Empresas empiezan a demandar financiamiento a largo plazo

Las empresas de los sectores de construcción, alimentos y automotor están buscando financiamiento a largo plazo en el mercado de valores para hacer frente a la reactivación de la economía.

Es un fenómeno que se expresa en el crecimiento de la emisión de obligaciones (deuda corporativa) en bolsas.

Las empresas buscan financiamiento a plazos de más de 360 días, contados desde la emisión de las obligaciones hasta su vencimiento.

En muchos casos, los plazos de vencimiento de estos papeles en el mercado de valores ecuatoriano llega a ser de hasta cuatro años.

Las negociaciones de obligaciones alcanzaron los USD 570 millones entre enero y septiembre de 2022, según la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).

Un incremento de 46% frente al mismo período de 2021. Y si se compara con niveles previos a la pandemia de Covid-19, es decir, con enero-septiembre de 2019, el crecimiento es de 30%.

Lo anterior es una señal de que las empresas están desarrollando proyectos a largo plazo y, por lo tanto, necesitan financiamiento de más de un año, explica Diego Castro, presidente de la casa de valores Mercapital.

En ese contexto, la emisión de obligaciones es una fuente atractiva de financiamiento porque las condiciones de plazo y de amortización se fijan de acuerdo con las necesidades de las compañías que emiten los papeles.

Las obligaciones son valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión.

Dinero más barato

Las empresas también buscan endeudarse a tasas de interés inferiores frente a las del sistema financiero.

Hay firmas que han realizado emisiones de obligaciones con tasas de interés que oscilan entre 4% y 5% anual. Mientras que en el sistema financiero las tasas para el segmento productivo varían entre 8% y 9% anual, según el Banco Central.

Las tasas se están elevando en Ecuador por varios factores, como una menor captación de depósitos y la elevación de los tipos de interés en Estados Unidos, país que busca controlar la inflación.

Pero conseguir recursos a tasas interés bajas en el mercado bursátil depende de la calificación de riesgo, de la trayectoria de cada empresa y de su transparencia, aclara Castro.

"El mercado de valores no reemplaza a la banca, sino que es una alternativa más para que las empresas obtengan financiamiento", agrega Castro.

Para finales de 2022 está previsto que varias empresas salgan con emisiones de obligaciones en las bolsas de valores de Ecuador, de acuerdo con Castro.

En total, 55 empresas, como Corporación El Rosado, Toyota y Kubiec, han realizado emisiones de obligaciones en los nueve primeros meses de 2022, según los registros de la BVQ.

Para que las empresas emitan papeles de deuda corporativa (obligaciones) en bolsa deben presentar sus estados financieros auditados, el detalle de activos libres de gravamen y tener una calificación de riesgo, entre otros requisitos.

Fraudes con facturas

Por otro lado, el mercado de valores ecuatoriano ha enfrentado algunos fraudes en los últimos años, lo que redujo la negociación de ciertos instrumentos, como las facturas comerciales.

Las negociaciones de facturas comerciales llegaron a USD 53 millones entre enero y septiembre de 2022: una contracción de 77% frente a 2020, cuando hubo casos de impagos a los inversionistas, lo que trajo un cambio en la normativa.

Algunas empresas vinculadas cayeron en impagos en bolsa porque negociaron facturas comerciales que, supuestamente, no tenían por detrás operaciones económicas reales.

Entre los casos más sonados figuran Delcorp, en proceso de disolución, y Fertisolubles.

Las dos empresas están relacionadas entre sí y adeudan USD 28,5 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el tercer mayor fondo de inversión de Ecuador.

Otras firmas que le deben dinero al Isspol son Casa Moeller Martínez y Crisol Comercial.

El último caso en conocerse es el de Sumesa y su empresa vinculada Distsum, que entre 2019 y 2020 negociaron en bolsa facturas comerciales.

Estos papeles "no tendrían sustancia económica", según la Intendencia Nacional de Mercado de Valores.

La Intendencia alega que Sumesa vendió y recompró el mismo inventario de la compañía Distsum, por lo que no habría existido una entrega efectiva de los bienes vendidos y el comprador nunca tuvo el control del activo.

Para contener los fraudes, en enero de 2021, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera prohibió negociar facturas comerciales entre partes relacionadas.

También disminuyó el plazo máximo para el pago a los inversionistas, de 360 días a 180 días.