Pese a la crisis que vive el sistema penitenciario, el control al uso de fondos públicos y a la gestión de este sector no ha sido una prioridad para la Contraloría.
El sistema de rehabilitación social ecuatoriano vive su peor crisis de la historia. Las masacres al interior de los presidios son constantes y ya suman más de 400 internos muertos por enfrentamientos entre bandas.
Si bien el principal problema de la prisiones es la seguridad y la influencia de las bandas criminales, la situación tiene un componente: la gestión gubernamental para administrar el sistema no ha sido eficiente.
En febrero de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno creó el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Esta es una institución, con rango de ministerio, que se encarga de las prisiones.
Pero su creación tampoco ha sido la solución a los problemas. Desde que surgió el SNAI, el sistema de rehabilitación social ha manejado un presupuesto de USD 18,6 millones. De los cuales ha devengado solo un 13,5%.
Sin embargo, la eficiencia y transparencia en el manejo de esos fondos públicos no ha sido certificada en su totalidad por la Contraloría General del Estado (CGE).
Otras prioridades
Según los registros de la propia Contraloría, desde que se creó el SNAI, se han aprobado 110 exámenes de auditoría de diferentes tipos en el sector de seguridad y justicia del Estado.
La mayoría corresponde a fondos asignados al Consejo de la Judicatura, los ministerios de Defensa y Gobierno y la Policía Nacional.
Sobre el SNAI, en cambio, solo se han aprobado tres exámenes. El último fue en mayo de 2020. Y ninguno aborda directamente fondos y problemas ligados a la crisis.
Un examen para 2022
A finales de 2021, la Comisión de Seguridad de la Asamblea aprobó un informe sobre la situación carcelaria.
Entre sus recomendaciones, los legisladores establecieron tres pedidos a la Contraloría:
- Realizar una auditoría de gestión a las autoridades cuyas responsabilidades se han identificado en el informe, sobre todo, los exministros.
- Exámenes especiales a los procesos de contratación ejecutados por el Ministerio de Justicia y el SNAI, durante las declaratorias de estado de emergencia por la situación penitenciaria, desde 2016.
- Auditoría al Sistema de Gestión Penitenciaria y evaluar su funcionalidad.
PRIMICIAS revisó las órdenes de trabajo para nuevos exámenes que la Contraloría ha girado y que están pendientes, pero no existe ninguna relacionada con el SNAI.
La Contraloría informó que está previsto un examen especial a esa entidad. La auditoría empezará el 1 de febrero de 2022 y analizará aciones de junio de 2010 a diciembre de 2021.
Específicamente, se auditará las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos a través de tres contratos, ejecutados en la emergencia de mayo de 2019. También se revisarán otros cinco contratos adicionales.
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