Lasso mantiene política petrolera mientras trata de sostener la producción

El Gobierno mantendrá vigentes los decretos 95 y 151 relacionados con la política petrolera y minera hasta que la Conaie deponga el paro nacional, según conoció el 28 de junio de 2022 PRIMICIAS.

Lasso había planteado el 27 de junio de 2022 derogar el decreto 95 que delinea acciones en el sector petrolero y reformar la política minera contenida en el decreto 151, en el marco de los diálogos con el movimiento indígena.

Pero la decisión ha quedado en suspenso luego de que el Gobierno se levantó de la mesa de diálogo por "falta de garantías".

La derogatoria de ambos decretos era uno de los 10 pedidos que motivaron el paro nacional convocado por la Conaie.

Efecto simbólico

De haberse derogado el Decreto 95, la Conaie habría obtenido una victoria más simbólica que práctica.

El Decreto 95 trazaba una serie de acciones para abrir el sector petrolero a la inversión privada.

Entre ellas, Lasso disponía elaborar una reforma legal para permitir que empresas extranjeras inviertan en los campos que opera la petrolera estatal Petroecuador.

Lasso también ordenó reformular y revivir el modelo de Contrato de Participación, que fue abandonado durante la administración del expresidente Rafael Correa.

Ese modelo contractual es la apuesta del Gobierno para fomentar la exploración y explotación petrolera y reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros como, por ejemplo, la fluctuación de los precios del petróleo.

En el Decreto se ordenó, además, la venta de las 45 gasolineras de propiedad de Petroecuador.

Con base en esas disposiciones, el Gobierno incluyó reformas petroleras en la Ley de Desarrollo Económico, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2021.

Y luego emitió el reglamento a ese capítulo de la Ley.

Meta petrolera no se altera

Una vez concretadas las reformas legales, Petroecuador lanzó dos concursos a fin de captar inversión para la ampliación de la refinería Esmeraldas y la exploración y extracción de gas natural en el Campo Amistad.

Para el primer proyecto, Petroecuador busca una inversión de USD 2.700 millones y para el Campo Amistad, otros USD 500 millones.

En ambos casos, los inversionistas han adquirido ya los paquetes de información dentro de un concurso internacional.

El Ministerio de Energía inició, por su parte, el proceso de renegociación de 16 contratos petroleros de prestación de servicios firmados con petroleras extranjeras, donde el Estado paga una tarifa por barril extraído.

Las petroleras extranjeras están interesadas en migrar a un contrato de participación, en el que recibirían una participación de la producción como pago de sus inversiones y actividades.

Petroecuador, en cambio, prevé plantear a los inversionistas privados un contrato de servicios específicos para el desarrollo del campo Sacha.

Sacha, uno de los campos petroleros más importantes del país, podría atraer inversión privada bajo una modalidad de producción compartida, en la que Petroecuador mantiene la operación del activo, según ha informado el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño.

Dado que existe ya la Ley y el reglamento que amparan la política petrolera, Fernando Santos, exministro de Energía, cree que la derogatoria del Decreto 95 no tendrá incidencia en el objetivo de extraer más petróleo.

Producción sigue a la baja

Entre el 13 y el 27 de junio, Ecuador ha dejado de extraer un volumen acumulado de 1,8 millones de barriles de petróleo.

De esa cifra, Petroecuador dejó de producir 1,4 millones de barriles acumulados y las empresas privadas, 385.348 barriles.

El paro ha impedido que las petroleras accedan al diésel que necesitan para mantener las operaciones en sus áreas.

Bajo esas circunstancias, Petroecuador ha privilegiado la operación de los pozos más productivos, que dependen en menor medida de diésel, en un intento por sostener la extracción de petróleo.

Los actos vandálicos limitan aún más la producción petrolera, según el Ministerio de Energía. Un miembro de las Fuerzas Armadas falleció y 12 uniformados resultaron heridos el 28 de junio de 2022, mientras proporcionaban seguridad a un convoy que transportaba 17 tanqueros con diésel destinados al bloque petrolero ITT, ubicado en la provincia amazónica de Orellana.

De los 2.220 pozos petroleros que existen en el país, 1.199 están cerrados. El 85% de ellos pertenece a Petroecuador.

La producción petrolera nacional se ubicó en 234.486 barriles el 28 de junio. Lo que significa una reducción del 53% frente a los 499.005 barriles que se extrajeron el 12 de junio, un día antes del paro nacional.

¿Freno a la minería?

Con el decreto 151, el presidente Guillermo Lasso buscó dar un mensaje de seguridad jurídica a la industria minera formal.

Entre las acciones que incluye ese decreto están, por ejemplo, impulsar una normativa sobre los procesos de consulta previa y luchar contra la minería ilegal.

Lasso también dispuso implementar un plan de acción para abrir el catastro minero y ordenó al Ministerio del Ambiente que agilice los trámites de permisos ambientales represados.

El decreto define a la minería como una industria que se debe manejar bajo criterios de responsabilidad y, por otro, lado, le garantiza seguridad jurídica.

Para el movimiento indígena, estas disposiciones buscan ampliar la frontera minera en el país, por lo que piden la derogatoria del decreto.

Por ahora, una posible revisión al decreto 151 está suspendida.

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) pidió al Gobierno y al movimiento indígena que lleguen a consensos. Pero dijo que "esa paz no se debe alcanzar a costa de una industria legítima, imprescindible y de gran proyección".

"El sector minero es parte esencial de una economía dinámica, tecnificada e integrada", aseguró la Cámara.