Crecen los ataques violentos contra los proyectos mineros

Cerca de las 05:00 del 14 de diciembre de 2022, un grupo de casi 100 personas ingresó al campamento de un proyecto minero en la provincia de Bolívar y lo quemó. Este uno de los cinco ataques registrados en lo que va de 2022.

Los encapuchados, que estaban armados, incendiaron las carpas, mataron a un perro -que era la mascota del sitio-, dañaron máquinas y un vehículo del campamento de la empresa minera.

Aunque había 12 policías resguardando el campamento, fueron superados por la muchedumbre y no pudieron detener el ataque.

Según uno de los trabajadores de esta empresa minera, "es la segunda vez en el año que personas encapuchadas entran y causan daños. Nos preocupa que cada vez están mejor armados".

El trabajador explica que la empresa ya ha puesto al menos 10 denuncias ante la Fiscalía en el último año, contra personas y grupos antimineros que han intentado ingresar al proyecto o que han amenazado a los trabajadores de la minera.

Violencia aumentó con el paro

En lo que va de 2022 se han registrado al menos cinco ataques violentos en los campamentos de cuatro proyectos mineros formales, ubicados en las provincias de Azuay, Bolívar y Morona Santiago, según reportes de la Cámara de Minería del Ecuador.

Luego del paro nacional, los ataques contra de los proyectos mineros con concesiones formales han crecido, en magnitud y en violencia, según Andrés Ycaza, síndico de la Cámara.

Dos de los ataques ocurrieron durante el paro nacional de junio de 2022 y los otros tres se dieron después. El último fue el 14 de diciembre.

La Cámara conoce de casos de intimidación al personal que labora en los campamentos.

Ycaza cree que la decisión del Gobierno de conceder una moratoria para los nuevos proyectos mineros, mientras no exista una ley de consulta previa, ha incentivado el aumento de los ataques.

Existe una errónea interpretación, dice Ycaza, de que ningún proyecto minero puede trabajar debido a la moratoria. De ahí que los grupos antimineros hayan reforzado las protestas y los ataques, añade Ycaza.

Las empresas mineras que tienen previsto construir sus minas entre 2023 y 2025 temen que los ataques crezcan para impedir que comiencen las operaciones.

Estas compañías solo esperan las licencias ambientales, que el Gobierno no ha entregado porque todavía no existe un reglamento para hacer el proceso de participación ciudadana de consulta ambiental.

Trabas legales

Las actividades en varios proyectos mineros también han parado debido a los recursos legales interpuestos por grupos antimineros y organizaciones políticas, explica el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar.

Ya se han interpuesto 10 acciones legales para suspender proyectos mineros con concesiones formales durante 2022, según reportes de la Cámara de Minería del Ecuador.

Entre los recursos se cuentan las acciones de protección, como la que presentada para suspender actividades en Gualel, Loja.

También está la acción de protección presentada por la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, para la suspensión del proyecto Loma Larga.

Además, hay pedidos de consulta de popular y de consulta previa, explica Ycaza.

La paralización de las concesiones deja la puerta abierta para que mineros ilegales entren a las minas y extraigan recursos, causando daños ambientales.

Eso fue lo que sucedió en la concesión Río Blanco, en Azuay. El proyecto está suspendido desde 2018 y ahora existe minería informal en la zona, añade el exviceministro de Minas.