Un informe Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de Niños, Adolescentes y Adultos Mayores (CNII) advierte sobre la falta de rehabilitación y seguimiento para estos jóvenes.
En Ecuador hay 368 adolescentes, desde los 13 años, que cumplen una condena por diferentes delitos, muchos de ellos muy graves.
De ellos, 175 lo hacen en los nueve centros de internamiento que hay en el país y que son administrados por el Servicio Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Los otros 193 cumplen su sentencia con medidas sustitutivas, como prisión en casa, obligatoriedad de asistir a clases y recibir charlas.
Eso significa que el 48% de los adolescentes procesados están internados. Se trata de una diferencia importante respecto a 2021, cuando solo el 19% cumplía sentencia en prisión.
Además, 14 jóvenes han sido procesados por extorsión, secuestro y secuestro extorsivo. Son delitos que no se habían registrado antes en adolescentes.
El 45% de los adolescentes son procesados por violación. En 2021, este mismo delito representó el 55% de la población juvenil recluida.
Pero otros crímenes como asesinato, intento de asesinato, homicidio, tentativa de homicidio y robo con resultado de muerte se incrementaron en un 20% respecto al año anterior.
Estas cifras reflejan la violencia que vive el país, sobre todo en Guayaquil. Esta ciudad registra más de 1.300 muertes violentas y un aumento de las extorsiones y secuestros.
El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de Niños, Adolescentes y Adultos Mayores (CNII) levanta información sobre los jóvenes infractores que se publicará en un informe en enero próximo.
Entre los resultados se encontró “que la mayoría de la infraestructura está deteriorada, falta personal en los centros de atención“, explica Rina Capelo de la Unidad de Observancia del CNII.
Este es uno de los principales problemas que impide la reinserción social de los jóvenes. Por ejemplo, “la falta de seguimiento cuando salen los adolescentes con medidas sustitutivas no se llega a cumplir por la falta de personal capacitado”, dice Capelo.
Así ocurrió con, Christian D., de 16 años y presunto asesino del fiscal Édgar Escobar.
Cristhian salió del centro de privación de libertad de Guayaquil tres meses antes del crimen de Escobar. Fue gracias a una jueza que le cambió el internamiento por medidas preventivas, pero un mes después se le perdió el rastro.
Además, añade Capelo, “se requieren talleres para vincular a los jóvenes con actividades que les permitan reinsertarse en los procesos socioeducativos”.
Por ello el informe observa también al Ministerio de Educación y al de Salud para que brinden atención médica y psicológica permanente.
El documento hace recomendaciones a todas las instituciones involucradas en la rehabilitación y de los jóvenes, pero especifica que la competencia es del SNAI.
Los adolescentes corresponden al 11,4% de la población ecuatoriana. Ellos enfrentan situaciones complejas por la inseguridad, pobreza y abandono.
“Hay una alta deserción escolar, sufren las consecuencias de la pobreza, abandono, violencia, la desorganización familiar, falta de oportunidades y fácil acceso a drogas”, advierte Capelo.
Además, para la población juvenil no existen programas estatales. “No tener espacio para la cultura y a la recreación, incide en la realidad de los adolescentes”, añade.
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