Roberto Salazar, presidente de la Terminal Portuaria de Manta, alega que los cuestionamientos al contrato de concesión del puerto responden a intereses políticos.
La Terminal Portuaria de Manta (TPM) rechaza los cuestionamientos del Ministerio de Obras Públicas al contrato de concesión del Puerto de Manta a la empresa chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa). Dicho contrato se concretó en diciembre de 2016.
Pero el 2 de diciembre de 2021, Obras Públicas pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigar supuestas irregularidades en la concesión de la terminal internacional.
El Ministerio considera que la Autoridad Portuaria de Manta (APM) se “volvió deficitaria” al quedarse a cargo de la terminal pesquera y “dejó de ser rentable”.
Además, la Contraloría aprobó un informe con 48 observaciones a la concesión, en su mayoría centradas en la firma del contrato.
Para la Terminal Portuaria, los cuestionamientos responden a cuestiones políticas y no técnicas, ya que alegan que la Autoridad Portuaria tiene todos los detalles sobre el proceso de concesión.
El presidente de TPM, Roberto Salazar, sostiene que el Estado no puede, en cuatro años, cambiar las condiciones del contrato de un proyecto de desarrollo firmado a 40 años porque eso significa “atentar contra la seguridad jurídica del país”.
Y agrega que, pese a no haber sido convocados, él y los inversionistas acudieron en 2019 a la sede de la Contraloría en Portoviejo para explicarle al director regional Patricio García los detalles contractuales.
“Pero lo primero que recibimos, después del saludo, fue ‘yo no estoy de acuerdo con este proyecto’ pero lo vamos a revisar”, cuenta Salazar, quien se pregunta: “¿Una autoridad puede prevaricar de esa manera?”.
Inversión y gastos millonarios
Salazar, de la Terminal Portuaria, cree que detrás de estos cuestionamientos está un comité cívico “sin personería jurídica”. Dice que los han invitado a reuniones en la Terminal para escuchar sus observaciones, “pero no fueron nunca”.
Este Comité aduce que la Autoridad Portuaria facturaba USD 8 millones al año antes de que Agunsa llegara al puerto. Pero según Salazar “nunca dicen cuánto gastaban. Si revisamos 2013 a 2015, los números de ingresos y egresos nos daban saldos en rojo”.
Salazar asegura que los gastos se realizaban en remuneraciones, temas de consumo y en aspectos administrativos.
“Estos grupos, que se oponen a todo, dicen que la delegación del puerto ha significado que la Autoridad Portuaria de Manta pierda y eso es absolutamente falso porque no tiene nada que ver la operación internacional con la pesquera, que está en manos del Estado”, indica Salazar.
Agunsa hizo una inversión de USD 177 millones en un plazo de 40 años en dos fases, con el compromiso de modernizar el puerto, mejorar la infraestructura y establecer nuevas inversiones.
La operación de la TPM, según su directivo, ha generado regalías para el Estado e inversiones en el Puerto de Manta por más de USD 45 millones en cuatro años.
Salazar prevé cerrar 2022 con una inversión de USD 50 millones, lo que es casi el 40% de los USD 66 millones calculados para la primera fase.
“Solo en regalías hablamos de USD 5,5 millones desde el 1 de marzo de 2017 hasta la fecha. La distribución de estos recursos la determina el Estado”, cuenta Salazar, quien agrega que la empresa ha pasado de 86 colaboradores a 150, de los cuales el 95% es manabita.
En empleos indirectos, la Terminal Portuaria cuenta con más de 300 operadores de servicios certificados y más de 200 compañías de transporte.
La historia del contrato
El primer intento de concesión del puerto ocurrió entre 2007 y 2009, con la participación de la empresa Hutchinson Ports, a través de la subsidiaria local Terminales Internacionales del Ecuador.
Pese a que este proyecto implicaba una inversión de USD 55 millones como aporte inicial del Estado ecuatoriano, el proyecto no fue exitoso porque “contenía propuestas de imposible cumplimiento”, según TPM.
En 2009, una empresa china se hizo cargo del puerto por dos años con una inversión de USD 526 millones y un aporte estatal de USD 53 millones, pero el contrato no prosperó.
En 2016, la empresa china Beijing West Asia & North Africa Investment se mostró interesada en participar en el concurso público para la concesión del puerto con una inversión de USD 1.500 millones anuales, durante 10 años. Tampoco se concretó.
El grupo chileno Agunsa, especializada en logística, se adjudicó el proyecto para administración portuaria en Manta en 2016, luego de que el Estado revisó la propuesta y le dio el aval técnico, económico y jurídico para incluirla en el concurso público.
“En pleno proceso, el terremoto de 7,8 grados que afectó a Manabí y Esmeraldas, particularmente a las instalaciones portuarias, terminó por desmotivar a los posibles interesados en la delegación del puerto”, recuerda Salazar.
Pese a ello, indica Salazar, Agunsa continuó en el proceso ante las posibles modificaciones a los pliegos por parte del gobierno de Rafael Correa, considerando las condiciones en las que quedó el puerto luego del terremoto.
Agrega que las instalaciones portuarias estaban deterioradas cuando las recibieron el 1 de marzo de 2017.
La empresa hizo trabajos de pilotaje, ya que los muelles perdieron su capacidad por el terremoto, la vía principal estaba en malas condiciones y no había equipamiento portuario. Además, el puerto de Manta no se había dragado en más de 20 años.
“Había que invertir más y hacerlo inmediatamente, hasta el día de hoy, el puerto pesquero, que sigue administrado por la Autoridad Portuaria de Manta, es decir por el Estado, no ha podido reconstruir más de 200 metros de muelle que se perdieron”, dice Salazar.
De 2016 a 2019, Agunsa reconstruyó el acceso a los muelles e importó maquinaria valorada en USD 15 millones para optimizar el manejo de carga.
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