Mientras el montaje de los aerogeneradores avanza, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prepara un informe que concluye supuestas irregularidades.
El último tramo de la construcción del parque eólico más grande del país, Minas de Huascachaca, se enfrenta a denuncias y líos judiciales.
Esa investigación nació de los reclamos en torno a un subcontrato por USD 6,7 millones en un proyecto que cuesta USD 90 millones en total.
Esta polémica puso en riesgo la continuidad del proyecto. Incluso, al interior de la fiscalizadora de las obras, hubo pedidos de suspender ciertos trabajos.
El proyecto se emplaza en la parroquia San Sebastián de Yuluc, en el cantón Saraguro (Loja). Cuando empiece a operar, las 14 torres del parque eólico Minas de Huascachaca generarán 50 megavatios de energía renovable.
La ejecución de este proyecto inició en el 2017 y se ejecuta por etapas y está a cargo de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro).
Las fases más importantes de este proyecto, que son la fabricación de los aerogeneradores, así como el traslado, instalación y operación asistida, está a cargo de la compañía china Dongfang Electric International y su subsidiaria en Ecuador.
El segundo contrato, además, está en la mira de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y se han iniciado procesos judiciales y en la Contraloría, además, ha provocado que el fiscalizador del proyecto renuncie.
Estos fueron los contratos mediante los cuales se adjudicó esta parte de la obra:
Firmado el 29 de abril de 2020
Dongfang International Electric Corporation (licitación internacional)
Monto del contrato: USD 45.680.000
Fabricación, suministro, transporte marítimo y entrega en puerto ecuatoriano de aerogeneradores, torres y equipos asociados al parque eólico.
Firmado el 20 de julio de 2021
Dongfang Electric Ecuador S.A (régimen especial)
Monto del contrato: USD 11.400.000
Servicios conexos: Manejo en puerto ecuatoriano, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha e inicio de operación del parque eólico. Además, operación y mantenimiento por dos años de aerogeneradores, torres y equipos asociados.
Los servicios conexos, el centro de la polémica
En julio de 2021, Elecaustro adjudicó los servicios conexos directamente a Dongfang Ecuador. Lo hizo porque así quedó establecido en el contrato inicial que firmó con el consorcio chino, el fabricante de los aerogeneradores.
“Para efectos de la plena vigencia de la garantía técnica, hasta luego de los dos años de operación y mantenimiento del parque eólico, los servicios conexos deberán ser contratados con la empresa Dongfang Electric International Corporation o una subsidiaria”.
Y es la provisión de servicios conexos donde está el nudo del conflicto: Dongfang Ecuador (subsidiaria), al no contar con todos los equipos para ejecutar su trabajo, convocó a varias empresas para subcontratar la provisión de equipos de transporte terrestre e izaje de los aerogeneradores.
Vehículos del consorcio Santa Fe Montejo trasladan los equipos hasta Yuluc, en Saraguro en marzo de 2022. Banco de Desarrollo del Ecuador
Entre los consorcios que participaron está el ecuatoriano Noroccidental Atlas y el colombo-ecuatoriano Santa Fe-Montejo-Huascachaca. Este último fue el ganador.
Tras esta resolución, tanto Noroccidental, como la Cámara de Transporte Pesado y Medio Ambiente (Canatrape) empezaron a reclamar supuestas irregularidades en el proceso.
El primer reclamo de Canatrape fue ante un juez constitucional del Azuay. Luego envió comunicados a la Asamblea Nacional, al presidente Guillermo Lasso y a la Contraloría. Su intención es que el contrato entre Elecaustro y Dongfang Ecuador sea suspendido.
El principal argumento es que la contratación de Dongfang Ecuador “excluyó a los trabajadores y empresas ecuatorianas”. Pero en el camino también ha denunciado, también, que el consorcio Santa Fe -Montejo-Huascachaca no cumple con todos los requisitos para ser un proveedor de este proyecto.
Lo que ha sido refutado por Elecaustro y por el consorcio en mención. En febrero de 2022 expresó en un comunicado público:
“Bajo el marco legal y en cumplimiento de las disposiciones del Código de Comercio, se constituyó el consorcio Santa Fe -Montejo-Huascachaca, conformado por empresas de reconocida solvencia técnica y económica"
El gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, asegura que no se ha excluido a los trabajadores ecuatorianos. Pues durante las dos primeras fases se contrató solo a empresas nacionales, lo que generó 650 plazas de empleo directas y 2.500 indirectas.
Además, dice, Santa Fe es un consorcio establecido en Ecuador y la mayoría de trabajadores son nacionales.
Elecaustro añade que los cuestionamientos de la Cámara de Transporte están enfocados en un solo ítem de los ocho que comprende el contrato de servicios conexos: el transporte terrestre de los equipos, que tiene un costo de USD 3,9 millones.
“Los denunciantes representan a una de las empresas de transporte interesadas en obtener el contrato en cuestión”, asegura Elecaustro en un comunicado.
Obreros trabajan en la cimentación de una de las jaulas de pernos que sostendrán los aerogeneradores, en abril de 2022. Elecaustro
Alertas de la fiscalizadora
Las acciones de Dongfang Ecuador están bajo la vigilancia de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca, que es la fiscalizadora de cinco contratos que forman parte de este proyecto.
El cuestionado proceso entre Dongfang Ecuador y Santa Fe - Montejo se firmó por USD 6,7 millones.
Eso representaba el 59% del valor total del contrato firmado entre Elecaustro y la subsidiaria, asegura Ruth Vintimilla, gerente de proyectos de la fiscalizadora, en un memorando del 5 de abril dirigido a Pablo Maldonado, gerente de la empresa pública.
Este monto supera el 30% permitido en la legislación ecuatoriana para las subcontrataciones. Por lo que la fiscalizadora rechazó ese contrato, al igual que tres más que llegaron después y que tenían el mismo problema.
Estas alertas hicieron que Elecaustro suspenda de forma temporal las actividades del contrato con Santa Fe-Montejo. Ese proceso estuvo en el limbo hasta el 19 de abril, cuando la suspensión fue levantada, después de que Dongfang Ecuador ajustó los contratos a la normativa.
Ahora, hay dos subcontratistas, Transportes Montejo y World Cargo Transport, que darán la prestación de servicios especializados de transporte para los aerogeneradores, informó Pablo Maldonado, gerente de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca.
Sobre la controversia que se ha presentado en torno a este contrato, la directora jurídica de Elecaustro, expresó en una comparecencia en la Asamblea, que “todos los servicios conexos son responsabilidad de Dongfang Ecuador”.
Agregó que Elecaustro “no puede intervenir en los procesos de contratación, sino exigir que se cumplan los términos de referencia y la normativa”.
Tras las denuncias presentadas, Elecaustro requirió a la Contraloría que inicie los exámenes correspondientes al proyecto, para que “no solo llegue a feliz término, sino que también disuelva cualquier duda que se ha pretendido poner a su ejecución”.
Las conclusiones de la Comisión de Fiscalización
Aunque la creación de subsidiarias para ejecutar obras que son adjudicadas a empresas internacionales es algo permitido en la legislación ecuatoriana, no se libra de cuestionamientos.
A esto apunta el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, quien alista el informe que entregará de la investigación realizada al proyecto tras las denuncias de la Cámara de Transporte Pesado.
El legislador asegura que “esto ha ocurrido en casi en toda la contratación pública durante los últimos 14 años. Como no se puede cotejar con otras ofertas, los costos son manejados de manera muy discrecional”.
El legislador anticipó a PRIMICIAS que una de las conclusiones será que “la empresa contratista, es decir Dongfang Ecuador, no cumple con las reglas de participación contenidas en la Resolución Sercop 0072”.
Elecaustro asegura que la fase final del proyecto Minas de Huascachaca se “ejecutó a través de un proceso de selección internacional y contó con la asesoría legal y técnica de profesionales expertos en contratación pública y técnicos en materia de parques eólicos”.
Además, sostiene que “las acciones realizadas por Dongfang Ecuador antes o fuera del inicio de la relación contractual son de su absoluta responsabilidad, debiendo siempre cumplir con la normativa establecida en el país”
El informe de la Comisión también habla de presuntos sobreprecios porque el presupuesto referencial para contratar a la empresa fabricante de los equipos era de USD 35 millones y terminó USD 10 millones más alto.
El gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el 17 de marzo de 2022. Asamblea, Flickr
En su comparecencia ante la Comisión, el 17 de marzo de 2022, el gerente de Elecaustro, Antonio Borrero; y la directora jurídica, Diana Andrade, explicaron que la oferta seleccionada para esta última etapa no solo se basó en qué empresa ofrecía el menor costo.
Además, se consideró cuál iba a generar un mayor retorno de recursos y a la que ofrecía mayor capacidad de producir energía. Borrero defendió que la inversión inicial estimada para el parque eólico Minas de Huascachaca era de USD 112 millones, pero se logró reducir a USD 90 millones.
Investigación a los jueces
Las investigaciones trascienden al ámbito judicial. La Cámara de Transporte Pesado (Canatrape) interpuso una acción de protección contra Elecaustro, solicitando la suspensión del contrato de servicios conexos. El recurso no fue aceptado en primera ni en segunda instancia.
En este proceso, Fernando Larriva, juez titular de la causa, denunció que originalmente el Tribunal había resuelto aceptar la apelación de la Cámara de Transporte, pero que uno de los jueces cambió de criterio días después.
“Luego de este suceso me encontré con todo tipo de obstrucciones para notificar dicha resolución”, asegura y denuncia que “sin ser consultado” como juez ponente, otros dos miembros del Tribunal emitieron una nueva sentencia y rechazaron el recurso de apelación.
Esta denuncia es recogida por Villavicencio, quien pidió al Consejo de la Judicatura que investigue lo actuado por los jueces de la Corte de Justicia del Azuay.
El proyecto sigue en ejecución
En medio de toda la polémica, el transporte de los aerogeneradores -que fue motivo de la controversia- continúa. Finalmente, el consorcio Noroccidental Atlas hizo la descarga y porteo de los equipos en Puerto Bolívar, Machala, y Santa Fe-Montejo los trasladó hasta Loja.
En el sitio avanza la cimentación para la colocación de los aerogeneradores. Minas de Huascachaca tiene un avance del 90%. Para junio próximo está previsto que inicien las primeras pruebas de generación de energía.
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