Lasso plantea eliminar intereses de la deuda del Estado con el IESS

Lasso propone cambiar la fórmula de cálculo para el incremento de las asignaciones para salud pública y educación básica. La fórmula de cálculo de esas asignaciones ya provocó roces entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, durante el análisis del Presupuesto del Estado de 2023. Según la Constitución, cada año, se debe incrementar un valor equivalente a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a los presupuestos para educación y salud. En el caso de educación, los incrementos deben darse hasta que el presupuesto a este sector sea igual al 6% del PIB. Y los aumentos en el sector de salud deben darse hasta que la asignación sea igual al 4% del PIB.

Lasso propone que se eliminen los intereses de la deuda que tiene el Estado por el 40% del aporte que tiene que hacer a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Desde 2012, los gobiernos de turno han arrastrado atrasos en esos pagos. Incluso, entre 2015 y 2018, el expresidente Correa eliminó la obligación del aporte, pero la Corte Constitucional dispuso que se restituya en 2019. Según Lemus, la deuda del Estado con el IESS por el 40% de aporte a las pensiones suma unos USD 2.000 millones. El monto de intereses todavía no ha sido auditado por Finanzas, dice Lemus, pero el IESS calcula unos USD 1.000 millones.

El Coplafip establece que el Gobierno solo puede emitir Notas del Tesoro hasta por un valor equivalente al 8% de los gastos del Presupuesto del Estado ese año. Se trata de un instrumento de endeudamiento que tiene vencimiento de corto plazo, de menos de 360 días. Pero el decreto plantea que se podrían emitir Notas del Tesoro por un valor mayor al 8% cuando existan emergencias o falta de recursos. Además, el decreto plantea que la emisión de deuda interna no será exclusivamente dentro de alguna de las bolsas de valores, sino también podría ser "mediante plataformas de negociaciones". No se especifica de qué tipo. Lasso también propone que el Estado pague algunas de sus deudas a través de papeles. El mecanismo consistiría en que el Estado entregue el dinero en efectivo al acreedor, pero este se compromete a invertir el dinero en papeles de deuda interna.

Si se aprueba el decreto, ya no se podría cobrar intereses y multas por retrasos en pagos entre las entidades públicas que forman parte del Presupuesto del Estado. Además, los intereses y multas que se hayan acumulado en el pasado entre entidades públicas se eliminarían, pero solo cuando la deuda se haya originado por falta de liquidez en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El Gobierno también plantea que las empresas públicas ya no puedan crear fideicomisos. También se elimina la posibilidad de que las empresas públicas incluyan en el cálculo de los excedentes las obligaciones por pagar. El Gobierno cuestiona que, al incluir estas deudas en los cálculos, se reduce el porcentaje de excedentes que se termina transfiriendo al Presupuesto del Estado.