En 2021 la llegada de remesas a Ecuador rompió récords históricos dos trimestres consecutivos. Aunque ese dinero ayuda a la economía de los cantones del Austro, una parte alimenta a mafias de traficantes de personas y de prestamistas informales.
Según datos del Banco Central, entre enero y septiembre de 2021, Ecuador recibió remesas por USD 3.152 millones, superando en un 34% los USD 2.351 millones recibidos en el mismo periodo de 2020.
El Banco Central atribuye el aumento a la recuperación económica de Estados Unidos, España e Italia, los principales destinos de los emigrantes ecuatorianos. La cifra podría superar los USD 3.305 millones si la economía mundial no se deprime.
Ese incremento de remesas se nota de manera particular en Azuay y Cañar, donde los montos recibidos superan con facilidad los presupuestos que manejan los gobiernos locales.
Déleg, un pequeño cantón de Cañar con 6.700 habitantes, recibió USD 14 millones entre enero y septiembre de 2021, el triple del presupuesto municipal estimado en USD 5 millones.
Este cantón tiene un ingreso per cápita por remesas de USD 1.820 al año, el más alto del país.
Eso se nota en sus calles, pues a diferencia de otros pequeños poblados de la Sierra, allí la actividad es intensa, están llenas de pequeños comercios, cooperativas de ahorro y crédito, agencias de envío de dinero y casas patrimoniales bien conservadas.
En la vía que conduce a la cabecera cantonal es común ver viviendas en construcción y grandes edificaciones terminadas que desentonan con el entorno rural.
“En cantones como Déleg las remesas de los migrantes sostienen la economía”, dice el director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, Luis Tobar.
“Esos recursos sirven para la alimentación, educación de los hijos de los migrantes en planteles privados y para la construcción de viviendas”.
Vista general de la cabecera cantonal de Déleg, en la provincia de Cañar. Jackeline Beltrán
Algo similar, ocurre en parroquias rurales de Cuenca como Checa, Chiquintad o Ricaurte, que son las localidades de donde sale gran parte de quienes emigran hacia Estados Unidos.
Hasta septiembre de 2021, Cuenca recibió USD 500 millones por concepto de remesas, lo que equivale al doble del presupuesto del Municipio de esa ciudad.
Uno de los sectores que más crece con esas remesas es la construcción, explica Tobar.
Remesas y mafias
Las remesas también tienen un lado oscuro, empezando por el pago de las deudas que deben saldar los emigrantes con prestamistas y los traficantes de personas, que hicieron posible su viaje ilegal a Estados Unidos.
Una parte del dinero que envían los migrantes alimenta las economías de las mafias que operan en el Austro.
La Cancillería calcula que la migración ilegal generó uno USD 1.000 millones para las organizaciones delictivas en 2021.
Romeo Gárate, exfiscal del Cañar entre 2007 y 2016, recuerda que “el tráfico ilícito de migrantes es un delito que siempre está encadenado a otros”, como la usura, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, la estafa o el lavado de activos.
De hecho, una parte importante de esas remesas se destina a cubrir la deuda que el migrante adquirió para viajar. En el último año, los traficantes, o ‘coyotes’ cobraron entre USD 10.000 y USD 20.000 por cada persona que llevaron a Estados Unidos.
Y como los viajeros no suelen ser sujetos de crédito en el sistema formal, obtienen esos recursos a intereses desproporcionados a través de prestamistas particulares, o ‘chulqueros’, habitualmente referidos por los mismos coyotes.
Los migrantes envían grandes cantidades de dinero para pagar las deudas, dice Gárate.
Los ingresos de los primeros meses en Estados Unidos casi se destinan exclusivamente a eso, porque es común que hayan puesto como prenda sus casas o terrenos en Ecuador.
Delitos asociados
Un grupo de migrantes espera para pedir asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, en Yuma, Arizona, el 18 de febrero de 2022. Reuters
Los emigrantes también son blanco de captadores ilegales de dinero. Gárate recuerda que cuando fue fiscal provincial de Cañar, “el gran movimiento económico que generaban las remesas provocó la proliferación de pseudo-cooperativas de ahorro y crédito”.
El exfiscal relata que eran personas que abrían supuestas cooperativas de ahorro y crédito para captar el dinero, “obtuvimos unas 20 sentencias tras las denuncias recibidas”, asegura.
Las remesas familiares o giros internacionales también pueden ser un mecanismo para lavar el dinero, según la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas.
Por eso, las instituciones financieras y las agencias que reciben remesas deben cumplir protocolos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), para detectar posibles irregularidades.
Pero los posibles delitos de lavado de activos no se investigan directamente en Azuay y Cañar, porque en las fiscalías provinciales no hay una unidad específica para eso. Todos los expedientes fueron trasladados a Guayaquil y luego a Quito.
La UAFE fue consultada al respecto, pero asegura que no puede responder nada, porque sus investigaciones son reservadas.
A criterio de Gárate, en Ecuador falta mucho trabajo para investigar los posibles delitos que se generen en torno a la migración ilícita. Eso lo corroboran las cifras de la Fiscalía del Azuay.
Entre el 2017 y el 2021 solo hay un caso que ha sido judicializado por enriquecimiento privado no justificado, relacionado con el delito de tráfico ilícito de migrantes.
En marzo de 2018, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay sentenció a dos años de prisión a una pareja por el delito de usura, en el grado de autores. Además, contra una mujer se dictó un año de prisión como cómplice del delito.
La Fiscalía demostró que unas 200 personas del Austro del país fueron perjudicadas por este grupo que operaba desde el cantón azuayo de Gualaceo.
En el juicio, los perjudicados que acudieron como testigos aseguraron que hicieron préstamos con pagos de intereses hasta 10% mensual. Muchos de los perjudicados se endeudaron para migrar a Estados Unidos.
Este proceso dio pie a que la Fiscalía iniciara una investigación por lavado de activos en Azuay y Cañar por unos USD 19 millones. El líder de esta organización delictiva era propietario de una hostería, dos empresas de telecomunicaciones, un holding empresarial, entre otros negocios.
La audiencia de juicio de este caso está fijada para noviembre de 2022.
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