Fue apenas ayer a la madrugada, cuando los ecuatorianos nos despertamos con la noticia de que la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, había llevado a cabo (en persona) el allanamiento a la Función Judicial más grande que recuerde la historia de Ecuador luego del regreso a la Democracia.
El allanamiento tuvo su punto más alto de atención cuando se informó que Wilman Terán, el histriónico y no menos polémico presidente del Consejo de la Judicatura, fue detenido y llevado a la Unidad de Flagrancia, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada.
Junto a él, 29 detenidos más, entre jueces, funcionarios, exfuncionarios, fiscales, abogados… fueron puestos a órdenes de la Justicia.
Se entiende que por la magnitud de este golpe, que tiene implicaciones en la Función Judicial, en la política y en el crimen organizado, este tema recién empieza y estos presuntos delincuentes no dejarán de dar la batalla aprovechando la gran cantidad de recursos que tienen y el grado de influencia que pueden llegar a lograr con dinero, medios y actores de toda índole funcionales a su causa.
Podríamos prever entonces al menos 3 escenarios:
1. La guerra digital:
No sólo que esta arrancó con un extraño trino de un expresidente que anticipaba el operativo 12 o 14 horas antes, tratando (se entiende) de poner sobre aviso a los que serían allanados unas horas más tarde, sino que apenas sucedió empezaron los ataques hacia Salazar.
Y esto es sólo el principio, vendrán sin lugar a dudas (porque estamos acostumbrados hace años a ver esto) todo el arsenal digital que se pueda: granjas de bots, granjas de trolls, medios digitales funcionales a sus intereses, deepfakes, campañas de desprestigio y campañas sucias contra ella. Van a intentar calumniarle con toda la fuerza que la tecnología y el dinero hoy permiten
2. La guerra política
Si ya hemos estado viendo que la agenda del partido político que tiene el bloque más numeroso en la Asamblea es eminentemente política desde que arrancó este período, pues estos últimos días hemos presenciado una auténtica obsesión con llevar a juicio político a Diana Salazar a toda costa: intentando pisotear la Ley Orgánica de la Función Legislativa y todas las normas que rigen a estos procesos.
Esto, luego de ayer, se volverá una espiral imparable. Intentarán apurar el juicio, intentarán utilizar todas las armas a su para lograr los votos, la atacarán en cada foro, red social o reunión de vecinos donde se encuentren.
Será el objetivo a conseguir y no descansarán hasta lograrlo o hasta fracasar en el intento si el resto de las fuerzas democráticas lo impiden.
3. La guerra en la calle
Si pensamos (porque los que hacemos opinión pública no somos ni jueces ni fiscales para dictar sentencia alguna) que algunos de los procesos pueden terminar en condenas para estos presuntos malos funcionarios, pues al crimen organizado y a las bandas delincuenciales no les va a gustar absolutamente nada perder el poder que ya consiguieron en gran medida: el poder la de impunidad.
Y este escenario es muy preocupante porque en las calles estamos los ciudadanos comunes y corrientes que solo somos testigos desprotegidos de esta especie de guerra entre la ruta de la impunidad y la justicia.
Esperemos que todos estos escenarios desemboquen en la resolución en Derecho, en que sean las leyes y los operadores de justicia (a todo nivel) los que lleven a cabo procesos limpios y transparentes y que los ciudadanos por (posiblemente) última vez en este maltrecho país, podamos volver a creer en la Justicia y en las instituciones. Hay que recuperar la República.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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