Las empresas que reclaman la devolución de su dinero son de telecomunicaciones, alimentos, comercialización de combustibles, fábricas y distribuidoras.
Cerca de 30 empresas nacionales y extranjeras, así como los municipios de seis provincias mantienen una disputa por supuestos cobros ilegítimos por el uso del espectro radioeléctrico, la patente municipal y el impuesto del 1,5 por 1.000 sobre el patrimonio de las compañías.
El monto asciende a USD 120 millones, que se recaudaron a través de juicios de coactiva.
"El tema no se ha cerrado, hay deudas pendientes", dice Roberto Aspiazu, exdirector de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Agrega que "en medio de la pandemia dos municipios de Esmeraldas pretendieron seguir con los cobros"
¿De dónde surge la disputa?
Según la Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador, desde 2011, siete municipios de Esmeraldas, asesorados por abogados y una consultora, aprobaron ordenanzas y reformas para recaudar más dinero, de forma retroactiva, a través de tres impuestos.
"El uso del espacio aéreo es competencia municipal, pero el uso del espectro radioeléctrico es competencia del Gobierno Central. Son cosas distintas", explica Aspiazu.
Aunque, el alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, sostiene que "el cobro no es por el espectro radioeléctrico, sino por el uso de suelo, cables, torres y postes que se ubican en las ciudades".
Y agrega que "hay empresas que deben pagar, según el artículo 567 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Y no lo hacen, quieren evadir".
Más cobros
El problema con la patente municipal y el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales se da porque los tributos se deben pagar en el domicilio registrado de las empresas, que en ningún caso estaba en los municipios de Esmeraldas.
Es decir que se hicieron cobros duplicados, explica Aspiazu.
Los cobros por concepto de uso del espacio aéreo, patente municipal e impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales también se habrían dado en municipios de Guayas, Carchi, Los Ríos, Bolívar y Manabí, entre 2013 y 2016.
En Esmeraldas los cobros ascienden a por lo menos USD 64 millones, mientras que en las otras cuatro provincias suman USD 56 millones, según la Federación Nacional de Cámaras de Ecuador.
PRIMICIAS consultó a los siete municipios de Esmeraldas sobre los cobros, pero al cierre de esta edición solo el alcalde de Atacames se pronunció.
Recuperación problemática
Para recuperar los recursos las empresas acudieron a instancias civiles y en un caso incluso penal.
Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario han ordenado a los municipios la devolución de los montos que recibieron mediante embargos y cobros., según la Federación Nacional de Cámaras de Ecuador.
Y entre 2015 y 2019 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas que permitieron a los municipios de seis provincias cobrar más de USD 120 millones.
Aunque, en la práctica recuperar el dinero no es tarea fácil.
Primero porque municipios, como el de Atacames, aseguran "tener varias resoluciones a favor de la institución municipal que, hasta el momento, no nos han hecho devolver un recurso", dice Saldarriaga.
Y agrega que "no hay la sentencia que indique el valor que hay que devolver".
En otros casos, los municipios al perder la última instancia de juicio civil han llegado a acuerdos de pagos, que se cumplen de forma parcial.
Eso se debe a que algunos municipios dicen desconocer el destino que las anteriores autoridades dieron a esos recursos y en otros casos dicen no tener dinero por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, explica Aspiazu.
Aclarar la normativa
Para que este tipo de disputas no se repitan, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en 2019, reformó al Cootad. El objetivo ha sido aclarar cómo se debe cobrar el impuesto de 1,5 por mil y la patente comercial.
"Se entenderá por domicilio de las personas jurídicas y de las sociedades nacionales y
extranjeras, que son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales y metropolitanas, y del 1,5 por mil sobre los activos totales, al señalado en la escritura de constitución de la compañía, sus respectivos estatutos o documentos constitutivos", sostiene la Ley de Simplificación Tributaria.
La normativa agrega que "se entenderá por establecimiento aquel o aquellos que se encuentren registrados como sucursales, agencias y/o establecimientos permanentes en el Registro Único de Contribuyentes, conforme la información reportada por el Servicio de Rentas Internas".
Además, Saldarriaga afirma que "la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) está trabajando para adecuar los valores de las tasas de cobro, en caso de haber sido exagerados, según la resolución de la Corte Constitucional".
Y agrega que "las empresas que más perciben utilidades deben pagar algo en los territorios donde generan la riqueza".
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