Críticas a Ley de quiebras apuntan a renuncia de derechos laborales

El abogado Esteban Ortiz, socio del estudio jurídico Pérez Bustamante & Ponce, intervino como Amicus curiae en la audiencia, es decir, para presentar sus argumentos a favor de la propuesta legal, sin que estos sean vinculantes.
El exintendente de Compañías dijo que el mecanismo de reestructuración de la ley de quiebras da "oxígeno" a las empresas para seguir operando. "Es una manera de salvar empleos", añadió.
Ortiz aseguró que la ley no afecta a los trabajadores, puesto que se las da prioridad en los pagos durante la reestructuración, e incluso en el proceso de negociación de seis meses, aunque exista la protección concursal.
Añadió que las micros, pequeñas y medianas empresas sí podrán acogerse a los procesos concursales una vez que entre en vigencia la ley.

La abogada Rafaela Uzcátegui, representante de la Procuraduría, recordó que el Presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos de ley de urgencia económica.
Añadió que la propuesta legislativa mitiga el riesgo de problemas económicos a futuro para las empresas.
Y aseguró que el decreto ley sí está acorde con los derechos laborales previstos en la Constitución.

El superintendente de Compañías, Marco López, recalcó que el fenómeno de El Niño podría destruir el aparato productivo, como ocurrió con el fenómeno climático en los años 1982-1983 y 1997-1998.
"En este momento no están zafrando los ingenios azucareros ni está sembrando el sector arrocero, por las fuertes lluvias", dice López. Y añadió que es previsible una escasez en estas industrias.
López recalcó que la experiencia de otras crisis ha demostrado que el no ser proactivos trae consecuencias severas.
Y recordó que para poder supervisar los procesos de reestructuración, la Superintendencia requerirá de más personal. Al momento, la entidad opera con 650 trabajadores.
López admitió que la Superintendencia no participó en la elaboración y redacción del decreto de ley como hubiese querido.
El Superintendente subrayó que una de las ventajas de los procesos de reestructuración es que suspende los procesos administrativos o judiciales para el cobro de las deudas a la empresa, hasta que se alcance un acuerdo entre las partes.
La jueza Salazar consultó si las empresas en liquidación podrían acogerse a los procesos de reestructuración. López aclaró que esto no sería posible, pero que sí debería abrirse la ley para las empresas que quieran revertir su disolución y liquidación.
Previó a la celebración de la audiencia, la jueza había solicitado la cantidad de empresas que han entrado en procesos de disolución o liquidación en los últimos años. López presentó las cifras al final de su intervención.

En representación de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado, argumentó que la ley busca el fortalecimiento del sector productivo y que, por tanto, es de carácter urgente.
Recordó que, ante la llegada del fenómeno de El Niño, es importante esta propuesta de ley de política económica para ayudar al sector productivo a enfrentar una posible crisis, en especial, compañías que operan en la Costa.
La norma también tiene como objetivo ayudar a las compañías que aún no logran recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia de Covid-19, dijo Salgado. Y añadió que durante la emergencia sanitaria cerraron cerca de 22.000 empresas.
"Es una herramienta que permitirá a las empresas acceder a una renovación de crédito o reestructuración empresarial de manera inmediata", dijo Salgado.
Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, agregó que el objetivo es salvar puestos de trabajo, puesto que los acuerdos concursales buscan que las empresas se pongan al día con sus acreedores.
Ante la consulta de la Corte de los acuerdos concursales que ya permitía la Ley de Apoyo Humanitario, Salgado dijo que esta norma permitirá usar esta herramienta de manera permanente y no solo con carácter excepcional.
Un juez de la Corte dijo que la aplicación de esta ley va a requerir múltiples reformas legislativas.
Y cuestionó que, según la ley, los trabajadores podrían "renunciar" a su derecho como acreedores preferentes, lo que iría en contra de la Constitución.
Ortiz aseguró que el decreto ley no habla de una renuncia a los derechos laborales. "Los trabajadores deciden si se acogen o no al acuerdo de pago, si no lo hacen igual tendrán derecho a reclamar sus pagos", añadió.
El secretario jurídico de la Presidencia agregó que el decreto ley busca equilibrar los pagos a los acreedores, para que a todos se les vaya pagando por igual.  El acuerdo de reestructuración debe ser aprobado por el 51% de los acreedores.