En Ecuador existen 392 adolescentes, de entre 12 y 18 años, que cumplen medidas preventivas por 16 distintos delitos. El 55% es por violación, según el SNAI.
Las cámaras de seguridad de locales comerciales en Ecuador han registrado un sinnúmero de robos, en los que niños y adolescentes son usados para cometerlos.
Otros menores de edad constan en los partes policiales de operativos por narcotráfico.
Sin embargo, lejos de las cámaras, la mayoría de adolescentes que han sido procesados judicialmente está involucrada en delitos de violación y abuso sexual.
Según el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas a la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), 392 menores, de entre 12 y 18 años, cumplen medidas privativas por 16 diferentes delitos.
El 55% de los adolescentes está procesado por violación, es decir 217. Otros nueve por abuso sexual, dos por femicidio y uno por violación con muerte.
“Eso quiere decir que 5 de cada 10 adolescentes infractores está por violación, que es la última escalada de la violencia sexual. Eso significa que vivimos en una sociedad que se está educando en la cultura de la violación”, dice Geraldine Guerra, vocera de la Red de Casas de Acogida.
"Me parecen espeluznantes esas cifras, es lo que venimos advirtiendo desde hace años".
Geraldine Guerra.
Para Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, esto tiene “un telón de fondo donde estos hechos ocurren, es decir, problemas estructurales provocados por la precariedad económica donde viven estos adolescentes”.
Por ejemplo, condiciones de pobreza que obligan a vivir a las personas en hacinamiento, “que hacen que los delitos sexuales sean proclives”, añade Navarrete.
“Es un rango de edad en la que debe ser considerada su etapa de formación, de criterios, en ese sentido, todos, incluso los que se señalan culpables, deben ser considerados como víctimas”, dice Navarrete.
También denuncia que desde hace 10 años el sistema penitenciario no permite a organismos de derechos humanos de la sociedad civil dar seguimiento a lo que ocurre al interior de las cárceles, ni hacer propuestas o colaborar.
"La violencia sexual contra las niñas es uno de los problemas más serios que tenemos como sociedad".
Billy Navarrete.
Según el SNAI, de los 398 jóvenes infractores, 372 son hombres y 20 mujeres. De ellos, 318 cuentan con medidas socio-educativas de régimen institucional, fines de semana y semi-abierto y 74 tienen un internamiento preventivo, que es la medida cautelar.
¿Cómo debería ser la rehabilitación para los jóvenes procesados por violación, abuso sexual o femicidio en un sistema carcelario que lleva años en emergencia y que es un caldo de cultivo de violencia?
“No se debe hablar de rehabilitación, sino de reinserción, de recuperación y acompañamiento para sanar un proyecto de vida que ha sido truncado a corta edad”, dice Guerra.
Además de un trabajo permanente donde se “ataquen esos patrones culturales que hacen ver al otro como el objeto para el disfrute, eso en el lado del poder masculino, porque hay un aspecto educativo indispensable a trabajar”, dice Navarrete.
“¿Cuáles son las medidas socioeducativas? Es bueno escuchar una charla, ver un video, pero ¿qué pasa cuando regreso al barrio donde he cometido una agresión sexual?”, cuestiona Navarrete.
Por eso, los expertos insisten en que la reinserción de los menores de edad debe ir acompañada de medidas socioeducativas que permitan resolver estos conflictos.
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