Cuatro de diez alumnos deben las pensiones de sus colegios en la Costa

Economía

Autor:

Mario Naranjo

Actualizada:

5 Mar 2021 - 0:05

Un menor de edad en una clase virtual en Guayaquil, el 1 de junio de 2020. - Foto: API

Cuatro de diez alumnos deben las pensiones de sus colegios en la Costa

Autor:

Mario Naranjo

Actualizada:

5 Mar 2021 - 0:05

A pocos días de finalizar el año escolar, los establecimientos particulares costeños tienen problemas para cobrar una cartera vencida de pensiones que supera el 40%.

De cada 10 alumnos que estudian en los colegios particulares de la Costa cuatro tienen deudas relacionadas con el pago de las pensiones.

Esto según Fedepal, Corpeducar y Confedec, federaciones que agrupan a los establecimientos privados del ciclo Costa, entre ellos los de las provincias de Guayas, El Oro y Manabí.

Dar un monto global de la deuda es casi imposible, debido a que cada colegio tiene su rango de pensión y su realidad.

Este porcentaje de moratoria pone en duda la continuación de la asistencia de los estudiantes a esos colegios para el próximo año lectivo. Por ley el 80% de los egresos de un colegio se destina al pago de salarios de maestros y otros funcionarios.

Las cifras de los educadores privados revelan que cerca de 400.000 estudiantes, de un total de 1.015.000 que se matriculó en el régimen Costa, para el año lectivo 2020-2021, deben una o más colegiaturas.

Por eso es que en la mayoría de planteles se ha acogido a los planes de crédito que se ofrecieron al sector productivo por la pandemia. Muchos optaron por comprometer su patrimonio para cubrir las obligaciones.

Mientras que otras 20 instituciones educativas cerraron, entre ellas, la emblemática Santa Luisa de Marillac, regentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

“Una buena educación demanda recursos, por lo tanto, el incremento de la morosidad en los planteles, sin que medie ninguna acción de protección al establecimiento, hace que el Estado discrimine a la educación particular”, según un comunicado de las tres federaciones de establecimientos educativos privados.

Migran a escuelas públicas

La situación se complica cuando las leyes fomentan la moratoria y hacen imposible el cobro del dinero. La Ley Humanitaria, por ejemplo, facultaba a los padres a no pagar las pensiones hasta por seis meses.

Luego de esto, el Estado garantizaba un cupo en el sistema público. Según el Ministerio de Educación, solo en este año lectivo en la Costa unos 121.300 estudiantes pasaron de la educación privada a la pública.

Pero la Ley no hablaba de mecanismos para recuperar la deuda, simplemente proponía mediar entre padres y establecimientos para llegar a acuerdos.

“Se ha fomentado una cultura del incumplimiento“, dice Arturo Tello, vicepresidente de Fedepal, que agrupa a 180 establecimientos educativos privados.

La Ley Humanitaria también disponía rebajas de “hasta el 25%” en las pensiones de los estudiantes, cuyos padres perdieron el trabajo o vieron sus ingresos disminuidos por la pandemia.

“Aplicamos descuentos y rebajas en cada caso, de acuerdo con la realidad de las familias y de las instituciones”.

Arturo Tello, Fedepal

Los problemas de la educación privada no nacieron con la pandemia. El confinamiento solamente agravó lo que ya se presentaba desde antes, cuando el gobierno congeló las pensiones en 2019.

Por ley, es el Ministerio de Educación el que fija el valor de las pensiones con base en la documentación que presentan los establecimientos educativos, en los gastos que proyectaban para sueldos, equipamiento, mantenimiento e innovación.

Un rastro de deudas

En 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, fue reformada la Ley de Educación y, para aplicarla, se hizo un reglamento que puso contra las cuerdas a los establecimientos educativos.

Según el artículo 140, se prohíbe a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales “conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales”.

Es decir que, pese a no cobrar por un servicio, nadie puede dejar de brindarlo.

Esto ha hecho que muchos alumnos terminen el bachillerato luego de estudiar en tres o más colegios. En su camino, han dejado deudas en los establecimientos por los que pasaron.

Por su parte, los colegios, al carecer de un mecanismo legal que les permita cobrar deudas, optan por apelar a la sensibilidad de los padres para lograr convenios de pago.

Otro camino es la remisión y un tercero es ver crecer su cartera vencida.

“Esto es algo que no sucede en ningún otro tipo de actividad económica“, reclama Tello.

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