El SNAI prepara una compra de artefactos de vigilancia electrónica. Se espera corregir el déficit actual pues más del 80% de los 4.000 dispositivos adquiridos durante el correísmo están dañados.
Según el último reporte del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), de los 4.000 grilletes electrónicos con los que cuenta el país solo 560 están habilitados. El resto, el 86%, está dañado.
Estos dispositivos sirven para vigilar y controlar la ubicación exacta de las personas sentenciadas, en regímenes abierto, semiabierto o en programas de protección a víctimas y testigos.
La falta de grilletes agrava el problema del hacinamiento carcelario que, según los últimos datos, bordea el 15%.
¿La razón? Al no haber dispositivos disponibles, a los jueces se les dificulta dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, así como conceder beneficios penitenciarios como los cambios de regímenes. Y eso sigue alimentando la sobrepoblación en las prisiones.
Pablo Ramírez, director del SNAI, anunció que en las próximas semanas se presentará el proyecto Renacer. La principal meta de esta iniciativa es entregar 5.000 beneficios penitenciarios en un año.
Para esto se están conformando 25 equipos de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Pero, uno de los obstáculos que el SNAI debe sortear es el déficit de grilletes.
Según el Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, el país necesita 9.000 grilletes para funcionar de manera efectiva. Actualmente, hay 560 en funcionamiento y 3.440 con distintos problemas.
La idea es reparar la mayor cantidad de estos dispositivos y comprar 5.000 nuevos. El SNAI ya está elaborando los pliegos y Términos de Referencia para el nuevo proceso, que se realizará a través de una subasta inversa electrónica. El presupuesto referencial es de USD 4,1 millones.
No repetir los errores
En agosto 2016, el gobierno del expresidente Rafael Correa pagó USD 13,7 millones a la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) para la instalación de la plataforma de rastreo de los dispositivos y proveyó 4.000 grilletes.
Sin embargo, ese proceso estuvo plagado de irregularidades. Así lo detalló la Contraloría General del Estado (CGE) en el informe DNA1-0049-2018.
Entre otras cosas, la auditoría determinó que el proceso no tuvo estudios ni diseños completos que sirvieran de base para la compra. No se definieron los parámetros técnicos para la interoperabilidad entre los grilletes y el sistema del ECU-911 para su rastreo.
Por esta razón, Ramírez dijo que los técnicos del SNAI están revisando los términos de ese acuerdo. Así se pretende corregir los errores y evitar que las irregularidades que ya sucedieron en el primer contrato firmado por el correísmo.
La huella de Las Torres
El 3 de marzo de 2022, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está previsto el inicio del juicio por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Entre los acusados está el excontralor Pablo Celi.
Según la teoría de la Fiscalía, a través de esta estructura de corrupción, Celi gestionaba y cobraba sobornos a cambio del desvanecimiento de glosas a favor de empresas contratistas y funcionarios.
Luis Miño -funcionario de carrera de la Contraloría y que fue designado por Celi como subcontralor- declaró que por orden verbal directa de Celi firmó las resoluciones para desvanecer varias glosas.
El examen de Contraloría sobre los grilletes significó también la determinación de USD 9,5 millones en glosas a exfuncionarios del Ministerio de Justicia de la época.
Sin embargo, a finales de 2019, esa glosa se desvaneció. A través de la resolución 17923, las glosas se anularon argumentando que los sistemas de interoperabilidad están funcionando. El desvanecimiento lo firmó Luis Miño, cuatro meses antes de la detención de Celi y de su declaración en la Fiscalía.
Lo último