Militares protegerán 11 proyectos mineros ante ola de ataques

El Gobierno está trabajando en un plan de seguridad para que las Fuerzas Armadas protejan, en una fase inicial, 11 proyectos mineros legales. El plan empieza en enero de 2023.

El plan de seguridad busca proteger a las concesiones donde ha existido incursión de mineros ilegales o se han dado ataques violentos contra los campamentos, según el Ministerio de Energía y Minas.

Los 11 proyectos mineros serán declaradas como Áreas Reservadas de Seguridad.

Con una declaratoria así, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en casos de ataques o incidentes que afecten la seguridad de las áreas reservadas, explica el exviceministro de Minas, Henry Troya.

"Los militares no estarán siempre dentro de las concesiones, pero pueden actuar en defensa de un proyecto cuando ocurra algún problema".

Henry Troya

No es la primera vez que el Gobierno debe tomar una medida de esta naturaleza, recuerda Troya.

El Estado ya había declarado como Área Reservada de Seguridad al proyecto de cobre San Carlos Panantza, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, luego de que su campamento sufriera un ataque violento en 2017.

Los 11

El plan para dar protección militar incluye 11 proyectos que son:

• Tres concesiones donde hubo ataques violentos durante 2022. Están ubicadas en las provincias de Bolívar y Morona Santiago.
• Dos proyectos paralizados por la presencia de mineros ilegales. Están localizados en las provincias de Imabura y Azuay.
• Otros cuatro proyectos donde las operadoras esperan construir minas entre 2023 y 2025.
• Se suman dos minas a gran escala que operan desde 2019: Fruta del Norte y Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Pese a que en ambas minas no han ocurrido incidentes violentos, se consideran estratégicas.

Lo urgente

Para el presidente de la Cámara de Minería de Azuay, Patricio Vargas, es urgente que los militares ingresen al Proyecto Río Blanco, en Molleturo, (Azuay).

Río Blanco, es un proyecto concesionado a la empresa china Junefield Gold Investments Limited, y está paralizado desde 2018.

Hay personas que controlan la entrada y la salida de mineros ilegales a esta concesión, denuncia Vargas.

Otra zona en donde urge la intervención de militares es en Imba 2, en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura), dice el exministro de Minas, Herry Troya.

Este proyecto es parte de las concesiones de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, una subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospecting.

Allí, los miembros de la banda delictiva de Los Lobos está controlando la minería ilegal de oro.

Tres entidades

Tres entidades del Estado participarán en el programa de seguridad para el sector minero:

• El Viceministerio de Minas.
• La Secretaría de Alianzas Público Privadas.
• Las Fuerzas Armadas.

La Ley de Seguridad del Estado establece que las Áreas Reservadas de Seguridad son espacios que demandan "regulación especial ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad".

Por eso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe hacer un informe favorable sobre las razones para la declaratoria de Áreas Reservadas de Seguridad y, con base en ese documento, será emitido el Decreto Ejecutivo.