Esta es la primera auditoría realizada por el organismo de control al sistema carcelario desde 2019, cuando inició la crisis penitenciaria.
Desde mediados de 2019, el sistema carcelario ecuatoriano vive la peor crisis de su historia. Los enfrentamientos entre bandas narcodelictivas ya dejan cerca de 500 presos asesinados.
En los más de dos años de crisis, los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso han tomado varias decisiones para buscar una solución. La más común ha sido la dotación de recursos para contrataciones de emergencia.
Según el Sistema de Compras Públicas (Sercop), en este tiempo, el Servicio de Personas Privadas de Libertad (SNAI) se ha declarado ocho veces en emergencia. Este mecanismo permite hacer contrataciones de manera más rápida y directa.
A través de estas declaratorias, la entidad ha firmado 23 contratos y ha gastado un total de USD 12,2 millones.
Desde la creación del SNAI, en febrero de 2019 y tras las múltiples declaratoria de emergencia, la Contraloría no había auditado ninguno de esos contratos. Recién en agosto de 2022, el organismo de control aprobó el primer examen.
Primera auditoría a la emergencia
El 8 de agosto de 2022, la Contraloría aprobó el informe DNA1-0081-2022. La auditoría analiza tres contratos firmados durante la primera emergencia, en mayo de 2019. Es decir, todavía hay 20 procesos sin examen.
Además, en la auditoría se incluyen otros cinco contratos de régimen normal suscritos entre 2019 y 2021.
Los procesos auditados representan un monto de contratación de USD 1,9 millones. La Contraloría encontró cuatro irregularidades.
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Materiales fantasmas
El 2 de abril de 2020, el SNAI firmó el contrato 007-2019 con la empresa Esersum por USD 132.033. La entidad debía entregar materiales de ferretería para reparación en las prisiones del país.
Los auditores de la Contraloría encontraron que 201 ítems no fueron entregados a los custodios de las cárceles. Ya que no se suscribieron las respectivas actas de recepción.
Por eso no se pudo comprobar que estos artículos, finalmente, fueron utilizados. Los materiales perdidos suman USD 128.906,62. Es decir, el 97% del total del contrato.
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Registros desactualizados
En la Cárcel de El Inca, en el norte de Quito, la Contraloría evidenció un mal manejo del inventario.
Según el examen, en esa prisión no se registraron los traspasos de las radios digitales que se utilizan en el centro para el control de seguridad. Tampoco se codificaron ni etiquetaron los equipos.
Por estas razones, ahora, no se sabe la ubicación real de estos equipos.
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Esposas sin respaldo
Durante la primera emergencia carcelaria, en mayo de 2019, el SNAI pagó USD 508.718 a la empresa Reindustrial por pertrechos para los agentes de seguridad penitenciaria.
El contrato fue adjudicado pese a que la compañía no presentó en su oferta la documentación que permita comprobar el cumplimiento del estándar de calidad en las esposas metálicas.
Sin embargo, según constató la Contraloría, finalmente, la empresa no entregó las esposas deficientes, sino unas de la marca Smith & Wesson que sí cumplían el estándar.
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Documentación incompleta
En 2020, el SNAI contrató el mantenimiento para sus vehículos por USD 205.357,14. Sin embargo, el proceso contractual se hizo con documentos incompletos.
Por ejemplo, los estudios no contenían la metodología de cálculo del presupuesto referencial, no se definieron los valores correspondientes a repuestos y lubricantes.
Además, durante el ejercicio contable del contrato, se registraron los pagos en la cuenta Vehículos, aunque no se consideraron los repuestos y otros insumos. Esto ocasionó que no haya control de inventario.
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