato de delegación actual y aclara que, por ejemplo, en esa revisión dejaron claro que no se incluía el Terminal Pesquero y de Cabotaje, que ofrece servicio a la flota nacional.

E incluso pudieron avanzar hasta encontrar un modelo económico que podía mejorar las condiciones del contrato en dos características:

• Incrementar el canon fijo que se paga a Autoridad Portuaria de Manta.
• Cambiar el modelo del canon variable (actualmente por TEU).

Es decir, era viable cambiar canon por ingreso. “Por cada dólar que ganaba TPM, también debía ganar APM. Entonces mejoraba muchísimo las condiciones del contrato”.

¿Qué faltaba para que se concretara la renegociación? "Finalizar el 100% de las mesas técnicas, presentar al directorio los informes con recomendaciones y hacer unas adendas al contrato”.

“Lo que sí le puedo decir es que, durante mi administración, las relaciones fueron muy cordiales, abiertas y respetuosas. Entiendo que ahora hay conflictos, la revisión debe de ser con diálogo, muy técnica, para no romper el modelo económico de la alianza pública-privada”.

“Yo creo que no van a llegar a ninguna renegociación, si ambas partes están peleadas y van a conflictos”, añade Carvallo.

Para el exfuncionario, de terminarse el contrato con la compañía chilena, es un mensaje negativo para los inversionistas extranjeros “totalmente perjudicial” y “pienso que se debe de renegociar, pero de una forma consensuada, con diálogos, mesas técnicas y no a la brava".

El puerto en manos de Agunsa

El presidente del Terminal Portuario justifica la delegación a la multinacional y expone que de “caerse el contrato de delegación” habría millonarias pérdidas económicas.

Lo anterior incluye afectaciones en empleos, menos interés de inversionistas, no habría regalías para el Estado, disminución de operaciones y deterioro de la imagen internacional.

Salazar detalla que hay que considerar lo siguiente del proyecto:

• Generación de USD 60 millones en inversiones al cierre de este año.
• Inyección a la economía de la provincia, que supera los USD 33 millones.
• Generación de más de 10.500 empleos (directos e indirectos).
• Atención de 108.800 cruceristas atendidos (pasajeros y tripulantes).
• Al menos USD 8,5 millones de regalías al Estado ecuatoriano.
• Incremento del volumen de las operaciones: en mano estatal (2016) un total de 622.744 toneladas; mientras que en 2022, bajo el operador privado, 1.127.093 toneladas.

Además, cree que una finalización del contrato ubicaría a Manta y al país a niveles de 2009, cuando hubo una decisión unilateral y TIDE, filial del grupo chino Hutchinson Port Holdings, abandonó la concesión.