Decreto ejecutivo necesita ajustes para indultar a contraventores, admite SNAI

En Exclusiva

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

10 Dic 2021 - 0:03

Alexandra Mantilla, directora de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones del SNAI, durante una entrevista radial el 8 de diciembre de 2021. - Foto: @SNAI_Ec

Decreto ejecutivo necesita ajustes para indultar a contraventores, admite SNAI

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

10 Dic 2021 - 0:03

Alexandra Mantilla, directora de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones del SNAI, conversó con PRIMICIAS sobre el proceso de reducción del hacinamiento en las cárceles del país.

Una de las causas principales de la crisis del sistema de rehabilitación social que vive Ecuador es la sobrepoblación carcelaria.

El Gobierno busca reducir el número de detenidos con iniciativas que buscan descongestionar el sistema. Entre estas están los indultos presidenciales, los cambios de régimen para las penas y las repatriaciones de presos extranjeros.

Este es el estado actual de este proceso, según la directora de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Indultos presidenciales

El presidente Guillermo Lasso firmó dos decretos sobre indultos generalizados. ¿Cuál será el procedimiento para elegir a los beneficiarios?

Con referencia al decreto presidencial 265, que habla sobre las personas que tengan enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB.-VIH, ya se inició el procedimiento.

¿En qué consiste este procedimiento?

Se trata de pasar filtros en las dos instituciones que estamos encargadas del procedimiento. En este caso, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Una vez que recabamos la información que nos es enviada por los centros de privación de libertad, pasa un filtro jurídico con nosotros (SNAI) para determinar que se cumpla con lo que el mismo decreto del señor presidente Guillermo Lasso establece.

¿Cuáles son estos requisitos?

Deben tener sentencia ejecutoriada, no tener causas pendientes y, además de eso, no estar inmersos en los delitos que son parte del artículo número cuatro del mismo decreto presidencial.

Estos delitos que los podemos llamar mayores, como violaciones, asesinatos. Los delitos contra la vida, contra la integridad sexual delitos y contra el Estado. 

¿Qué pasa si hay una persona condenada por corrupción, pero que tiene una de estas enfermedades?

Es un catálogo de delitos que no entran y, por tanto, si bien muchas personas nos han dicho: está enfermo. Al tener una sentencia de este tipo de delito, que está dentro de las exclusiones, evidentemente no pueden ingresar al beneficio.

El segundo filtro está en manos del Ministerio de Salud, quiénes son los encargados de emitir el certificado dando fe de la enfermedad que tuviere la persona privada de libertad.

Ya se habla de corrupción y venta de certificados…

Precisamente, para evitar esta locura y que se vean inmersos los familiares en su desesperación de querer sobornar o comprar un certificado falso, el sistema del Ministerio de Salud Pública es mucho más estricto y tiene lineamientos muy concretos que se van a seguir.

Nos ha quedado claro es que no porque alguien aparezca con un certificado de ayer a hoy, que tiene enfermedad, eso se va a dar por aceptado. Se va a exigir que exista un diagnóstico previo para las enfermedades antes mencionadas.

¿Cuánto tiempo podría tomar pasar estos dos filtros y en qué estado está el proceso en este momento?

En esta primera instancia, ya existe un primer grupo. No puedo dar un numérico porque estamos en esta fase de filtrajes y mientras no se hagan todos los filtros sería una irresponsabilidad dar un número, que lejos de ayudar podría generar falsas expectativas. 

Técnicamente, estamos nosotros haciendo los filtros y ayer (7 de diciembre) ya se le ha pasado un primer listado al Ministerio de Salud, mismo que hará el segundo filtro. Esperamos que este primer grupo esté listo para, a más tardar, la próxima semana. 

¿Cuál es el proceso para el otro decreto, sobre contraventores?

Tenemos que ser claros, el decreto de 264 del señor Presidente nos habla de los contraventores que estén inmersos en el artículo 383 del COIP, que habla sobre la conducción con llantas en mal estado o el haber estado manejando sin licencia y el artículo 386 del Código, que nos habla sobre las contravenciones de primera clase.

¿Cuántos sentenciados hay por estas infracciones?

Tengo que ser muy honesta, al momento la mayoría de nuestros contraventores están por el artículo 385, que es manejar en estado de ebriedad. Entonces, básicamente, no ha sido posible trabajar sobre ese decreto porque la realidad que tenemos es otra muy distinta a lo que el decreto nos menciona.

¿Qué pasará con ese decreto, entonces?

Desde el primer día que se hizo el análisis y se trabajó en territorio, inmediatamente se alertó sobre lo que estaba sucediendo con respecto a ese decreto y hasta donde yo sé está ya en conocimiento del Presidente de la República y asumo que estarán tomando decisiones sobre ese decreto en próximos días.

¿Qué ocurriría si uno de los candidatos a estos indultos es identificado como parte de las bandas que operan en las cárceles? ¿Califica para el indulto?

No, porque están los delitos especificados de exclusión, que es delincuencia organizada, asociación ilícita y en la sentencia de cada uno de estos ciudadanos está especificado el delito por el que está sentenciado. 

Cambios de régimen y prelibertades

Cuando se desató esta última parte de la crisis de carcelaria,  el presidente Lasso anunció que se daría agilidad a los trámites de régimen semiabierto o prelibertad. ¿Cuántos trámites están listos?

En realidad se ha dado mucho despacho a las solicitudes, estamos sobre los 1.300 expedientes que se han enviado para las diferentes unidades judiciales y producto de ello es que estamos viendo, poco a poco, que el hacinamiento está bajando. 

¿Cómo están las cifras de hacinamiento?

El sistema (penitenciario) se recibió, para el 25 de agosto de 2021, con 38.717 personas privadas de la libertad y un 28.33% de nivel de hacinamiento. Con corte 24 de noviembre, tenemos un hacinamiento del 21.31% y 36.599 personas privadas de la libertad.

Tenemos una capacidad instalada de 30.169, es decir que, estamos con más o menos 6.000 personas de más.

¿Cuál es el procedimiento para que un privado de la libertad acceda a estos beneficios?

Primero, cumplir con el tiempo, que eso es fundamental. Ahora también es importante entender que estamos hablando de dos tipos de concesiones en lo que es beneficios.

La una es la prelibertad, que eso se concede bajo el esquema del Código Penal anterior, con el 40% de la pena cumplida y la otra es con el régimen semiabierto, que es con el COIP, que es con el 60% de la pena cumplida.

Hay quejas de familiares de detenidos que dicen que sus trámites llevan hasta un año y no concluyen…

Yo puedo dar fe, yo soy la directora de esta unidad, al momento no tenemos represado absolutamente nada de carpetas de años anteriores ni de meses anteriores. Ya estamos trabajando sobre la base de noviembre y diciembre, es decir, estamos prácticamente al día. 

¿Por qué las demoras, entonces?

Uno de los requisitos es que la persona privada de la libertad no debe tener causas pendientes, que todas sus sentencias ya deben estar ejecutoriadas.

Lo que qué pasa es que las personas envían su carpeta porque dicen: yo ya tengo mi derecho. Pero hemos tenido casos de personas no con una, sino hasta con 14 causas pendientes. ¿Cómo podemos pensar que se le va a otorgar un beneficio cuando aún hay causas pendientes por sanear?

¿Qué ha pasado con la Función Judicial? Se dijo que solo había 14 jueces en todo el país dedicados a estas causas.

Quizá ese es uno de los resultados más evidentes que se ha dado es este trabajo mancomunado e integrado entre las instituciones de todo el aparataje estatal de justicia.

La Función Judicial se pronunció hace ya casi dos meses para extender las competencias de garantías penitenciarias a los señores jueces penales, de las salas de violencia intrafamiliar, entre otros. Eso nos ha ayudado mucho.

Repatriaciones

¿Qué pasa con las repatriaciones, que fue otra de las ofertas al inicio de esta crisis carcelaria?

Como ya lo anunció el Presidente, ya hay 170 personas que posiblemente serán repatriadas a Colombia.  Lo estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos. A la par, no se ha descuidado los otros países.

¿Con cuáles países se ha adelantado gestiones?

Ahora mismo estamos en pleno proceso para repatriar ciudadanos de México. Estamos en conversaciones con Austria, con Hungría, con Alemania, con Estados Unidos. Hemos tenido reuniones con los representantes diplomáticos.

Y también ayer (7 de diciembre de 2021) hemos podido reunirnos con autoridades venezolanas, con quienes se ha visto toda la predisposición para una eventual repatriación hacia ese país.

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