Minería ilegal crece sin control en la provincia amazónica de Napo
La actividad minera ilegal crece en 13 comunidades de Napo tras la intervención en la zona de Yutzupino. En cuatro concesiones legales se reportan invasiones.
Minería ilegal cerca al río Jatunyacu, en Napo el 25 de noviembre de 2022.
Cortesía Napo Resiste
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Las actividades de minería ilegal en la provincia amazónica de Napo se incrementaron a partir del segundo semestre de 2022.
La reactivación de estas actividades ilegales ocurre luego de que militares y policías desalojaran a unos 700 mineros informales de la comunidad de Yutzupino (Tena), en febrero.
Lo confirma a PRIMICIAS el coordinador zonal norte del Viceministerio de Minas, Mauricio Almeida.
"La minería ilegal ha crecido un 100% frente a 2021", explica Almeida.
En Napo hay 42 concesiones mineras de oro autorizadas. Y en, al menos, cuatro de ellas existe irrupción de mineros ilegales.
El mayor punto de extracción ilegal está en la comunidad Naranjalito, en la parroquia Puerto Napo, según Almeida.
Naranjalito es crítico
En Naranjalito se encuentra la concesión minera Confluencia, de Terraearth Resources, una empresa nacional constituida por dos inversionistas chinos en 2001.
La empresa denunció que en Confluencia hay unas 30 excavadoras, 25 áreas improvisadas de lavado de material minero, motores y combustible que usan los mineros ilegales.
Desde hace casi un mes no hay un viceministro de minería.
En este contexto, Terraearth Resources presentó la denuncia ante los Ministerios de Ambiente y de Energía, la Fiscalía y la Gobernación de Napo, el 21 de noviembre de 2022.
La empresa minera pidió al Gobierno que establezca puntos de control con presencia de las Fuerzas Armadas, para evitar que los ilegales sigan extrayendo material.
Operaciones se dispersan
Además de Naranjalito, hay al menos otros doce focos de minería ilegal en Napo, dice un comunero, miembro del Grupo de Participación Ciudadana de la parroquia Talag.
El comunero, que pidió reserva de su nombre por temor a represalias, explicó que los mineros ilegales pagan a ciertos comuneros un peaje o derecho de ingreso de USD 120 para que les permitan el acceso de maquinaria a sus fincas.
Y añadió que hay preocupación porque los jóvenes están dejando el colegio para dedicarse a la minería ilegal.
Según los Colectivos Napo Ama la Vida y Napo Resiste, hay reportes de minería ilegal en comunidades de los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena, como:
- Anzu la Victoria.
- Pioculín.
- Shiguayacu.
- Ila Yacu.
- Puma Rumi.
- Nueva Jerusalén.
- Jatunyacu.
- Zapallo.
- Río Blanco.
- Amazonas.
- Alto Huambuno.
- Dorado Huambuno.
Incluso, en las dos últimas zonas la minería ilegal ha invadido las concesiones Huambuno 1, 2 y 3.
Estas concesiones, de pequeña minería a cielo abierto, están a cargo de la empresa ecuatoriana Transconmi Construcciones.
Ilegales se atomizaron
Almeida explica que la minería ilegal es más difícil de controlar porque las personas que se dedican a estas actividades ya no tienen un solo campamento grande, como ocurrió en Yutzupino.
Los mineros informales ahora han abierto varios frentes de extracción, que operan al mismo tiempo y están diseminados por la selva.
"Si en un punto se hace una inspección, inmediatamente se corre la voz y se levantan los otros puntos y así evaden los controles", explica el coordinador zonal.
Contaminación va al río
El Colectivo Napo Resiste realizó el 25 de noviembre recorridos por las comunidades en donde hay minería ilegal y que se ubican en las riberas del río Jatunyacu.
Los miembros del colectivo identificaron maquinaria, campamentos, piscinas relaveras de material minero y desperdicios arrojados directamente al río, que ya había sido contaminado por la minería ilegal en Yutzupino.
Desde octubre, los colectivos le piden al Gobierno que se declare a Napo en emergencia ambiental, pues calculan que unas 600 hectáreas están afectadas, casi diez veces el tamaño del parque La Carolina, en Quito.
Corrupción
Ante las alertas del aumento de las actividades ilegales en Napo, la Policía Nacional realizó el operativo Manatí 2, el 24 de noviembre de 2022.
En ese operativo, las autoridades intentaron retirar maquinaria en la zona de Naranjalito, pero algunos miembros de la comunidad lo impidieron, dice el comunero de la parroquia de Talag.
"Cuando hay operativos, mujeres y niños se acuestan bajo la maquinaria para impedir que se la lleven", relata.
La intervención de la Policía dejó seis personas detenidas. Uno de ellos es Andrés V., exdirector de control a la minería ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
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