Tráfico de aletas podría amenazar la actividad pesquera ecuatoriana

La falta de control a la pesca ilegal en Ecuador fue una de las razones para que la Unión Europea emitiera una tarjeta amarilla hace ocho meses.

El descubrimiento de un cargamento de aletas de tiburón en Hong Kong, provenientes de Ecuador, entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2020, preocupa al sector pesquero y acuícola, que representa el 38% de las exportaciones no petroleras del país.

“Ecuador no puede permitir que su prestigio en productos del mar quede manchado”, dice en entrevista con PRIMICIAS, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.

Por el momento la noticia de la incautación de los dos cargamentos de aletas de tiburón ha golpeado la imagen sector pesquero, que teme que esto se traduzca en reacciones de los mercados internacionales, como ocurrió en 2019 con la tarjeta amarilla de la Unió Europea (UE).

Los involucrados deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Además, hay que determinar si las aletas encontradas en Hong Kong corresponden a la lista de especies en peligro de extensión porque se trataría de un delito penal.
Bruno Leone, Cámara Nacional de Pesquería.

Desde 1993, en Ecuador la pesca de tiburón y el aleteo, práctica que consistente en cortar la aleta al tiburón y devolver el animal al agua para que muera, están prohibidos, aunque existe una excepción.

En 2007, el expresidente Rafael Correa suscribió el Decreto 486 que permite su comercialización siempre que los animales hayan sido capturados de forma “incidental”.

La pesca considerada incidental es aquella en la que se capturan especies que no están entre los objetivos de las flotas. Las capturas incidentales representan un porcentaje que varía en función de la técnica utilizada: desde el 2% en el caso de la pesca de cerco, hasta el 20% en el caso de la pesca de palangre artesanal.

Si bien la pesca de tiburones está prohibida, la demanda de Asia estimula su comercio ilícito, ya que las aletas de tiburón secas -usadas para preparar sopa- pueden ser vendidas en ese mercado por hasta USD 700 el kilo, según la Fundación Insight Crime. Mientras que la misma cantidad de atún, sin procesar, llega a costar USD 1,10.

Para evitar que la pesca incidental sea motivo de prácticas ilegales, David Jacoby, investigador de la Sociedad Zoológica de Londres dijo, en una entrevista con National Geographic, que la solución al problema “es la prohibición general de la comercialización de aletas de tiburón”.

Pero, Leone no ve muy viable a esa alternativa porque la pesca es silvestre, es decir que no se puede controlar el 100% de los animales que se atrapa.

“Si se prohíbe la comercialización de esos animales significaría que se los debe enterrar o quemar, en lugar de aprovechar su carne que, por ejemplo, tiene demanda en la región Sierra del país”, dice Leone.

El dirigente dice que para que esa excepción no fomente la pesca ilegal se necesita un trabajo articulado con las autoridades.

En ese sentido, las empresas del sector pesquero han asumido su papel en el problema del comercio ilegal, por lo que están trabajando en:

Certificaciones internacionales de sostenibilidad, como la Marine Stewardship Council (MSC).
Trazabilidad del producto.
Demanda de regulaciones para la importación de materia prima, para evitar que provenga de pesca ilegal.

El último punto responde a que el 50% de la materia prima del sector pesquero proviene de otros océanos. Esto se debe a que la flota de bandera, es decir 113 embarcaciones ecuatorianas, capturan anualmente cerca de 250.000 toneladas, pero la industria procesa más de 500.000 toneladas.

Un sector con tarjeta amarilla

Hace ocho meses el sector pesquero se enfrentó a una alerta que podía perjudicar su negocio. El 30 de octubre de 2019, la Comisión de la Unión Europea (UE) emitió una tarjeta amarilla para los enlatados de pescado ecuatorianos.

Es decir que Ecuador podía caer en la categoría de “país no cooperante” contra la pesca ilegal, lo que lleva al bloqueo de sus exportaciones.

La medida se debió a que “la normativa pesquera, que databa de hace 30 años, no cumplía estándares internacionales que garantizan que el producto no proviene de pesca ilegal”, explicóMarianne Van Steen, embajadora de la UE en Ecuador.

Ante el llamado de atención, que podía perjudicar al 62% de las exportaciones de atún nacional que tienen como destino la UE, se emitió la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, el 21 de abril de 2020.

La norma, considerada más estrictas, contempla sanciones como el cobro de 1.500 salarios básicos unificados a quienes capturen productos en zonas prohibidas.

El plan del Gobierno

El 1 de junio de 2020, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca anunció una serie de acciones para evitar prácticas ilegales como el aleteo.

Las medidas son:

Prohibición de la comercialización de cinco especies de tiburón.
Conformación de un comité científico asesor.
Plan piloto para insertar luces led y dispositivos tecnológicos en las redes y líneas de pesca de la flota ecuatoriana. Esos dispositivos sirven para ahuyentar tiburones y rayas.
Conformación de un fondo de compensación, con el sector privado y organizaciones, para los pescadores artesanales que demuestren que liberan tiburones.
Contratación de 75 nuevos inspectores de pesca.
Implementación de un sistema de trazabilidad o ‘blockchain’.

Las acciones son parte del proyecto de inversión pesquera, aprobado en febrero de 2020, para el cual el Gobierno destinará USD 26 millones.

Además, “se desarrollarán estrategias regionales para la conservación de tiburones con Colombia, Perú y Costa Rica”, dijo el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens.

Este es un punto importante, según Guillermo Morán Velásquez, gerente del Tuna Conservation Group (Tunacons), porque “el problema de la comercialización ilegal de tiburones no es solo de Ecuador, sino que debe ser abordado en foros regionales”.

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